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El sindicato de OSE se declaró en alerta por informe jurídico de la empresa que abre la puerta a la participación de privados
Asegura que hay una distorsión intencional del artículo 47 de la Constitución y una “embestida privatizadora” en torno al proyecto Neptuno; el vicepresidente de Saceem dice que exploran “al límite” la disposición legal sin violentarla
Aunque recibió un espaldarazo importante del presidente Luis Lacalle Pou en su discurso del 2 de marzo en el Parlamento, el proyecto Neptuno está recién en una fase inicial. La iniciativa privada presentada por el consorcio Aguas de Montevideo —integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast— entró en la etapa de los estudios de factibilidad a partir del 24 de febrero, cuando OSE aceptó la propuesta parcialmente.
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La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), sin embargo, decidió no esperar y reaccionar inmediatamente ante algunas señales de que el proyecto podría no limitarse solo a la construcción de infraestructura sino abarcar también su gestión. En particular, recibieron con alarma un informe de la Gerencia Jurídica de la empresa estatal que afirma que se podría recurrir a terceros en procesos de potabilización de agua sin violar la Constitución y compara el proyecto millonario Neptuno con la potestad que tiene el organismo de firmar convenios con intendencias y comisiones vecinales para soluciones de interés local (Búsqueda Nº 2.114).
Luego de un Congreso que se realizó el viernes 12, FFOSE emitió una resolución en la que califica esa interpretación como “una nueva embestida de privatizaciones en OSE” y aseguran que el documento pretende interpretar el artículo 47 de la Constitución a favor del consorcio que presentó la iniciativa. En consecuencia, decidieron iniciar una serie de acciones.
En primer lugar resolvieron hacer una campaña de prensa y propaganda para denunciar la situación. A su vez, tienen otras dos medidas previstas para el 22 de marzo. En esa fecha se conmemora el Día Mundial del Agua y FFOSE organizará una charla en conjunto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, y la Comisión en defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico, para analizar el proyecto Neptuno y el informe de la Gerencia Jurídica. Ese mismo día sesionará la Mesa Representativa del PIT-CNT y la federación le encomendó a su delegado informar en ese ámbito acerca de la “embestida privatizadora”.
De forma complementaria se proponen empezar a coordinar acciones con organizaciones sindicales, sociales, científicas y con la Universidad de la República, realizar consultas jurídicas e iniciar una ronda de entrevistas con autoridades del Poder Ejecutivo y con parlamentarios.
Finalmente, advierten que comenzarán a tomar medidas sindicales ante la presentación de proyectos que modifiquen o intenten modificar normativas que afecten la calidad y disponibilidad del agua a favor de intereses privados. “Obviamente esto recién está en los inicios. Van a llamar a los estudios de factibilidad y hay que ver qué determinan. Pero si no alertamos ahora, y si no nos ponemos de punta ahora, después va a ser tarde”, dijo a Búsqueda el presidente de FFOSE, Gustavo Ricci.
La federación fue una de las principales impulsoras del plebiscito del agua en 2004 que se aprobó con un apoyo de 64% del electorado y fue fundadora de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que lideró esa campaña. Esa consulta popular agregó al artículo 47 de la Constitución que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y que esos servicios públicos deben ser prestados “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
El proyecto Neptuno comprende la construcción de una nueva toma de agua bruta libre de salinidad sobre el Río de la Plata, en la zona Arazatí-Bocas del Cufré; una planta potabilizadora convencional junto a la toma; y una tubería de aducción de 80 kilómetros que conecte la nueva planta potabilizadora con el Sistema de Distribución de Montevideo. Su costo, según las estimaciones, oscila entre los US$ 123 y los US$ 235 millones.
Para Ricci, el informe de la Gerencia Jurídica de OSE “no tiene ningún asidero”. La redacción del artículo 47 de la Constitución es clara, a su entender, en que los servicios tienen que ser prestados “exclusiva y directamente” por personas jurídicas estatales. Además de la redacción, sostuvo, está el “espíritu de la norma” y en este caso hubo un “pronunciamiento popular claro” para que los privados “no intervengan para nada ni en la potabilización, ni en la gestión, ni con ningún tipo de lucro relacionado al agua”.
“O no leyeron los libros o el informe tiene una clara intencionalidad privatizadora. La conclusión a la que llegamos es que el informe es claramente distorsionador de lo que fue la voluntad del plebiscito del 2004. Para nosotros está claro que lo pidieron para que tenga este resultado”, consideró Ricci. A la lista de medidas resueltas en el Congreso, añadió que si OSE avanza en esa línea, están decididos a presentar recursos de inconstitucionalidad.
El sindicalista aclaró que no está en contra de la obra. Por el contrario, aseguró que comparten el diagnóstico de las autoridades respecto a la situación crítica para el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana y también la necesidad de nueva infraestructura. Sin embargo, insistió en que esas necesidades no pueden justificar avanzar en una línea expresamente prohibida por la Constitución.
Si bien la obra fue anunciada por Lacalle Pou, aún no está claro el mecanismo por el que se llevará a cabo. Como parte de los estudios de factibilidad que le ordenó realizar al consorcio, OSE pidió estudiar distintos modelos, entre ellos uno que incluya la operación y el mantenimiento de la infraestructura.
Entre los estudios que realizó para presentar la iniciativa, Aguas de Montevideo abordó la discusión legal respecto al artículo 47 de la Constitución. Fuentes de OSE y del consorcio dijeron a Búsqueda que presentaron un informe favorable del constitucionalista Martín Risso. De todas formas, desde el consorcio aseguraron que el proyecto que presentaron no abarca la operación de la nueva planta.
El vicepresidente de Saceem, Alejandro Ruibal, fue consultado el martes 16 por En Perspectiva sobre esa discusión legal y, evitando entrar en detalles, respondió: “No propusimos nada que violentara ese artículo porque lo conocemos muy bien. Sí lo que queremos es construir, contratar mantenimientos y explorar al límite, pero siempre respetando, como corresponde, la Constitución”.
