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Con la campaña en ciernes de cara a un casi seguro referéndum en 2022 en torno a la Ley de Urgente Consideración (LUC), el gobierno se está plantando firme en defensa de esos 135 artículos y las reformas que están por detrás de varios de ellos.
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La resistencia que prepara el oficialismo para evitar que esas normas caigan la empezaron a aplicar algunos de sus principales referentes dentro del país, mediante una confrontación con el Frente Amplio y el PIT-CNT —los promotores del referéndum— que ya se perfila como dura. Para el gobierno, también es relevante transmitir el mismo mensaje a observadores externos, en cuanto a que defenderá con energía la LUC y las reformas que contiene, así como otras que están en su agenda programática, dijo a Búsqueda una fuente en contacto con las autoridades económicas. Es un asunto que está en el radar de las calificadoras de riesgo; alguna agencia, como Moody’s, ha dicho en informes recientes que confía, “independientemente del resultado” del referéndum, en que el gobierno de Luis Lacalle Pou “siga comprometido con la consolidación fiscal”, una de las claves para sostener la categoría de investment grade.
La LUC sienta las bases de una nueva institucionalidad para la aplicación de una regla fiscal que debería propiciar una gestión contracíclica del gasto público, introduce reformas a favor de la competencia en el mercado de los combustibles y las telecomunicaciones, así como cambios en materia educativa y de seguridad ciudadana, entre otras áreas.
Estos elementos del contexto político y económico de Uruguay también sobrevolaron en algunas de las conversaciones que mantuvieron la semana pasada en Washington la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el presidente del Banco Central, Diego Labat, en el marco de la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Además de contactos con autoridades del más alto nivel de esos organismos, se reunieron con inversores.
Al hacer balance de ese viaje en Telenoche de Canal 4, el martes 19, la ministra señaló que recogió la percepción de que Uruguay es visto con “gran confianza”.
“No estamos dispuestos a dar marcha atrás, a que una ley que fue construida en base a las necesidades de la gente sea derogada”, dijo por su parte la vicepresidenta Beatriz Argimón esa misma noche en un acto en la Casa de los Lamas.
El proceso para una futura reforma de la seguridad social también es seguido con atención por las calificadoras de riesgo, dado el impacto fiscal creciente que tienen sus actuales desequilibrios. Una comisión con amplia representatividad política y social debe terminar este mes su trabajo, entregando al Poder Ejecutivo un documento con propuestas de modificaciones como insumo para un posterior proyecto de ley.
En función de su Índice Global de Pensiones, la consultora Mercer, CFA Institute y la Monash University de Australia le asignaron a Uruguay una calificación “C+”, que les atribuyen a sistemas previsionales con “algunas buenas características”, pero que al mismo tiempo enfrentan “importantes riesgos y/o deficiencias que deben abordarse. Sin estas mejoras, se puede cuestionar su eficacia y/o sostenibilidad a largo plazo”.
“Esta estrategia que está jugada al 100% en confiar en el rol del sector privado requiere de señales claras de que la desinflación va, que las reformas fiscales van y que las reformas micro que ayudan a la competitividad van”, dijo a Búsqueda el economista Gabriel Oddone, socio de CPA/Ferrere. Y opinó que el referéndum sería una instancia “muy relevante” para el resto del período de gobierno.
