“La competitividad del sector agropecuario no la vamos a transformar simplemente con medidas puntuales y de impacto relativo, como subsidios a los combustibles, a la electricidad o ante fenómenos climáticos extremos, sino con medidas más de fondo que incrementen la competitividad estructural del sector”, aseguraron a Búsqueda desde el equipo técnico del candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez.
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Durante una recorrida por el departamento de San José, el viernes 23, Martínez presentó al equipo para el agro de la candidatura frenteamplista, que tiene como vocero al agrónomo Jorge Marzaroli, que actualmente se desempeña como director de la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Figuran además varios técnicos que están o estuvieron en esa cartera y que fueron promovidos por Tabaré Aguerre cuando era el ministro, como Mariana Hill (extitular de la Dirección de Recursos Naturales y actualmente vicepresidenta del INIA), Federico Montes (director de Servicios Agrícolas), Inocencio Bertoni (extitular de Servicios Agrícolas) y Rodolfo Camarosano (director de Asuntos Internacionales). El exdecano de la Facultad de Agronomía y actual director de Recursos Naturales del MGAP, Federico García Prechác, también forma parte de ese equipo junto a cuatro productores: Antonio Castro (tambero de San José), Fernando Andrade (productor de cerdos de Canelones), Hérico Ferreira (productor hortícola de Salto), y Roberto Ceriani (tambero de Paysandú).
Tres ideas
Una de las propuestas del equipo sobre agro de Martínez es “incidir en los mecanismos de formación de precios internos” en aquellos productos “que no están en competencia con el resto del mundo”, adelantaron.
Señalaron que “eso está vinculado, por un lado, con la gestión del Estado”, mientras que el “otro instrumento fundamental para controlar los precios internos es el de la regulación y la defensa de la competencia”.
“Para lograr cambios en los precios de sectores como el transporte, los combustibles, la energía, pero también la salud, la educación u otros, estos instrumentos de política pública deben mejorarse fuertemente”, indicaron.
En relación con las tarifas de los servicios públicos, “nos comprometemos a definir una paramétrica transparente que incluya costos de empresa eficiente, incluyendo naturalmente las utilidades que corresponden al accionista como en una concesión a una empresa privada”, plantearon. Y acotaron que “esas utilidades deberán ser un porcentaje fijo de la facturación de las empresas”.
Otro aspecto que analizan los técnicos frenteamplistas es que para mejorar la competitividad hay que seguir aumentando la productividad.
Reconocen que “en ciertos sectores, como el arrocero, no hay mucho margen para incorporar innovación tecnológica, pero en otros, como la lechería y la ganadería, y en menor medida en el sector agrícola, es necesario”.
Hay que “impulsar la excelencia y la innovación, de la mano del cuidado ambiental”, destacaron. Y en ese sentido consideraron que “innovar también implica nuevas prácticas empresariales”, como el “uso de instrumentos de cobertura de riesgos, particularmente seguros de riesgo climático, seguros de tipo de cambio y de precios internacionales, para lo cual el gobierno va a colaborar”.
La tercera prioridad pasa por “ingresar a los mercados con los menores aranceles aduaneros posibles, que afectan particularmente a la carne bovina”.
“No estamos en contra de los tratados de libre comercio, pero tampoco creemos que sean el fin en sí mismo”, acotaron.
Argumentaron que “el sector agropecuario primario uruguayo está bien preparado para competir en mercados abiertos, pero muchos otros sectores de la economía no lo están y abrir precipitadamente los mercados generaría impactos sociales muy negativos”.
Impuestos.
El sector agropecuario tiene un tratamiento tributario y de aportes sociales “bien particular”, en la medida que “existen varias excepciones a la norma general”, consideraron los técnicos de la candidatura del Frente Amplio.
Indicaron que “la gran mayoría de los productores agropecuarios tienen un tratamiento muy favorable dado que pagan el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) en lugar del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y están exonerados de Impuesto al Patrimonio”.
“Los grandes productores, en cambio, sí están gravados por el régimen general”, señalaron.
Consideraron que “en términos globales, la presión tributaria sobre el agro no ha tenido cambios significativos en los últimos cuatro o cinco años, permaneciendo alrededor del 8%”. Eso muestra que “la estructura tributaria sobre el sector agropecuario acompaña los vaivenes del sector, dado que hace cinco años los precios internacionales eran muy superiores a los actuales y, sin embargo, la carga tributaria en el sector continúa en el mismo porcentaje relativo”, argumentaron.
No obstante, los técnicos comentaron que “sin aumentar la carga global, es posible analizar impuestos más inteligentes, apuntando a promover un modelo de desarrollo en el que la innovación, la incorporación de tecnología y el cuidado ambiental estén en el centro”.
En línea con las políticas de los gobiernos frenteamplistas, los técnicos del grupo del agro resaltaron los planes para la producción familiar y el fortalecimiento del sistema cooperativo.
“Las políticas diferenciadas para la producción familiar seguirán siendo centrales”, con el objetivo de “mejorar la competitividad” del sector y “asegurar calidad de vida” a los habitantes del medio rural, señalaron.
Consideraron que es “clave” priorizar el desarrollo territorial y el asociativismo como instrumentos centrales que generan acceso y escala en insumos, servicios y productos.
El Frente Amplio “promoverá en forma prioritaria políticas de inserción de jóvenes en el medio rural y la jerarquización de la mujer rural y su rol clave en el sector, a través de la implementación de políticas de equidad que les permita desarrollarse activamente en el ámbito rural, que supongan la superación de las históricas desigualdades de género, étnico-raciales y territoriales”, indicaron.
En cuanto al endeudamiento del agro, los técnicos reconocieron que, “si bien ha aumentado, el mismo está en una situación ajustada pero no crítica en promedio, con un Banco República sólido y con disposición a analizar las situaciones que lo ameriten”.
En los sectores como la lechería incluso se está en plena etapa de reestructuración de deudas, con apoyos a través de un fondo específico que permitirá continuar apoyando a los productores, recordaron.
Manifestaron la intención de “impulsar formas innovadoras de financiación, que combinen líneas a largo plazo con fondos de contingencia”.
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