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    El gobierno apuntará a ganar el centro en el referéndum contra la LUC y aspira a que la consulta popular sea lo antes posible

    Con la certeza de que el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) finalmente se concretará, el gobierno ya comienza a preparar la estrategia de defensa de su principal norma jurídica y prevé que el tema se dirima en un escenario parejo.

    Ante esa situación, en la Torre Ejecutiva interpretan que algunos factores serán claves en el desenlace de la consulta cívica. Uno de ellos es que, una vez más, será el centro del espectro político quien dirima la elección, por lo que la eventual campaña a desarrollarse deberá apuntar a ese tipo de público. En efecto, en el oficialismo interpretan que el Frente Amplio se ha corrido hacia la izquierda en su rol opositor, lo que puede facilitar el objetivo de la coalición gobernante.

    El director de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, dijo a Búsqueda que el corazón de la contienda electoral se jugará en un “segmento del electorado poco informado e identificado políticamente” que está “más bien apartado de la política”. No obstante, para el analista, el centro del electorado “también es un segmento en disputa”, donde “suelen intersectarse” frenteamplistas, simpatizantes de la coalición de gobierno y también otras personas que “no se identifican con ningún partido”.

    A su vez, en el gobierno también entienden que la LUC correrá menor riesgo cuanto más temprano sean las elecciones. Tanto en Torre Ejecutiva como entre legisladores de la coalición aspiran a que el referéndum se desarrolle lo antes posible, para así poder dar vuelta la página con el tema y avanzar en otros asuntos antes de que los tiempos electorales comiencen a complicar discusiones, algo que se prevé que ocurra a partir de 2023. “Cuanto antes pueda ser convocada la población para el referéndum, mejor”, ilustró un senador de la coalición.

    Según Porzecanski, el “humor general sobre la gestión del gobierno va a ser muy importante” en el referéndum, y si bien hasta ahora la administración que encabeza Luis Lacalle Pou ha tenido un alto nivel de respaldo, “no está claro qué va a pasar con la popularidad del gobierno en el futuro por el efecto de la pandemia”. Para el analista, en períodos normales, el apoyo a un gobierno suele describir una “parábola”, en donde su punto más bajo se encuentra durante el segundo y el tercer año de gestión, lo que podría hacer pensar que el referéndum no llegaría en el mejor momento para el oficialismo.

    Sin embargo, Porzecanski puntualizó que debido a la pandemia no se está “ante un período normal”. Por ejemplo, si la pandemia queda atrás y se empiezan a notar rápidos efectos de la reactivación económica, “la aprobación del gobierno puede mantenerse alta”, dijo, aunque advirtió que todavía “faltan pistas” para ver cómo puede evolucionar la popularidad de la administración de Lacalle Pou.

    En carrera

    Mientras tanto, la Corte Electoral desde el lunes 19 comenzó a realizar la revisión de las firmas. A la noche del miércoles ya se habían analizado 23.020, de las cuales alrededor de 17.895 se validaron, 1.040 se rechazaron (4,5%), y las 4.085 restantes se encuentran “en proceso”, lo que quiere decir que pasaron a una revisión. De este último grupo, casi el 80% de las firmas precisan ser cotejadas con los archivos originales de huellas dactilares de la Corte Electoral. Esto ocurre cuando las huellas escaneadas de las personas que posee la Corte no tienen buena calidad y por tanto no pueden ser corroboradas con las de las papeletas, por lo que se debe cotejar la adhesión con el archivo original en papel de cada huella, que posee la Corte.

    Para el conteo de firmas, el organismo ya pidió una extensión horaria de sus funcionarios, lo que permite trabajar 20 horas más por mes a cada uno de ellos. Según dijo el ministro Arturo Silvera a Búsqueda, a partir de fines de agosto, la Corte Electoral tendrá la posibilidad de intensificar aún más la tarea de sus funcionarios para acelerar el trabajo, debido a un ciclo de elecciones que comenzará el 29 de setiembre, con los comicios de autoridades de la Universidad de la República. A su vez, el 30 de octubre habrá elecciones de las asambleas técnico-docentes de la educación y de los consejeros sociales de la ANEP, y el 28 de noviembre de los representantes sociales del BPS.

    En períodos de hasta 30 días previos a las elecciones, la Corte Electoral pueden disponer de hasta 70 horas de extensión horaria para sus funcionarios.

    Formalmente, el organismo tiene un plazo de 150 días hábiles para expedirse, lo que se cumpliría en febrero. Luego de eso, tendrá que convocar al rederéndum en un plazo de 120 días de corrido.

    Campaña conjunta

    Conscientes de la aprobación que viene teniendo el gobierno, en el oficialismo aspiran a que el acto electoral se concrete entre marzo y abril. “Cuanto antes despejemos la incógnita, mejor”, dijo un diputado de la coalición. En la interna oficialista ya está planteada la posibilidad de coordinar fuerzas de forma conjunta de cara a la campaña, según publicó El Observador el martes 20.

    El tema fue abordado el lunes 19 durante una reunión de la bancada del sector colorado Ciudadanos con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. En el encuentro, los colorados pidieron “estar en la mesa” donde se discuta la campaña y se “definan las estrategias”, y Delgado respondió que ese ámbito va a existir y el sector va a estar debidamente representado.

    En tanto, en el Partido Nacional ya se trabaja para que haya una estructura partidaria con presencia en todo el país para la defensa de la norma. La idea, explicaron fuentes nacionalistas, es también realizar una organización similar a nivel de la coalición, aunque esta aflorará cuando el conteo de firmas en la Corte Electoral esté más avanzado.

    Si bien los partidos de la coalición avanzan en actividades conjuntas para defender la principal ley del gobierno, dirigentes y partidos ya han comenzado a embanderarse con esa tarea. Por ejemplo, el senador Guido Manini Ríos y la primera plana de Cabildo Abierto incluyeron en una gira que ya tenían planificada por el interior los fines de semana la defensa de los contenidos de la norma. También el senador nacionalista Jorge Gandini viene recorriendo Uruguay, explicando los beneficios de la LUC. Lo mismo hizo el diputado colorado Gustavo Zubía, quien ha sido muy crítico con la actitud de la coalición respecto a la postura que tomó ante la recolección de firmas, y en los últimos días ha participado públicamente de actividades en redes sociales argumentando a favor de la ley.

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