Contó que de cara a las próximas elecciones presidenciales, la ARU planea organizar un panel con los candidatos de los partidos políticos en el marco de la Expo Prado en 2019 para que expongan sus programas de gobierno. Una actividad similar se realizó en 2014.
— ¿Cómo ve la situación del agro uruguayo, considerando la evolución reciente de las distintas producciones?
—El agro y la agroindustria están prontos para ponerle el hombro al país. Tenemos condiciones genuinas de competencia por nuestros recursos naturales, por la formación de nuestros técnicos y trabajadores, así como también por el trabajo que hacen instituciones público-privadas como el MGAP, IPA, INIA, Latu, Inac, SUL, Fucrea, entre otras que le dan solidez científica e institucional al sector en el país y en el resto del mundo.
El agro ha demostrado en otras etapas de la economía que tiene capacidad de sacar al país de situaciones de crisis o estancamiento. Lo único que necesita son condiciones de producción razonables, estables y predecibles.
El fuerte crecimiento que está teniendo el agro en Argentina, Brasil y Paraguay demuestra que las condiciones internacionales no son del todo negativas.
Uruguay es el único país del Mercosur donde cayó el área agrícola (30%), mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia está estable o creciendo. Eso sugiere que somos caros y, sobre todo, deja en evidencia que Uruguay no aprovechó el ciclo de petróleo bajo que tuvimos desde 2014. Algo similar pasa hoy con la carne: Brasil y Argentina están exportando más que antes y más barato que Uruguay. Nos están desplazando de algunos mercados.
Lamentablemente hoy no tenemos las condiciones de competencia y producción necesarias para lograr un crecimiento sostenido y contribuir al desarrollo del país.
Tenemos costos de producción muy altos y crecientes y nuestra competitividad ha caído en forma importante a partir de 2014, cuando los precios de las materias primas tuvieron un ajuste a la baja luego de 10 años, cuando habían tenido aumentos sostenidos.
La principal causa de la pérdida de competitividad del país, tal como lo definió Zerbino, es el déficit fiscal y las consecuencias que genera.
'Uruguay es el único país del Mercosur donde cayó el área agrícola (30%), mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia está estable o creciendo. Eso sugiere que somos caros y, sobre todo, deja en evidencia que Uruguay no aprovechó el ciclo de petróleo bajo que tuvimos desde 2014'.
Tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda y aplica periódicamente ajustes fiscales, consolidaciones fiscales o retoques impositivos para equilibrar las cuentas. El equilibrio siempre se busca por el lado de los ingresos y muy poco por la reducción o la mayor eficiencia de los gastos.
Se recurre a impuestos más altos, tarifas públicas con fines recaudatorios que implican impuestos encubiertos y un tipo de cambio atrasado para controlar la inflación, que es alentada por la expansión del gasto público.
Mientras las condiciones internacionales son favorables, como ocurrió hasta 2014, esa presión creciente se disimula, pero cuando cambia ese marco las empresas tienen que adaptarse, no tienen otro camino. Y el sector público es rígido, tiene muy poca capacidad para adecuarse a esa realidad y traslada todo el ajuste al sector privado, que ya estaba absorbiendo los golpes de un contexto de negocios más complicado.
—¿Cómo lo traslada?
—Nos preocupa en este sentido el manejo de las tarifas, principalmente las de combustibles y energía eléctrica, porque son dos costos muy importantes que hacen a la competitividad del país y al costo de vida de las familias.
Comparándonos con los países de la región, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, con los cuales tenemos que competir en los mercados internacionales, el gasoil en Uruguay es casi 40% más caro, la nafta es 51% más cara, y se está hablando de subirlos, la energía eléctrica residencial es casi 100% más cara y la energía industrial 35% más cara que en el promedio de los países mencionados. Así es muy difícil competir.
Necesitamos avanzar hacia un nuevo modelo de control y gestión de las empresas públicas, los accionistas (los ciudadanos uruguayos) tenemos que exigirles que produzcan en condiciones de eficiencia internacional o regional y que provean bienes y servicios a precios competitivos y acordes a estos estándares de eficiencia.
Lo preocupante es que el gasto público pasó de US$ 4.000 millones en 2004 a más US$ 16.000 millones en la actualidad, creció del 24% al 31% del PBI, con un PBI creciente y a pesar de los permanentes ajustes impositivos y de tarifas tenemos un déficit fiscal cercano al 4%. Todo eso lleva al aumento del endeudamiento.
Algún día el ajuste fiscal en nuestro país deberá comenzar por el Estado y no por los trabajadores, las empresas y la población en general como muestra la historia.
Si al aumento de la presión fiscal y al atraso cambiario le agregamos la muy pobre inserción internacional que tiene nuestro país, las carencias en infraestructura y las dificultades que hay en las relaciones laborales, tenemos un conjunto de temas críticos que explican gran parte de los problemas de competitividad de Uruguay.
Como consecuencia de la caída de precios de las materias primas a partir de 2014, el incremento de costos y dificultades de diversa índole, como las climáticas, el endeudamiento del sector ha crecido y hoy es el 74% del PBI agropecuario y también ha aumentado la morosidad.
El endeudamiento es mayor en todo el sector, pero hay subsectores como la lechería, el arroz y la agricultura donde las dificultades son más notorias.
—¿Qué factores preocupan a la ARU de la situación actual del agro y del futuro de ese sector en la economía local?
—En principio, dos muy importantes: la despoblación del campo y la educación en el medio rural.
Sin gente en el campo no es factible un desarrollo económico y social equilibrado en nuestro país y no hay futuro posible.
En los últimos seis años se perdieron 47.000 empleos en el sector agropecuario, casi 8.000 por año, bajamos de 180.000 trabajadores a aproximadamente 135.000, según datos del Ministerio de Trabajo.
Cuando comencé a trabajar, como técnico en extensión en el SUL hace más de 40 años, los censos de población rural mostraban que había más de 80.000 productores agropecuarios, hoy quedamos menos de 40.000.
'Tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda y aplica periódicamente ajustes fiscales, consolidaciones fiscales o retoques impositivos para equilibrar las cuentas. El equilibrio siempre se busca por el lado de los ingresos y muy poco por la reducción o la mayor eficiencia de los gastos'.
A veces recorro las zonas donde trabajé visitando productores con los cuales aprendí mucho. Lamentablemente la mayoría ya no están. Son familias que tuvieron que abandonar la actividad y hoy solo quedan taperas en lo que fueron sus campos.
Hay varios factores que influyen en estas tendencias de migración de la población rural a los centros poblados y que es un fenómeno mundial.
Entre estos factores hay cosas positivas como la mejora de la productividad, pero también hay muchos aspectos negativos desde el punto de vista social y de los costos de la infraestructura que debe construirse en las ciudades.
En general los países se preocupan y generan políticas para mantener la gente en el campo por el impacto que esto tiene en el desarrollo equilibrado del territorio y en la sustentabilidad de la producción de alimentos.
—¿Y el Poder Ejecutivo qué hace al respecto?
—Nos consta que al MGAP le preocupa eso y tiene varios programas de apoyo a los productores familiares con los que coincidimos en el objetivo, pero está muy solo y lo que está sucediendo amerita revisar las estrategias.
En 16 años, del 2000 al 2016, en Uruguay cambiaron de propiedad algo más de ocho millones de hectáreas de un total de 15,8 millones, más de la mitad del territorio productivo del país.
Casi la mitad de las tierras comercializadas fueron vendidas por productores de menos de 1.000 hectáreas, desaparecieron productores familiares que no pudieron afrontar los costos de producción y sostener a sus familias. Se pierde experiencia, conocimiento, trabajo y tejido social en el interior del país.
Más de la mitad de la tierra vendida fue adquirida por sociedades anónimas; no se puede identificar la nacionalidad de los dueños, seguramente la mayoría son extranjeros. Del resto obtenido por personas físicas, el 61% fue adquirido por extranjeros y el 39% por uruguayos.
La ARU estima que cerca del 35% de la superficie del país está en manos extranjeras, se está aumentando la concentración y extranjerización de la tierra y se está perdiendo población rural.
'Se recurre a impuestos más altos, tarifas públicas con fines recaudatorios que implican impuestos encubiertos y un tipo de cambio atrasado para controlar la inflación, que es alentada por la expansión del gasto público'.
No estamos diciendo que se deba prohibir la inversión extranjera, sino que se debe dar a los productores uruguayos y a las agroindustrias de todos los sectores las mismas condiciones que se les da a las inversiones que llegan al país.
Creo que como país nos debemos una discusión de qué tipo de sector rural queremos construir y qué tipo de productores estamos dispuestos a ayudar a quedarse trabajando en sus tierras y de qué manera.
Otro tema que ha estado siempre dentro de las preocupaciones de la ARU es la educación en el medio rural.
En los 147 años de la ARU los productores y trabajadores rurales hemos colaborado a través de beneficios, donaciones y jornadas de trabajo en el mantenimiento de las escuelas rurales.
Hoy la realidad de despoblación del campo nos está imponiendo la desaparición de muchas escuelas rurales por falta de niños.
Nuestra preocupación es la inequidad en las oportunidades y los costos de la educación entre los niños que nacen en el campo y los que nacen en las ciudades.
La educación, el conocimiento y la capacitación es una de las bases para el ejercicio de la libertad plena de las personas.
Una educación equitativa y de alto nivel es el mayor avance hacia una mayor justicia social, porque posibilita igualar las oportunidades en el arranque de la vida productiva de las personas y les permite optar libremente por las diferentes opciones de trabajo que se les presenten.
Sin conocimiento y capacidades son pocas las oportunidades y opciones de trabajo y van a ser menos en el futuro.
Hoy los niños que nacen en el campo de Uruguay, hijos de productores y de trabajadores rurales, tienen en muchos casos dificultades de acceso a la educación primaria y mayores dificultades de acceso a la educación secundaria con costos familiares que en muchos casos hacen inviable su concurrencia a los centros educativos. Tenemos que trabajar para mejorar esta realidad.
—¿Cuáles son las tareas pendientes del gobierno para apuntalar la producción del campo? ¿Qué medidas concretas debería aplicar?
—Hay que hacer un esfuerzo por mejorar la competitividad del país, y esto debería ser un objetivo permanente.
Es una tarea para comenzar ya y que deberá seguir con el próximo gobierno, cualquiera sea el partido que gane las elecciones del año próximo.
Por eso queremos volver a organizar en 2019 un panel con los candidatos presidenciales para que expongan sus programas de gobierno.
Estoy convencido de que la competitividad de los países comienza por un Estado competitivo. Entonces deberíamos empezar por mejorar la gestión estatal, eliminar el déficit fiscal crónico, que se gaste menos y se gaste mejor.
Necesitamos un Estado eficiente y eficaz y eso abarca al gobierno y a las intendencias. Necesitamos una burocracia bien entendida, profesional, de carrera en la administración pública, muy bien remunerada, leal a la función pública y no dependiente del partido que gobierne.
'Lo preocupante es que el gasto público pasó de US$ 4.000 millones en 2004 a más US$ 16.000 millones en la actualidad, creció del 24% al 31% del PBI, con un PBI creciente y a pesar de los permanentes ajustes impositivos y de tarifas tenemos un déficit fiscal cercano al 4%. Todo eso lleva al aumento del endeudamiento'.
Considero que la iniciativa y el impulso que el presidente Vázquez le ha dado al gobierno digital va en ese sentido, es muy importante y no se ha destacado lo suficiente.
Precisamos mejorar nuestra inserción internacional, estamos muy atrasados con respecto a nuestros competidores en ese aspecto y dejamos muchos millones de dólares para ingresar en prácticamente todos los países con los que comercializamos nuestros productos.
Creo que los privados también tenemos tareas pendientes en esta materia. Como agentes de la producción, no hemos logrado convencer a nuestra clase dirigente de que nos va la vida en la integración comercial, la discusión se ha estancado en aspectos ideológicos y no la hemos podido llevar al terreno de las oportunidades económicas que se le abren a un país como Uruguay: de la cantidad de inversiones que podríamos capturar y el empleo que podríamos generar.
Lograr acuerdos comerciales para mejorar las condiciones de acceso a los mercados de nuestros productos es una necesidad impostergable.
Hay que hacer un esfuerzo para mejorar las relaciones y la rigidez laboral porque están afectando la inversión, el empleo y la viabilidad de muchas empresas.
Cuando el gasto aumenta en forma desmedida, aprovechando el ciclo positivo de la economía y no tiene en cuenta la capacidad de gasto estructural o la recaudación de largo plazo, se corre el riesgo de armar sistemas de protección social demasiado caros y no sostenibles.
Cuando hay que ajustar y cuando hay que hacerlo en forma abrupta, esos ajustes suelen ser brutalmente regresivos. Esto el país ya lo ha vivido en más de una oportunidad y no es bueno para nadie.
Lo mismo ocurre con el sistema de relaciones laborales, si Uruguay no reacciona y no arma un sistema más moderno y flexible, seguiremos pagando el costo con menos puestos de trabajo y los más perjudicados son los trabajadores que quedan en la calle, las empresas que cierran y, finalmente, el país en su conjunto.
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