Resultó atípico para los ruralistas canalizar sus planteos y reclamos en una conferencia vía Internet, que tuvo un grupo menor de participantes al que normalmente concurre a ese encuentro. No hubo intercambios personales ni conversaciones informales y tampoco hubo algún momento de tensión entre productores y autoridades del Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que durante la exposición del ministro de Ganadería algún participante le reclamó ser más concreto y hacer anuncios de medidas específicas para el sector.
“Quiero escuchar qué va a hacer, porque hasta ahora lo único que ha dicho es cómo encontró la casa”, pidió el productor de Soriano, Jorge Rodríguez.
Ana Araujo, que es productora de Paysandú, cuestionó: “Me esperaba un discurso a la altura de un congreso”.
“¿Se acuerdan de Tabaré Aguerre en Paysandú?, una hora y 40 minutos habló”, se lamentó Araujo al comparar a Urirarte con el extitular de Ganadería frenteamplista, que estuvo en ese cargo entre marzo de 2010 y enero de 2018.
Y el productor de Cerro Largo Martín Uría opinó que “es bueno que (Uriarte) pueda hablar con esa confianza”.
“Le cuesta sacarse el poncho de gremialista”, reaccionó la productora sanducera. Al tiempo que el productor arachán reconoció que “esperaba algo más institucional”.
Sin contar con una trayectoria política partidaria, el actual ministro de Ganadería pareció sentirse uno más entre los productores y reiterar algunos cuestionamientos hacia lo que dejaron las administraciones del Frente Amplio, en lugar de enfatizar en los planes de acción que puedan dar respuesta a los problemas del agro.
Es que ya pasaron prácticamente cuatro meses desde que asumieron las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y si bien debieron afrontar la doble emergencia que supuso la agropecuaria, por el déficit hídrico, y la sanitaria, por los casos de covid-19, entre los ruralistas hay inquietud y hasta apuro por conocer las medidas que implementará esa cartera de Estado.
La sensación entre los productores es que durante varios años reclamaron soluciones a algunos temas vinculados a la rentabilidad, la competitividad, la falta de seguridad, entre otros asuntos, y ahora que ciertos exintegrantes de las gremiales rurales desempeñan cargos en el gobierno es el momento para ejecutar las medidas.
“En los últimos períodos de gobierno tratamos de lograr el apoyo y la comprensión de los ministros del ramo, pero nunca recibimos ninguna respuesta positiva a nuestro propósito”, se quejó Senattore, aludiendo a un proyecto para impulsar la cría de vacunos y ovinos en el norte.
Y luego se dirigió a Uriarte: “Descontamos desde ya su ayuda y colaboración para hacer llegar este proyecto a los ministerios involucrados”. Los ganaderos nucleados en la gremial artiguense pretenden la instalación de un centro de inspección y control sanitario para la exportación de ganado en pie, principalmente ovinos, a través del puente de la Concordia que une los territorios de Uruguay y Brasil.
El objetivo de esa medida es reducir los costos de fletes para los negocios de exportación de animales, que hasta el momento salen en barcos desde el puerto de Montevideo, y abrir otras vías de salida.
El costo de ahorrar
Al hacer uso de la palabra en el congreso, el ministro de Ganadería dijo: “Sin ánimo de criticar (a la anterior administración), si no de describir cuál es la situación, nos encontramos con un ministerio que se define como una anarquía, donde las distintas direcciones funcionaban de acuerdo al saber y entender de sus responsables, sin una debida coordinación”.
Ese comentario fue utilizado en otras ocasiones por Uriarte al momento de justificar la necesidad de revisar y reorganizar la institucionalidad pública agropecuaria (Búsqueda N° 2.070).
El titular del MGAP habló en el congreso ruralista del objetivo de “enaltecer” y “dignificar” el trabajo de los funcionarios de esa secretaría de Estado, “mirando a la gente, a los productores, como patrones y no al revés” e “inculcar que estamos al servicio de los productores”.
El subsecretario de Ganadería, Ignacio Buffa, enfatizó el objetivo del MGAP y del gobierno en cuanto a que “hay un compromiso muy fuerte de ahorro”.
“Al lado del presidente de la República está el Ministerio de Ganadería” en esa labor, afirmó.
En ese momento, Vila pidió la palabra para salir al cruce de ese comentario y decir que “el planteo es válido, pero hay que tener en cuenta que en una responsabilidad como la del Ministerio de Ganadería muchas veces el ahorro que podamos hacer en funcionarios puede significar un costo para el país infinitamente mayor”.
“Como productores, nos parece bien y nos encanta que el gobierno haga el esfuerzo de bajar sus costos, pero con la certeza y la seguridad de que eso no pueda generar un descontrol que nos haga perder mucho dinero en la producción” local, advirtió ese directivo de la FR, que es representante de esa gremial en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes.
A lo que Uriarte respondió diciendo: “Permitime transmitirles a todos los productores la tranquilidad de que el funcionamiento del MGAP está garantido”.
Debido al impacto de las medidas sanitarias vinculadas al coronavirus, esa secretaría de Estado “ha funcionado con el 30%” de sus funcionarios y los productores del agro “no han percibido que haya un mal funcionamiento” por eso, comentó.
Contó que de la flota de vehículos de Ganadería “el 30% está en muy malas condiciones, son viejos”, y que “en la Dirección de Sanidad Animal es donde peor están”.
Esa repartición ministerial es una de las principales unidades en cuanto a la misión y a las funciones que le corresponden, ya que debe “mantener, proteger e incrementar la sanidad de los animales de importancia económica” del país, según consta en la web del MGAP. Indica también que es la encargada del control y certificación de las condiciones sanitarias e higiénico-sanitarias del ingreso, importación y exportación de animales, material genético, productos y subproductos de origen animal, de modo de satisfacer los requerimientos de los mercados internacionales.
Preocupación constante
En la declaración final los congresistas rurales advirtieron que “sigue siendo una preocupación constante la seguridad rural y el abigeato”, pero reconocen que ven “con expectativa la propuesta en la ley de urgente consideración (aprobada por la Cámara de Senadores) de crear la Dirección Nacional de Seguridad Rural”, para “volver a dotar a la campaña de personal policial idóneo, con quienes deberíamos coordinar las acciones para combatir el abigeato y preservar la seguridad de la población rural”, argumentaron.
Cuestionaron la “benevolencia de las condenas a los que cometen abigeato” y se lamentaron de que, por ello, “da la sensación de que se los consideran delitos menores”.
“Nos compete fortalecernos internamente, buscando soluciones de funcionamiento y financiamiento que nos permitan una debida comunicación de nuestras acciones, procurando acortar la grieta creada entre el campo y la ciudad”, advirtieron.
Reclamaron que las autoridades del MGAP “mejoren las políticas sanitarias del país, controlando la garrapata, el piojo y la sarna y erradicando las enfermedades prevalentes, como brucelosis y tuberculosis”.
“Es muy importante impulsar la idea de un proyecto nacional de control de la mosca de la bichera”, que afecta al rodeo local, plantearon.
Insistieron en “mejorar la competitividad” y “solucionar el problema del endeudamiento” para promover la inversión y la productividad, “con la consecuente creación de fuentes laborales”.
En esa línea, la FR solicitó un “alivio fiscal”, “no incrementando impuestos ciegos”, como al patrimonio, o eliminando el 1% a la venta de semovientes, pero “por sobre todo ajustar los costos del Estado” y “seguir negociando los aranceles (aduaneros) que se pagan con las exportaciones” del agro. Hay que bajar los precios de los combustibles, insumo fundamental para su producción y su transporte, reiteró. Y consideró que “la desmonopolización del ente (Ancap) hubiera sido la mejor solución, forzándolo a competir y mejorar su eficiencia”.
Otro de los temas planteados, a propuesta de los productores agrícolas integrantes de la FR, es “la necesidad de contar con seguros agrícolas de rendimiento, que le den estabilidad al rubro, pero para eso no es suficiente un acuerdo entre privados, sino que requiere una activa participación del (Poder) Ejecutivo”.
