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La empresa Vertical Skies le comentó a un equipo técnico de UTE las bondades que tendría para el ente la compra de un dron de gran porte, con una autonomía que le permitiría relevar las grandes extensiones de su red eléctrica. Era setiembre de 2020 y ese encuentro vía Zoom había surgido por una invitación de la Fuerza Aérea. Un mes después, el entonces director blanco Felipe Algorta coordinó una reunión en la Gerencia de Generación en la que la Fuerza Aérea propuso comprar esos vehículos no tripulados para usarlos de forma conjunta.
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Luego de esas conversaciones, UTE inició un llamado a licitación para adquirir el dron especializado, un proceso que finalizó en agosto de 2022, con una única adjudicataria, a la que iba a pagar US$ 750.000: la sociedad anónima Lunacar, subsidiaria de Vertical Skies. Todavía faltaban meses para que se supiera que esa empresa estaba vinculada al caso del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano; en diciembre, la diaria informó que Vertical Skies estaba acusada de espionaje a los legisladores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara.
Desde entonces, y durante seis meses, la compra del dron pasó a ser un tema de discusión entre los directores de UTE. La representante por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, inició un “periplo” de solicitudes de información, que finalizaron en la recesión del contrato con Lunacar, por el incumplimiento en la entrega del dron. Con esto, la empresa pública dio por finalizado el tema; sin embargo, el directorio volverá a tratarlo en las próximas semanas.
Lunacar recurrió la resolución del directorio que dejó sin efecto la adquisición del dron, dijeron a Búsqueda fuentes de UTE. La empresa alega que no había podido entregar el aparato por razones de “fuerza mayor” y porque el ente no había completado un formulario exigido para retirarlo de la Unión Europea, señalaron. En conversaciones informales con jerarcas de UTE, Lunacar transmitió que la guerra entre Rusia y Ucrania había afectado la entrega de un material necesario para un dron.
Según las fuentes, los argumentos que utilizó la empresa fueron similares a los que esgrimió cuando UTE la intimó a entregar el dron, una vez cumplidos los plazos establecidos.
“Inmensa injusticia”
En la respuesta a la intimación que le hizo UTE exigiéndole que entregase el dron –a la que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información pública–, Lunacar afirma que la entrega no se dio a tiempo porque la comunicación con UTE “dejó de ser fluida” y hubo “ciertos obstáculos”, en particular por las “dificultades para obtener” los documentos necesarios para cumplir con las “formalidades requeridas para la exportación del dron desde España”.
El caso Astesiano es “absolutamente ajeno a este asunto” y a Lunacar, señala en el escrito su representante, Gabriel Lamas. Ese “hecho de pública notoriedad”, como lo define, “no se puede ignorar” e “influyó decisivamente en el evidente cambio de actitud” de UTE respecto de la adjudicación. Agrega que hubo un “incontestable” impacto por la publicación de “ciertas comunicaciones” de Astesiano con el ex gerente general de Lunacar, quien “actuó en dicha instancia en forma personal, sin involucrar a la empresa”. El representante de la empresa destaca que ese ejecutivo fue desvinculado tras esos dichos.
La empresa señala que este incidente significó una “inmensa injusticia” y afirma que se “ha aguantado estoicamente el descrédito en el que se vio inmersa”. La “presión muy fuerte” que provocó el caso Astesiano “contribuye a este desenlace”, insiste en el escrito de respuesta a la intimación.
El texto llegará en los próximos días al directorio, que deberá resolver si da lugar o no a ese recurso.
Dron inadecuado
Una vez adjudicada la licitación, UTE recibió una carta de Diesel Motors, otra de las oferentes, que cuestiona la adjudicación a Lunacar que quedó sin efecto. Según afirma, Lunacar “no cumple con los requisitos de una plataforma aérea para la inspección de sensores de líneas eléctricas de media y alta tensión”. El dron que UTE iba a comprarle a esa empresa está pensado para operaciones de vigilancia de carácter policial o militar, o de equipos de supervivencia, pero no se conocen ejemplos de uso en trabajos de inspección de líneas eléctricas, afirma en la carta, a la que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información. La compra del vehículo no tripulado tiene un nivel de riesgo “elevado”, agrega Diesel Motors. El equipo es de “una compleja operación” e implica “un costo mayor” que otras alternativas, señala.
En otro documento que Diesel Motors envió unos días antes afirma que la oferta de Lunacar no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la licitación, lo que hace que no sea admisible. Además, consideró que la oferta económica de esa empresa presenta una “diferencia sensiblemente alta en precios” comparada con la suya.
El blanco Felipe Algorta, quien en julio renunció como director de UTE, dijo en la diaria el miércoles 30, que es “disparatado” afirmar que el dron no servía para inspeccionar las líneas eléctricas. “Era parte del acuerdo: que le sirva a UTE pero que también le sirva a la Fuerza Aérea”, sostuvo el actual diputado.
Algorta agregó que la compra “no pasó por el directorio” y dijo “no estar en los detalles” de la adquisición, que quedó sin efecto.
