Funcionarios judiciales denuncian ante la CIDH “extorsión” del gobierno para que renuncien a su reclamo salarial

Para los funcionarios se trata de una “extorsión legal” que merece el “más absoluto rechazo desde que avasalla flagrantemente los principios de separación de poderes, igualdad y no discriminación, propiedad, tutela jurisdiccional efectiva e independencia judicial”. Así lo plantearon en un escrito presentado la semana pasada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que desde 2017 analiza una denuncia contra el Estado uruguayo por el no cumplimiento de las sentencias judiciales que reconocieron la deuda salarial.

Independencia judicial

El reclamo de los gremios judiciales se originó luego de que el entonces presidente Mujica (Frente Amplio) resolviera aumentar en la Ley de Presupuesto de 2011-2015 los salarios de los ministros de Estado en 26%, para igualarlos con los de los senadores. A raíz de eso se produjeron de forma automática otros aumentos, como los salarios de la SCJ, que están equiparados a los de los ministros de Estado y que, a su vez, son la base que determina toda la escala de sueldos del Poder Judicial.

Las sucesivas leyes que intentaron subsanar el error fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, y el asunto derivó en un largo conflicto salarial con los gremios judiciales. Ante la negativa del gobierno de reconocerles un aumento que había otorgado de forma involuntaria, varios jueces, funcionarios y fiscales iniciaron juicios, mientras que la mayoría optó por firmar un convenio que les reconoció un incremento del entorno del 18%.

Los que insistieron por la vía judicial consiguieron sentencias favorables que ordenaron al Ejecutivo a pagar, pero los fallos no fueron acatados por el gobierno. Ante esa situación, en marzo de 2017 un grupo de funcionarios resolvió acudir ante la CIDH para denunciar al Estado Uruguayo. La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos que se ocupa de monitorear que los países miembros respeten los derechos humanos de sus habitantes.

La petición era “el corolario de una serie de decisiones gubernamentales” que afectaron “la independencia del Poder Judicial, la remuneración de sus funcionarios y el cumplimiento de sentencias judiciales firmes por parte del Poder Ejecutivo”, indicó el abogado Donnángelo ante la CIDH. Según la denuncia, al desaplicar el artículo de la Ley Orgánica de la Judicatura Nº 15.750, que equipara las remuneraciones de los ministros de la Corte con las de los ministros de gobierno, el gobierno adoptó “una conducta regresiva que impacta negativamente en uno de los elementos que contribuyen a la independencia del Poder Judicial”, que es que los salarios de sus integrantes “tengan un anclaje” en los de determinados funcionarios gubernamentales, de manera de evitar que “deban negociar sobre sus propias retribuciones en cada período de gobierno”.

Además, la denuncia planteó que el Estado fue condenando a abonar la diferencia salarial y optó por incumplir las sentencias e incluso sancionó una ley (Nº 19.355) que lo habilitó a decidir en qué instancia presupuestal pagaría los fallos derivados de reclamaciones salariales.

La CIDH abrió a trámite la petición y procuró lograr una solución amistosa con el Estado. Con la llegada de un nuevo gobierno liderado por el Partido Nacional, el grupo de funcionarios renovó sus expectativas de llegar a un acuerdo. Como en 2020 se aprobaría el Presupuesto para el quinquenio, el abogado Donnángelo presentó un derecho de petición ante el Poder Judicial, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía para solicitar que se incluyeran “los rubros necesarios para dar cumplimiento a la sentencia judicial pendiente de cobro desde el año 2015”.

El planteo pareció ser escuchado porque el dinero fue previsto en el proyecto de ley de Presupuesto, pero el asunto terminó dándose vuelta con los cambios que se hicieron en el Parlamento a la redacción final de la norma.

“Chantaje”

En el escrito presentado este mes en la CIDH los funcionarios afirmaron que la Ley de Presupuesto los “extorsiona” para que se resignen a cobrar parte de la deuda, que se reconoce solo hasta junio de 2019, o de lo contrario “verán congeladas sus remuneraciones y no percibirán pago alguno derivado de la sentencia judicial incumplida”.

“Las presuntas víctimas no solo no cobran la sentencia judicial, sino que además como represalia por no avenirse a la extorsión que supone el articulado aprobado, no van a acceder a ninguna de las actualizaciones y aumentos salariales previstos para la totalidad de los funcionarios judiciales para los años 2022, 2023 y 2024”, dice el documento, al que accedió Búsqueda.

“El mensaje es el siguiente: Si no aceptás lo que propongo, no cobrarás la sentencia judicial y, además, tampoco voy a concederte ningún aumento salarial”, dijo Donnángelo.

“Las normas recientemente aprobadas contravienen flagrantemente la Constitución de la República y convenios internacionales suscritos por el Estado uruguayo”, afirma el escrito.

“El Estado ha vuelto a exteriorizar su intención inapelable de no cumplir con una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada hace más de cinco años. Así como las anteriores —denunciadas ante esta Ilustre Comisión— esta es una maniobra del Estado para sustraerse al pago de una sentencia judicial firme, chantajeando por segunda vez a las presuntas víctimas con que si no aceptan cobrar solo una parte de lo que debe pagar, sufrirán las consecuencias descritas”, añade.

Y concluye que pese a que la Ley de Presupuesto “era la instancia constitucional pertinente para subsanar” el problema, hoy “podemos afirmar —no sin cierta sorpresa aún— que el Estado uruguayo hace 10 años que viene desaplicando una norma legal que constituye uno de los pilares de la independencia judicial”.