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En la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, Luis Lacalle Pou sube los peldaños de una sala llena, con el público que aplaude la presentación del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Minutos antes, el presidente es abordado por una delegación de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) en protesta porque la reformulación educativa proyectada implica para ese gremio docente un “recorte de horas y de grupos” y augura una “movilización de la educación terrible”.
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La escena que se produjo el lunes 29 es para algunos actores del gobierno y de la oposición un preámbulo del nivel de conflicto que se avecina ante los cambios proyectados para 2022, que, según dijeron a Búsqueda fuentes de Presidencia, es “el año clave” para transformar la educación y en el que este gobierno está dispuesto a “dar la pelea” ante un eventual escenario de conflictividad sindical.
“Estamos mal desde hace demasiados años; con problemas de rezago, repetición, abandono, insuficiencia en los aprendizajes, problemas de inequidad en el ejercicio del derecho a la educación, y la pandemia agravó las cosas”. De allí parte el diagnóstico que el titular del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, hizo a Búsqueda.
Ante este panorama, el jerarca sostiene que “la lucha feroz es contra la inequidad” del sistema y se remite a un estudio de la Unesco realizado en 2019 y presentado el martes 30, cuyos resultados muestran que Uruguay “está planchado” en aprendizajes básicos como en Matemática y Lengua, ya a nivel escolar, desde hace al menos un cuarto de siglo.
La administración se plantea “pasar a la acción en 2022”, con la concreción del llamado “cambio curricular integral” —que en los hechos implica modificaciones en las prácticas de enseñanza y de evaluación— como “columna vertebral” para asegurar la proclamada “transformación educativa”. Aunque su contenido “aún no está definido”, la intención del gobierno es que esta reformulación entre en vigencia en 2023.
“Nuestra columna vertebral para la transformación educativa de Uruguay está contenida en ese plan presentado el lunes”, aseguró Silva. La iniciativa se enmarca en los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 presentados meses atrás por la ANEP al Parlamento, donde se establecen los objetivos generales proyectados para la educación y, en particular, las metas de aprendizajes para este quinquenio.
El plan oficial incluye además “una política nacional docente que implica la formación de grado universitario”, según el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que avanza en una “alternativa” a la universidad de la educación —a diferencia de lo que procuró varias veces, sin suerte, el Frente Amplio— para reconocer los títulos docentes y superar el bloqueo político, que supondrá “una mayor exigencia” en la formación de los educadores, anunció el titular del MEC, Pablo da Silveira (Búsqueda Nº 2.121).
Robert Silva. Foto: Daniel Rodriguez / adhocFOTOS
“Bajando mal”
Según el titular del Codicen, el cambio curricular “se gestará fuertemente a partir de 2022”.
“Habrá una estrategia de intervención como prueba piloto que apunta a establecer un programa interdisciplinario, que primero se aplicará en los cuartos años de educación secundaria, y una innovación en la formación profesional básica y en técnico-tecnológica en UTU para comenzar la transformación impostergable del bachillerato en 2023”, explicó.
Silva prometió cambios técnicos, conceptuales y operativos. “Habrá cambios en los planes, cambios en los programas y cambios en la concepción de los contenidos pedagógicos a escala general y en todos los centros”, enumeró, “porque ahora no se trata solo de que los estudiantes adquieran conocimientos y competencias, sino de generar en ellos un sentido crítico y práctico para su futuro profesional y laboral”.
La proyectada reforma del bachillerato fue rechazada por los sindicatos de la enseñanza desde el momento de su anuncio por considerar que “esconde una concepción guiada por el espíritu que tuvo la reforma de Germán Rama”, llevada adelante en el segundo gobierno de Julio Sanguinetti (1995-2000), según los gremios, de forma “vertical, autoritaria y antidemocrática”.
Pero el gobierno está dispuesto a “dar la pelea”. “Venimos bajando ‘mal’ en el nivel educativo en un proceso de décadas y quedó demostrado que no alcanza con asignar más recursos al sistema para seguir haciendo ‘más de lo mismo’, por lo que debemos dejar de pasarnos facturas o generar bloqueos en función de alineamientos políticos y encarar un compromiso nacional sobre bases científicas que nadie pueda cuestionar”, valoró a su vez el consejero político nacionalista y expresidente del Codicen, Juan Gabito.
