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Durante el próximo gobierno se deberá encarar una “segunda reforma” del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Así lo dijo a Búsqueda la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, líder del sector Participar, Articular, Redoblar (PAR) y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. “Hay que avanzar en aspectos que quedaron pendientes en anteriores administraciones, en las que faltó profundizar, además de encarar los problemas emergentes que dejó la pandemia”, agregó.
La crítica no solo es a la actual administración. Fueron esos aspectos pendientes y la imposibilidad de avanzar más en ellos lo que la llevó “a renunciar como subsecretaria de Salud Pública en 2017”, agregó, durante el último gobierno del Frente Amplio, con Jorge Basso al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP). “Una de las discrepancias más grandes que tuve fue que el MSP tenía una débil rectoría sobre el sistema”, dijo Lustemberg, quien había asumido ese cargo dos años antes, en 2015.
El martes 21, el intendente de Canelones y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, y Lustemberg, quien es su referente en temas de salud, encabezaron el primero de los encuentros con distintos actores del sector. Se trató de un almuerzo en el Centro Gallego de Montevideo al que asistieron representantes de mutualistas de todo el país y de los laboratorios, así como dirigentes del Frente Amplio, como la exvicepresidenta Lucía Topolansky, los senadores Charles Carrera, Sandra Lazo, Alejandro Sánchez y Daniel Caggiani, así como lo diputados Lucía Etcheverry y Nicolás Viera. Pese a que también eran parte del análisis, no asistieron autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ni ningún otro integrante del gobierno.
“Lo más importante de estos encuentros es generar conciencia de que estos cambios tienen que ser trabajados en conjunto”, dijo la líder de PAR.
La mejoría debe darse en aspectos estructurales y organizativos. “Lo público y lo privado tiene que estar realmente integrado, sin desconocer que los prestadores están en eterna competencia. También hay que avanzar en tecnología y en medicamentos”, agregó. Eso incluye la actualización de la canasta del Plan Integral de Atención de Salud (PIAS), que, según la legisladora, incorporó “muy pocos procedimientos y medicamentos” durante la actual administración.
“Las incorporaciones durante este gobierno se han dado más en la órbita del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y no en el PIAS. Eso hace que las mutualistas cobren una tasa moderadora más alta que la regulada por el Ministerio de Economía”, desarrolló.
Entre las cuestiones a revisar también están el modelo de financiamiento, el pago por cápitas, cuyos parámetros actuales pasan por la edad, sexo y riesgo sanitario del usuario, y de las metas asistenciales. Los llamados “ingresos regulados” (cápitas, metas asistenciales, tiques y órdenes) representan hoy aproximadamente el 80% de los ingresos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas (IAMM).
Las mutualistas ya habían hablado de la necesidad “de rediscutir aspectos básicos del SNIS”, algo que “no puede ser más lejos que la próxima administración”, según había dicho en entrevista con este semanario su vocero, Daniel Porcaro. El valor de las cápitas y el financiamiento de nuevas prestaciones a incluir en el PIAS eran algunos de los elementos para los que pedían una revisión.
Decisiones políticas
El próximo gobierno tendrá también que tomar “decisiones políticas” respecto a algunos elementos del SNIS, destacó Lustemberg. Uno de ellos apunta a los colectivos “que tienen doble o triple cobertura”, en referencia a los que se atienden a la vez en ASSE y Sanidad Policial o Sanidad Militar. La idea, expresó, es que paulatinamente se tienda a que cada usuario se atienda en un solo lugar. “También hay que evaluar cómo incluir a los usuarios de ASSE no Fonasa, que son 907.884 según datos a agosto, que no tienen un trabajo formal, para que tengan los mismos derechos que el resto”.
Otros elementos que requieren consenso político, sostuvo, pasan por “darle el rol que corresponde” a la recientemente creada Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y trabajar con la Universidad de la República (Udelar) sobre la distribución de recursos humanos. “No es solo el tema salarial lo que genera desigualdad entre sectores públicos y privados, también lo es el acceso a las distintas especialidades médicas. Eso es especialmente grave en el norte del país”, dijo Lustemberg.
“Lo que está claro es que la reforma del sistema requiere que sea una prioridad política para mejorar la gestión y la calidad asistencial, más allá de la actualización del PIAS y del Formulario Terapéutico de Medicamentos. También hay que rever los decretos sobre los tiempos de espera y los contratos de gestión. Por supuesto que acompasar el desarrollo tecnológico requerirá inversiones en infraestructura”, expresó. Ya en tono netamente de campaña, Lustemberg agregó que “Orsi tomó la responsabilidad política de buscarle una solución al SNIS”.
En diálogo con Búsqueda, Porcaro había señalado que la pandemia había tensionó aún más la operativa en las mutualistas. Eso también afectó al sector público. “Si vas a las cuentas nacionales, ves que el gasto de 2021 en salud fue del 9,1% del PBI. De este total, el que más importa es el gasto público. Uruguay tenía el 6,9% en 2019 y —sin contar el fondo covid— bajó al 5,9%. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que siempre sea superior al seis por ciento”, indicó la legisladora y referente de Orsi en temas sanitarios.
