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GACH de seguridad pide aumentar el presupuesto para medidas alternativas a la prisión de forma urgente y significativa
Sugiere incorporar 215 funcionarios en la oficina que supervisa las penas con libertad asistida, que hoy cuenta solo con 17 técnicos y no cumple “ninguno” de sus objetivos, “ni siquiera de manera parcial”
La población carcelaria de Uruguay supera largamente las 14.000 personas. Javier Calvelo / adhocFOTOS
La población carcelaria de Uruguay supera largamente las 14.000 personas, con una tasa de 400 reclusos por cada 100.000 habitantes, que es la más alta de América del Sur y una de las 12 más altas del mundo. Para el Ministerio del Interior, el número en constante crecimiento muestra la eficiencia de la Policía en atrapar a los delincuentes, pero al mismo tiempo le deja una olla en ebullición cada vez más desbordada. Muertes, enfrentamientos, hacinamiento y una escasa posibilidad de recuperación obligaron a que, a partir de la Ley de Urgente Consideración, el ministro Luis Alberto Heber conformara un Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario que desde hace más de un año lo asesora en temas penitenciarios y criminales.
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El primer informe de este organismo es tajante respecto a la debilidad del sistema penitenciario uruguayo: reclama dejar de creer que las penas más duras contribuyen a bajar los delitos y que la construcción de más cárceles resolverá las malas condiciones de vida de los reclusos. Por el contrario, el grupo pide invertir notablemente en medidas alternativas a la prisión, como el arresto domiciliario y las tareas comunitarias, para salir del pozo de rehabilitación de prisioneros en el que se encuentra el país.
A recomendación de este organismo, el ministerio ya incluyó el artículo 125 en la última Rendición de Cuentas, que transforma a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) en una dirección nacional, lo que dotará de mayor peso institucional a la institución encargada de monitorear las medidas alternativas. Este punto forma parte de un informe de 14 páginas enviado en junio a Heber, al cual accedió Búsqueda y donde se insiste en salir de una mirada puramente carcelaria.
“La prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia porque con frecuencia, esta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de reclusión, generando riesgos en la seguridad de las personas privadas de libertad y de la sociedad”, dice el documento.
El grupo asesor, que en una oportunidad fue denominado coloquialmente por Heber como “una suerte de GACH”, sostiene que debe imponerse en Uruguay el desarrollo de formas alternativas de cumplimiento de las sanciones porque constituyen un medio fundamental para luchar contra la sobrepoblación y dar una respuesta judicial más adecuada para la reinserción social de los condenados. “No queda otro camino que recurrir a otro tipo de soluciones que no impliquen la prisionización”, afirma.
De acuerdo a este organismo asesor, la evidencia y bibliografía internacional muestran que las medidas alternativas al encarcelamiento reducen las tasas de reincidencia más que la privación de la libertad, ya que atienden específicamente las razones por las cuales las personas cometen delitos. También son una ventaja económica para los gobiernos, ya que es menos costoso ordenar sentencias no privativas de libertad que encarcelar a una persona.
El GACH en seguridad es coordinado por la presidenta del Directorio de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, Martha Valfre. Además lo integran el comisario mayor Luis Rodríguez de León; Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que funciona en el Ministerio del Interior; los sociólogos María Noel Sommers y Nicolás Trajtenberg, y la psicóloga Natalia Bonilla.
Parte de la argumentación para defender las medidas alternativas se basa en experiencias con buenos resultados en distintos países y con gobiernos de toda índole. “Los ejemplos exitosos no solo están en Europa Occidental, sino también en países más cercanos en términos culturales, como Chile o el estado de Texas. Está acreditado a nivel mundial como la forma de descomprimir los sistemas carcelarios”, valoran. Sin embargo, aseguran que en Uruguay hay una “implementación incorrecta” de esta herramienta, lo que determina que exista una “visión adversa” sobre ella.
Para cambiar esta posición, sostienen, es necesario dejar de caer en “falacias” como que a mayores penas se reduce el delito y que las medidas alternativas suponen dejar libres a los delincuentes. “No hay un análisis predelictual por parte de los futuros delincuentes sobre la pena que les puede recaer, por lo que el aumento de la penas no disuade”, indica el informe.
También cuestiona la estrategia del Estado para atacar la densidad poblacional y el “hacinamiento crítico” actual del sistema penitenciario, donde alrededor del 90% de las personas privadas de libertad están alojadas en unidades de internación “inadecuadas” para su resocialización. A partir de entrevistas con jerarcas del gobierno en seguridad pública realizadas para el informe, el GACH concluye que es equivocado el camino de atender el crecimiento poblacional a través de la construcción de nuevas plazas y unidades.
“Se trata de una opción insostenible en el mediano y largo plazo, no solo por sus altos costos económicos, sino porque termina siendo contraproducente y empeorando el problema que se pretendía resolver: la reincidencia. Además, los tiempos naturales de construcción no se condicen con el ritmo al que crece el número de personas privadas de libertad en nuestro país”, escribieron.
Entre los entrevistados estuvieron Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); Lourdes Salinas, subdirectora nacional técnica del INR; Marcio Dávila, director de la OSLA, y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.
Luis Alberto Heber. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Perfiles
Creada en el 2010, la OSLA es responsable de supervisar el cumplimiento de las medidas alternativas dispuestas por la Justicia a personas mayores de 18 años. A mayo de 2022 la oficina tenía a su cargo 18.305 medidas, de las cuales 5.285 se encontraban a la espera de resolución judicial. De las 13.020 medidas activas, 3.362 estaban en proceso de asignación y 9.658 efectivamente bajo supervisión técnica. De estas 9.658 medidas supervisadas, 1.060 correspondían a arrestos y prisiones domiciliarias.
La oficina cuenta actualmente con 17 técnicos —psicólogos, trabajadores sociales y operadores penitenciarios— para supervisar las medidas alternativas, mientras que el GACH estima que es necesario un supervisor técnico cada 40 medidas, lo que implica sumar a 215 funcionarios más. “Las medidas alternativas solo pueden ser una alternativa viable a la prisión, sin generar un riesgo a la seguridad pública, si se aumentan significativamente los recursos humanos y materiales con los que se gestionan. Con 17 técnicos no es posible concretar ninguno de los objetivos de la OSLA, ni siquiera de manera parcial. No solo es urgente multiplicar este recurso, sino que deben ser técnicos dotados del perfil adecuado. Es decir, con formación en trabajo de cárceles”, apunta el grupo asesor
Más allá de la incorporación de recursos humanos, recomiendan a Heber aumentar los móviles con los que cuenta la OSLA para realizar traslados judiciales y supervisar los arrestos y prisiones domiciliarias. La oficina cuenta hoy con tres autos, dos de los cuales están en reparación. Además, sugieren promover la creación de una mesa con representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el INR para elaborar un protocolo de “perfiles criminológicos de riesgo de reincidencia delictiva” que permita a los jueces saber cuáles son las personas adecuadas para el cumplimiento de medidas alternativas.
