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Fiscal Gómez pedirá al Parlamento que analice crear sanción para abogados que filtran datos
El Ministerio Público estudia implementar un sistema de “trazabilidad” de los documentos de las carpetas investigativas y quitar de ellas información de terceras personas no vinculadas directamente a los hechos que se indagan
Fiscalía en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
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La Operación Océano, el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, el del narcotraficante Sebastián Marset y el del exsenador Gustavo Penadés fueron cuatro grandes investigaciones que tuvo que llevar adelante la Fiscalía y cuatro ejemplos de los inconvenientes que pueden provocar las filtraciones de información de las carpetas investigativas. En todos ellos se hicieron públicos audios, chats de WhatsApp y datos cuando estaban reservados.
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Por esta problemática y a raíz de la filtración de mensajes entre la fiscal de Delitos Sexuales de 6º turno, Alicia Ghione, y terceros relacionados con la indagatoria que involucra a Penadés “que derivó en una investigación interna” el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, deberá enfrentar un llamado a la Comisión de Constitución de Diputados, prevista para el próximo miércoles 8 de noviembre.
Sobre las filtraciones del caso en cuestión, la Fiscalía no tiene elementos aún para atribuir responsabilidades.
En la instancia parlamentaria, el director general del Ministerio Público responderá las consultas de legisladores sobre el funcionamiento del sistema y volverá a referirse a las dificultades que existen para identificar la fuente de las filtraciones por la cantidad de personas que pueden acceder a las carpetas, según la legislación. Están habilitados a ingresar los fiscales, la policía, los imputados y sus abogados, así como las víctimas y sus defensas.
No pueden acceder a ella los jueces ni personas ajenas al caso. La intención de esas disposiciones es dar garantías a la defensa de los involucrados en un juicio y aportar transparencia sobre el trabajo que realizan quienes dirigen las indagatorias.
Los únicos que pueden ser sancionados penalmente por violación de secreto son los funcionarios públicos, es decir los fiscales o funcionarios del Ministerio del Interior.
En el Parlamento, según indicaron a Búsqueda fuentes de Fiscalía, Gómez planteará a los legisladores que analicen impulsar una normativa que permita sancionar a los abogados que difundan información bajo reserva como parte de la estrategia de la defensa.
Esta posibilidad había sido planteada por varios fiscales consultados en el marco de las filtraciones del caso Astesiano, porque si bien destacan la importancia del derecho a informar de los periodistas que acceden a información de interés público, señalan que su fuga se vuelve un problema cuando se da en plena investigación.
La preocupación también se funda en las consecuencias que las filtraciones pueden tener en terceros que no están vinculados directamente a los hechos delictivos que se indagan. Atendiendo a eso, la Fiscalía evalúa crear un protocolo de actuación específico, que “excluya” las comunicaciones que no refieren a los casos. La problemática radica en que en caso de tomar estado público comienza un “juicio paralelo” al de la Justicia, que se condena socialmente a personas sin evidencia y eso atenta contra su principio de inocencia. Por ejemplo, en interceptaciones telefónicas, que solo estén disponibles los intercambios vinculados a lo que se investiga.
Otra de las cuestiones que estudian los técnicos de la Fiscalía es la posibilidad de desarrollar un sistema de “trazabilidad” de los documentos integrados a las carpetas investigativas, que permita individualizar la información que se entrega a los distintos actores y así facilitar el trabajo de determinar la responsabilidad en caso de que ocurran filtraciones.
