En los 15 años desde que la ley está vigente, lo que incluye tres procesos electorales, la Corte Electoral nunca investigó de oficio presuntas irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales denunciadas por los medios. El organismo, de hecho, solo realiza un análisis formal de la información financiera que recibe de los partidos políticos sin contrastarla con documentación que la respalde, según un análisis de decenas de expedientes de la Corte que obtuvo Búsqueda a partir de un pedido de acceso a la información pública.
La Ley 18.485 obliga a los partidos a llevar registros contables de todas las contribuciones que reciban para la campaña electoral y también de los gastos efectuados, recolectando además la documentación respaldatoria. La norma establece límites a la cantidad de dinero que puede ser donado de manera individual, anónima y por empresas. También prohíbe a los partidos recibir apoyo económico, entre otros, de gobiernos extranjeros, empresas adjudicatarias de obra pública, gremios.
En los expedientes entregados surge que en la elección del 2009, primera en la que se aplicó la ley, la Corte Electoral intimó a los responsables de varias listas a que presentaran las rendiciones de cuentas, aunque en ocasiones, dado que era la primera experiencia, se tuvo flexibilidad sobre los procedimientos empleados por los partidos para cumplir con las exigencias. No hay mención en ningún expediente acerca de un análisis exhaustivo de lo presentado.
En las elecciones nacionales del 2014 los ingresos declarados por todas las listas de todos los partidos para la primera vuelta ascendieron a US$ 29,1 millones, según el estudio Ingresos y gastos de las campañas en 2014 elaborado por los investigadores de la Universidad Católica Rafael Piñeiro, Cecilia Rossel y Santiago Acuña. Los gastos declarados fueron US$ 26,9 millones.
Esos datos surgen de las rendiciones de cuentas que presentaron los partidos a la Corte Electoral. Un documento del Departamento de Contaduría dirigido a los ministros explica el alcance del escrutinio desarrollado sobre ese dinero. “Los controles efectuados sobre las rendiciones de cuentas, de acuerdo a lo establecido por la Corte Electoral, fueron: 1) Verificar que las listas que obtuvieron votos tengan declarados los ingresos públicos. 2) Controlar que las donaciones anónimas que se declaren no excedan los límites legales (4.000 UI y el 15% del total de los ingresos). 3) Controlar en lo posible que los gastos correspondan a la campaña electoral y se expongan en forma similar al esquema establecido por la Corte electoral”.
El informe aclara que la contaduría, a la hora del análisis descrito, “solo tiene a la vista la rendición de cuentas y no la documentación que respalde lo que se está declarando. Se deja constancia de que en base a la información y recursos que se dispone son los únicos controles que pueden realizar”. El documento recuerda que la corte, si así lo definiera, podría investigar de oficio y hasta solicitar a la Justicia que se levante el secreto bancario.
En el ciclo electoral de 2019 también se movieron millones y tampoco hubo expedientes abiertos sobre el contenido de las rendiciones de cuentas. En la respuesta a Búsqueda, la Corte Electoral dijo que se creó una oficina “con un solo funcionario del Departamento de Contaduría y con cinco funcionarios de la Oficina Nacional Electoral” para procesar la documentación recibida. Una vez terminada la tarea, ese equipo volvió a sus funciones habituales.
El presidente de la Corte, Wilfredo Penco, declaró a Búsqueda que el organismo cumple con lo que le exige la ley: recibe los presupuestos iniciales de la campaña, las rendiciones de cuentas posteriores, las publica, guarda los libros de contabilidad e informa al Banco República cuando hay incumplimientos para cobrar multas. “La ley no ordena hacer auditorías”, subrayó. Y añadió que no tienen los recursos necesarios para esa tarea.
Raúl Sendic camino al Juzgado, 2017. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
La única investigación
El organismo investigó solo una vez un caso de posible financiamiento ilegal y fue a partir de una denuncia que presentó la organización Uruguay Transparente. Esa denuncia, presentada en 2014, estaba basada en una investigación periodística de Sudestada publicada en agosto de ese año. El artículo informaba que en la campaña de 2009 los empresarios Martín y Eduardo Eurnekian, dueños de la concesionaria del Aeropuerto de Carrasco, y Paolo Rocca, titular del grupo Techint, donaron en total más de $ 1 millón.
Tras analizar el caso, la Corte decidió que no había violación a las normas en el caso de la familia Eurnekian porque se realizó la donación a título personal y no de las empresas que poseen. También decidió que no hubo incumplimiento en el caso de Techint porque, si bien el aporte fue de una empresa vinculada al grupo, no era la que tenía negocios con el Estado uruguayo.
El aporte a Sendic
Otra instancia en la que debió revisar una donación fue a pedido del Parlamento. En mayo del 2018, la comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales, desde el año 1999 hasta el año 2015, consultó a la Corte Electoral “si existe algún aporte irregular a la campaña de la Lista 711, en especial dos aportes realizados, uno previo al período electoral y otro durante el mismo (período electoral), por Selger S.A.”
El planteo surgió a partir de una intervención en la comisión de la periodista Patricia Madrid, quien recordó que en el libro Sendic. La carrera del hijo pródigo informaron que la Lista 711 había recibido US$ 67.000 de Selger S.A., cuyo titular era un empresario paraguayo. En la rendición de cuentas del grupo, entonces liderado por Raúl Sendic, estaba declarada la mitad del monto.
La consulta del Parlamento a la Corte llegó el 23 de mayo y fue resuelta el 8 de junio. El informe del área de Contaduría indica que revisaron las rendiciones de cuentas de la Lista 711 para los procesos electorales y que “figura dentro del financiamiento privado” un aporte “por la firma Selger S.A. por un monto de $ 851.000”.
“El referido aporte está dentro de los límites establecidos en el artículo 31 de la Ley 18.485 del 1° de mayo de 2009 (tope 300.000 unidades indexadas). Esta Dirección de Contaduría no tiene ningún indicio que le permita afirmar que se trata de ‘algún aporte irregular a la campaña de la Lista 711’ como se expresa en la consulta realizada por la Cámara de Representantes”, concluye el informe.
Juan Sartori en el Parlamento, 2023. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
No investigar
En los casos en los que no recibe una denuncia formal de algo que haya sido publicado en los medios, la Corte Electoral ha tenido como política no investigar de oficio. En mayo del 2020, el programa radial No toquen nada informó que Cabildo Abierto había recibido una donación de Colier S.A., una empresa que tiene una concesión de obra pública a través de una de sus subsidiarias.
El entonces presidente de la Corte Electoral, José Arocena (fallecido en noviembre del 2023), dijo que los ministros discutieron el tema, pero resolvieron no actuar de oficio, según informó el portal 180. Fundamentó su decisión en la falta de capacidad del organismo para controlar lo que se publica en los medios.
En diciembre de 2020, Búsqueda recibió una respuesta similar de un integrante de la Corte después de que informara sobre posibles irregularidades en las rendiciones de cuentas presentadas por listas del sector del senador Juan Sartori.
El diputado Pablo Viana presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública una declaración jurada en la que informó que el diputado Álvaro Dastugue y el entonces dirigente sartorista Adolfo Varela le debían dinero que les había prestado para financiar la campaña de las elecciones nacionales. A Dastugue le prestó $ 1.516.640 y a Varela, $ 758.320. Consultado entonces por Búsqueda, Viana dijo que se trató de “préstamos personales” que les dio a sus dos compañeros de sector. Explicó que en la “segunda etapa” de la campaña, de cara a las elecciones nacionales, los dos dirigentes “se quedaron cortos” de dinero. “La realidad es que los fondos de la campaña ya estaban agotados. Juan ya en la segunda parte de la campaña invirtió menos, digamos luego de las internas, y yo les facilité ese dinero tanto a Adolfo como a Álvaro”.
En las planillas entregadas a la Corte Electoral, la Lista 880 de Canelones, que llevó a Dastugue a diputado, declaró como ingresos una “donación personal” de $ 1.206.672 hecha por Sartori, fechada el 30 de setiembre del 2020, y la “contribución” estatal por voto válido ($ 5.784.263).
Consultado por Búsqueda acerca del criterio de no actuar de oficio, Penco se mostró sorprendido y dijo que no es la posición formal de la Corte.
El presidente del organismo sostuvo que la ley que regula el financiamiento de las campañas necesita cambios y que “debe ser mejorada”. Penco recordó que el sistema político no logró aún ponerse de acuerdo en la aprobación de un proyecto que incluiría varios cambios al sistema, entre ellos, que el Tribunal de Cuentas esté a cargo de auditar las rendiciones de cuentas que recibe la Corte Electoral.
Información Nacional
2024-02-28T22:09:00
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