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Río de Janeiro. (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). El diputado Henry Ramos se puso de pie en la tarde del martes 16 para pronunciar, micrófono en mano, uno de sus discursos más encendidos desde que asumiera la Presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela el mes pasado, en nombre de una oposición que controla el legislativo por primera vez tras 17 años de hegemonía chavista. Sus palabras en el hemiciclo fueron por momentos de denuncia, como cuando cuestionó la “imparcialidad” de algunos magistrados. En ocasiones generaron risas, como cuando le espetó a un legislador oficialista: “Contigo no se aprende nada; de inteligencia no te vas a morir”. Pero sobre todo, Ramos lanzó un mensaje desafiante al gobierno de Nicolás Maduro, en medio de la crisis económica y política que se intensifica en el país.
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“No ha ocurrido ningún contacto como para que se puedan dar algunos entendimientos para la reconciliación nacional. Ahora, este gobierno en su agonía, solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional, ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles”, dijo Ramos, un veterano político que en 2012 fue electo como uno de los vicepresidentes de la Internacional Socialista. “¡Van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica y electoral!”, gritó.
Poco después, la Asamblea venezolana aprobó en primer debate un proyecto de ley de amnistía que impulsa la oposición y que aún debe ser votado en segunda instancia. La iniciativa busca liberar a decenas de políticos presos, entre ellos Leopoldo López, condenado a 14 años de cárcel por participar en las manifestaciones antigubernamentales de 2014 que terminaron con 43 muertos, y Antonio Ledezma, un ex alcalde de Caracas para quien la fiscalía pidió el lunes 16 años de cárcel, acusándolo de conspiración y asociación para delinquir. Estaba previsto que dos premios Nobel de la Paz, el ex presidente costarricense Óscar Arias y el ex sindicalista polaco Lech Walesa, así como los descendientes de dos sudafricanos laureados con esa distinción —la hija del clérigo Desmond Tutu y el nieto del ex presidente Nelson Mandela— viajaran a Venezuela para expresar su solidaridad con los detenidos.
Pero nada de esto parece que hará cambiar de postura al chavismo, que ya ha anunciado su rechazo al proyecto de ley. El diputado Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, lo calificó como una “continuación del golpe de Estado” y advirtió sin ambages a los legisladores de la oposición: “Pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida, ni ejecutada. ¡No va a haber libertad para los asesinos!”.
El trasfondo de esta polémica es un choque de poderes cada vez más intenso en Venezuela. Diversos analistas dan por descontado que el proyecto de amnistía, una de sus principales promesas de la campaña electoral de la oposición el año pasado, será aprobado finalmente por el Parlamento. Pero advierten que, como anticipó Cabello, la ley nunca conseguirá aplicarse, porque el gobierno usará su influencia sobre el TSJ para detenerlo con el argumento de que viola la Constitución.
“Hay un desconocimiento abierto del gobierno sobre la actuación y la capacidad de la Asamblea: impide que pueda ejecutar básicamente su mandato constitucional, bajo la acusación de intento de golpe de Estado, y con el control total del Tribunal Supremo hace inviable cualquier acción incluso dentro de las competencias constitucionales de la Asamblea”, dijo Luis Vicente León, un analista político venezolano que preside la encuestadora Datanálisis.
“Ya hay planteado un evidente conflicto constitucional, pero un conflicto que desde el punto de vista legal siempre va a ganar el Tribunal, porque es la última instancia no apelable”, agregó en declaraciones a Búsqueda. “Por lo tanto, la oposición no tiene ninguna salida más que una simbólica o radical”.
“Guerra financiera”
Este pulso por el proyecto de amnistía ocurre en un país cada vez más hundido en la crisis. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana caerá 8% este año tras una contracción de 10% en 2015, mientras la inflación aumentará 720%. Ante el desplome del precio del petróleo, que es prácticamente la única fuente de llegada de divisas al país, el gobierno ha echado mano a unas reservas internacionales cada vez más reducidas e imprimió moneda para intentar tapar el gigantesco déficit fiscal, equivalente a un quinto del producto.
En este contexto, han crecido las dudas sobre la capacidad de Venezuela de pagar su deuda soberana, que solo este año costará cerca de U$S 10.000 millones al país. Un cese de pagos desordenado podría impactar en toda América Latina, como ocurrió con el default de Argentina en 2001.
De hecho, la crisis venezolana ya ha causado complicaciones a diversas empresas de la región que tenían negocios con el país y que ahora intentan desde hace meses cobrar deudas o repatriar dinero atrapado en Caracas por el estricto control cambiario del gobierno. Así como los productores lecheros uruguayos aún esperan percibir cerca de U$S 90 millones pendientes de pagos por exportaciones a Venezuela, compañías de países como Brasil, Colombia o Panamá reclaman a Caracas cientos de millones de dólares en gestiones que han involucrado a sus respectivos gobiernos. La lista va desde firmas farmacéuticas hasta aerolíneas.
La falta de divisas, los controles de precios y las expropiaciones de empresas han aumentado la escasez en Venezuela, donde faltan desde alimentos hasta antibióticos. A esto se suma una crisis energética que causa apagones y racionamientos de electricidad en casas y centros comerciales. El ministro de Economía Productiva, Luis Salas, dejó el cargo por “motivos personales” el martes, 39 días después de haber asumido. En su lugar fue designado el empresario chavista Miguel Pérez Abad, una decisión que los analistas vieron como un guiño al sector productivo, pero sin llegar a suponer un cambio de modelo.
El propio Maduro pronunció ayer miércoles 17 un esperado discurso en el que se esperaban novedades en política económica. Desde el inicio repitió la idea de que hay una “guerra financiera internacional” para apoderarse de las riquezas del país. Durante su alocución anticipó una reducción del subsidio a la gasolina, que aumentará significativamente de precio por primera vez en dos décadas, y admitió que se agotó el modelo de control cambiario. Pero diversos observadores coinciden en que faltaron más anuncios de medidas concretas para darle oxígeno a la economía y revertir la crisis.
En Venezuela hubo en las últimas semanas rumores de un eventual pacto de transición entre opositores y chavistas, a partir de supuestas fracturas dentro del oficialismo. El propio Ramos aludió a esto, dirigiéndose a los diputados del gobierno durante su discurso del martes. “Ustedes saben la procesión que tienen por dentro: tres grupos militares conspirando adentro y cuatro grupos en el PSUV cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro”, dijo. Sin embargo, cualquier acuerdo de ese tipo debería incluir necesariamente la amnistía a los políticos presos, cuya viabilidad hoy es al menos dudosa.
Aduciendo que la actitud del gobierno agravará la crisis y puede desatar el caos en las calles, los opositores ya hablan de reducir el mandato de Maduro que concluye en 2019, mediante una enmienda constitucional o un referéndum revocatorio. No se trata de apuestas seguras: la primera opción podría ser impulsada por la Asamblea, pero bloqueada por el TSE. Para activar el referéndum revocatorio al cumplirse la mitad del período de gobierno en abril, se necesitarían 3,9 millones de firmas (20% del padrón electoral), pero muchos sospechan que una petición así moriría en el Consejo Nacional Electoral, que también es acusado de falta de independencia.
De todos modos, el líder opositor Henrique Capriles, que perdió por estrecho margen las elecciones presidenciales de 2013, llamó ayer miércoles a activar la campaña de recolección de firmas para referéndum revocatorio. Falta saber si la heterogénea coalición opositora que triunfó en las legislativas del año pasado apoyará decididamente esta iniciativa como pidió Capriles, gobernador del estado central de Miranda. Pero muchos advierten que en pocas semanas se ha reducido de hechos la agenda con que los disidentes tomaron control de la Asamblea, que incluía medidas económicas, la propuesta de amnistía y acciones para acelerar el cambio político en el país. “Se están quedando solo con la última”, sostuvo León.
