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Cruzando datos sobre el pago de la patente de rodados con la base del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), comenzará a fiscalizarse electrónicamente que se tenga esa póliza paga y, luego de un preaviso, se multará a quienes lo omitan. Ese mecanismo de control quedará reglamentado mediante un decreto que está casi pronto.
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El SOA fue creado hace 15 años por la Ley 18.412 con el fin de lograr la universalidad en la cobertura de las víctimas de accidentes de tránsito, más allá de la existencia de culpa o no. Tenerlo es un requisito para todos los vehículos automotores. Entonces se pensaba que la fiscalización se cumpliría en la vía pública a través del pegotín entregado por las compañías aseguradoras al cliente junto con la póliza para que lo colocaran en el parabrisa o en algún lugar visible de su vehículo. Pero la falta de control fue una falla desde el inicio de la vigencia del SOA, en agosto de 2009.
Una fuente del mercado estimó que más del 30% de las motos y en torno a 8% de los autos y camionetas no tienen el seguro obligatorio al día. Agregó que la recaudación equivalente podría llegar a ser de alrededor de US$ 20 millones al año, aunque aclaró que la “intención no es la de multar” a los infractores.
Varias instituciones —el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el Ministerio del Interior (MI), el Banco de Seguros del Estado (BSE) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea)— han venido trabajando en los últimos años para implementar una herramienta de control más eficiente, y en esa línea se fueron dando pasos.
En 2021, la Ley de Rendición de Cuentas habilitó el cruzamiento de información y determinó que la multa sería equivalente a dos veces el importe promedio del SOA. Ahora, un decreto que reglamenta esa norma está en la “etapa final” en el MI para ser elevado a la firma de Presidencia de la República, dijo a Búsqueda Alejandro Veiroj, director ejecutivo de la Audea.
Aclaró que, como se trata de un nuevo mecanismo de control, se prevé generar un preaviso a quienes no tengan el SOA vigente para que puedan regularizar la situación en cierto plazo, antes de ser multados. Con esta herramienta se “resuelve un tema de justicia”, porque los que pagan el seguro están subsidiando a los que no lo hacen, señaló el ejecutivo.
En la misma dirección, el gerente general del BSE, Raúl Onetto, dijo que si bien la medida tiene un “fin punitorio”, habrá mucha información antes de llegar a la multa, porque el “espíritu” no es recaudatorio.
El decreto también establecerá que lo recaudado por concepto de multa se repartirá entre el MI y la Unasev. Se prevé que el Sucive cobre por gestionar de forma electrónica el sistema.
Para las aseguradoras, la puesta en práctica de este control significará seguramente una reducción del costo que pagan por las indemnizaciones a las víctimas de accidentes que involucran a vehículos sin SOA o que se dan a la fuga y no pueden ser identificados (“coberturas especiales”, en la jerga del sector). Ese monto se ha incrementado año a año por “falta de fiscalización efectiva” y se traslada de alguna manera al precio de las primas, alegó Veiroj.
En todo 2022 las compañías pagaron $ 260 millones (más de US$ 6 millones) correspondientes a 1.133 reclamos; fue un aumento de 24% en el monto y de 7% en la cantidad de casos frente al año anterior, según los datos publicados por el Banco Central (BCU).
“El costo es importante y es relevante que eso se termine para que no paguen justos por pecadores”, dijo Onetto, que proyectó trasladar la mejora del funcionamiento del sistema al precio, en beneficio de los clientes del SOA.
En 2022 la cantidad de contratos celebrados de estas pólizas estuvo por encima de 1,2 millones en total (271.000 para motos y 807.000 para autos y camionetas, entre otros tipos de vehículos). En el mercado, el valor promedio de un SOA para motos ronda los $ 2.500 y para autos, los $ 6.000.
Primer semestre
En la primera mitad de 2023, la actividad del sector asegurador creció: vendió pólizas por el equivalente a US$ 943,6 millones, 2,7% más —en términos reales— que en igual lapso del 2022, calculó Búsqueda a partir de los balances de las compañías publicados por el BCU.
Por ramas, en enero-junio se incrementaron las coberturas de renta vitalicia (6%) que contratan las personas al jubilarse por el sistema de AFAP y que es un monopolio de hecho del BSE. Es la de mayor participación en el mercado (representó 29% de la venta total en el semestre).
Onetto reconoció que se preveía que la venta de ese tipo de póliza tuviera una expansión mayor (de en torno al 12%) y estimó que quizás la discusión de la reforma previsional adelantó la decisión de jubilación de las personas el año pasado.
En otras ramas, se destacó el crecimiento de los seguros de vehículos (11,7%) —que representan un quinto de las ventas totales del sector—, siempre en comparación con los mismos meses de 2022. En ello incidió el buen nivel de ventas de cero kilómetros y el ajuste al alza en el valor de las primas en general.
Lo opuesto sucedió con la facturación del seguro de accidentes de trabajo —monopolio legal del BSE—, que cayó 3%. Eso fue producto de la reducción sucesiva del precio de esa cobertura, una política que implementó la aseguradora estatal y que acumula en los últimos años un 25% de rebaja, dijo Onetto.
También disminuyó la comercialización de coberturas rurales (9%), contra incendio (11%), hurto (8%) y transporte (11%), entre otras pólizas, según surge de los datos informados por el BCU.
En términos de resultados, este año no será tan bueno para las aseguradoras debido a la alta siniestralidad —de las más grandes en la historia para el mercado uruguayo— que ocasionó el déficit hídrico. En el primer semestre las compañías pagaron indemnizaciones por unos US$ 145 millones a los productores del agro que tenían seguros de rendimiento. Veiroj señaló que, en general, el nivel de actividad del sector siguió creciendo a un ritmo bueno, con equilibrio técnico y con una contribución fuerte al impacto de ese evento catastrófico.
El balance del BSE arrojó a junio una pérdida equivalente a US$ 25 millones. “Eso refleja y es consecuencia de los siniestros que pagamos con orgullo al sector agropecuario”, alegó Onetto. Y añadió: “No tendremos la utilidad que preveíamos, pero acabamos de terminar de pagar el siniestro más grande de la historia y en tiempo récord”. El ejecutivo dijo que “lo peor ya pasó” y proyectó que el BSE terminará el año con una “muy razonable” ganancia, aunque no mencionó un monto específico.
