Mutualistas: preocupa sostenibilidad del SNIS y diálogo “discontinuado” con el gobierno

Esto ocurre además cuando el mismo gobierno que quiere incluir más prestaciones al PIAS, sobre todo en lo referido a la salud mental, e impulsar las historias clínicas y las certificaciones laborales electrónicas cortó las negociaciones con las mutualistas, esas que ya llevaban meses y en las que él estaba en la primera línea. “Dijeron que daban por terminadas las conversaciones porque no se podía avanzar en soluciones”, explica. Soluciones, en la mayoría de los casos, equivale a plata.

—¿Qué estaban negociando las mutualistas con el gobierno?

—Desde hace un año y medio, tras la pandemia, tuvimos contactos periódicos con el Poder Ejecutivo, con los ministerios de Economía, Salud Pública y Trabajo cuando lo ameritaba, siguiendo la realidad del sector. Lo que les hemos transmitido es que luego de la pandemia notamos un deterioro general de los resultados económicos y financieros de las instituciones, que se agudizaron en 2023. Eso genera dificultades. Esto se explica porque a una mayor demanda de productos asistenciales en los últimos 10 años se suma una mayor intensidad del uso de recursos.

—¿Eso es porque en pandemia no se usaron muchos fuera de la emergencia?

—Ese es un buen punto. Esperábamos un repunte de la actividad asistencial, preveíamos un rebote, pero no solo se dio sino que se mantuvo por encima de la que había en 2019. Además, la pandemia aumentó la intensidad del uso de recursos tanto en internaciones como en tratamientos ambulatorios: más recetas de medicamentos, más estudios de paraclínica, más de laboratorio, más consultas. Se están usando más recursos del PIAS y ahora el gobierno anunció que quiere incorporar más prestaciones. Lo que le manifestamos al Poder Ejecutivo en este ámbito es que no hay margen para que no haya un financiamiento adecuado de estas prestaciones, si no, se agravaría la situación económica de las mutualistas. En este marco estuvimos hasta esta semana (anterior), cuando el gobierno dio por terminadas las conversaciones, argumentando limitaciones en los recursos del Estado y otros problemas de coyuntura del sector. Dijeron de dar por terminadas las conversaciones porque no se podía avanzar en soluciones.

—Les dijeron que no hay más plata.

—Básicamente.

—¿Y qué pasará con estas nuevas prestaciones que quieren incorporar?

—Nosotros no hicimos ninguna objeción a su inclusión: mejoras en la atención de la salud mental, en el testeo y provisión de medicamentos para la diabetes, para el HPV (virus del papiloma humano), son siete en total… Son iniciativas pertinentes sobre las que ellos van a proponer un financiamiento y nosotros estamos viendo si ese es el adecuado. No podemos asumir déficit por ninguna de ellas. Lo que transmitimos al gobierno es que el sistema está tensionado y estamos preocupados sobre su sostenibilidad por ese mayor uso de los recursos. Los resultados económicos son el síntoma de ello y conversábamos (con el gobierno) para que no se agravara la situación…

—En resumen: ustedes están preocupados por la sostenibilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), lo consideran en riesgo.

—Sí.

—¿En cuánto está el déficit de las mutualistas?

—En 2023, que se cerró en setiembre, se volvió a niveles anteriores a la pandemia, donde ya había déficit operativo. Esto último es un síntoma de que los ingresos genuinos del sector no alcanzan para cubrir los gastos asistenciales.

—¿Pero cuánto es? En setiembre hablaron de 7 millones de dólares.

—No, eso refiere a las prestaciones referidas solo a la salud mental, no del sector. En realidad, el déficit depende de las instituciones y los balances finales los vamos a tener cuando estén auditados. Lo que sí vemos es, con números parciales, que todos los resultados muestran deterioros: las que tenían superávit van a tener menos superávit y las que tenían déficit van a tener mayor déficit. Hasta la pandemia, hubo años de déficit y algún superávit en alguna institución. En la pandemia no se pueden sacar evaluaciones generales. Este es el primer año sin pandemia y vemos que los resultados se deterioran. Para decirlo claro: nosotros creemos que en algún momento, no más allá de la próxima administración, se van a tener que revisar aspectos básicos del sistema de salud.

—¿Como cuáles?

—Básicamente, rever la estructura de ingresos y la canasta de prestaciones. No decimos achicarla sino reverla. Aumentar el monto de las cápitas puede ser un camino. Incorporar fuentes de financiamiento a largo plazo puede ser otro; hoy no tenemos, las últimas fueron en 2017. Desde entonces para acá las mutualistas han tenido que financiar las inversiones con recursos a corto plazo. Buscamos con el gobierno generar instrumentos de financiamiento a largo plazo que nos permitan abordar inversiones importantes que tenemos que hacer, como la historia clínica electrónica, que es algo que pretende el Poder Ejecutivo. Eso a su vez deriva en otro interés del Banco de Previsión Social (BPS) en readecuar las prestaciones por seguros de enfermedad laboral a través de la certificación laboral electrónica. Aún no se ha definido cómo va a ser el pago de esa contraprestación, nosotros estábamos conversando cómo financiarlo. Pero, con los resultados que tenemos, todo lo que tenga que ver con la mejora de los servicios informáticos no se va a poder hacer al ritmo que quiere el gobierno.

—Gobierno que, dijo de forma bastante política, dio por terminada las negociaciones. ¿Cómo les cayó eso?

—Sí, la situación es complicada. A ver… Siempre fuimos muy sinceros. Ellos tienen limitaciones para continuar las negociaciones y nosotros dijimos que con nuestra situación no podemos seguir haciendo esfuerzos. Eso iba a resentir algún programa conjunto como las certificaciones electrónicas y otros servicios e inversiones a realizar. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Se verá, pero alguna repercusión va a tener. No podemos asegurar que no se resientan los servicios.

—Así como está, ¿el SNIS no es sostenible?

—Nosotros estamos preocupados por la sostenibilidad del sistema y lo venimos manifestando. En algún momento eso va a ameritar una discusión política.

—¿Cuántos usuarios tienen las IAMC?

—Las dos terceras partes de la población del país: aproximadamente 2.100.000 usuarios están en las mutualistas. De ellos, el 80% aproximadamente son usuarios del Fonasa. También vemos que de setiembre de 2022 a junio de 2023 las instituciones en Montevideo perdieron 11.000 usuarios, 8.000 migraron hacia ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) y 3.000 a los seguros privados. Tener 11.000 cápitas menos al mes (aproximadamente, $ 3.800 cada una) es algo que genera preocupación, sobre todo en este contexto de mayor uso de recursos. Preocupa porque la infraestructura de las empresas es bastante inflexible, por la dimensión edilicia y la capacidad operativa. Que se vayan afiliados es un problema cuando hay mayor presión asistencial, y se afecta la sostenibilidad.

—¿Esto justifica que algunas empresas tengan los llamados “servicios VIP”?

—Hay que poner las cosas en contexto. El 80% de los ingresos a las IAMC son regulados: cápitas Fonasa, metas asistenciales, tiques y órdenes. El otro porcentaje depende de la venta de servicios; por eso las instituciones tienen sus propias estrategias de ingresos, algunas más agresivas que otras. Mientras las instituciones cumplan con sus finalidades asistenciales, no me corresponde evaluar.

—¿Esta situación puede repercutir en la atención a los usuarios?

—Lo deseable es que no… pero estamos viendo más disconformidad de los usuarios, no somos ajenos a ello. Atención: todavía el número de insatisfacciones corroboradas en la Junasa es muy bajo respecto a la actividad realizada. Podrá haber cien reclamos al año en el MSP por no poder agendar en el tiempo adecuado cuando hay 160.000 consultas al mes en todo el sistema. Eso no quiere decir que no sea atendible. Hay quejas en los tiempos de espera de especialistas, sobre todo en el interior, donde hay especialidades con reducido número de profesionales. Y hay que atender al incremento de solicitudes de recursos que hablamos antes. Quizá haya que adecuar los tiempos de espera a realidades que son nuevas.

—Usted es hombre de números, ¿puede darse otra Casa de Galicia?

—(Piensa la respuesta) Ojalá que no… Procesos como el de Casa de Galicia son traumáticos para los usuarios y los trabajadores y, además, requieren de un montón de energía del sector público y privado para darles solución. Al ser un sector regulado, el gobierno no puede mirar al costado. Y como es un sistema, los usuarios tienen que llegar a otras instituciones. Eso no conforma a todo el mundo. Lo que queremos con este proceso de diálogo es evitar otra Casa de Galicia.

—Usted desea que no pase, pero deja claro que se puede dar.

—No lo descartamos. Lo que buscamos es intensificar los procesos de diálogos para evitar cualquier tipo de problemas con ninguna institución.

—Diálogo que recientemente, dijo, el gobierno cerró.

—Al menos lo discontinuó.

—¿Qué instituciones están más en riesgo? Hoy hay dos con fideicomisos en curso, Casmu y Asociación Española, tal como tenía Casa de Galicia.

—La valoración de eso depende de múltiples causas. Lo que no está bien es que las instituciones tengan superávit operativo muy finito y que tengan que trabajar mucho tiempo con déficit operativo. Y eso es lo que cada vez pasa más. Lo de los fideicomisos puede ser una solución. Además, siempre hay más atención a las complejidades en Montevideo, pero estas están en todo el país. Lo que sí creemos que es necesario e ineludible es una discusión abierta sobre las bases del sistema. Eso tendrá que ser parte de la agenda del próximo gobierno.

—Hoy hay 10 mutualistas en Montevideo y 33 en el interior. Por lo que dice, no sabe si para cuando haya un nuevo gobierno habrá el mismo número.

—No lo sé.

—¿Al menos quedó abierto un puente de diálogo con el gobierno?

—El diálogo con este gobierno ha sido permanente. Lo que ha sucedido ahora es una interrupción del diálogo porque el ámbito no permitía avanzar. Aparecieron otros problemas de restricción de gastos, de recaudación y de la solución al problema que se presentó con Casa de Galicia.

—El reclamo de los trabajadores de Casa de Galicia, con un proyecto que no se aprobó, ¿influyó en esta discontinuidad?

—Posiblemente sí, no lo descarto.

—Y la interrupción fue del gobierno, unilateral.

—En realidad el gobierno ya estaba falto de respuestas en el último mes y medio y dio por finalizada la conversación esta semana (pasada). Nosotros seguimos abiertos al diálogo, pero honestamente dijimos que no teníamos margen para seguir procesos de interés mutuo, que habría que ralentizarlos. No fue una ruptura en malos términos sino algo que se agotó; al menos así lo consideró el gobierno. Preocupa sí la sostenibilidad del sistema, que algún efecto colateral va a tener. El tiempo dirá.