Aguerre fue uno de los titulares de Ganadería que más tiempo se mantuvo en ese cargo, ya que la administración de Tabaré Vázquez resolvió que continúe desempeñando su función en el tercer período de gobierno frenteamplista.
Ese empresario renunció al ministerio en enero de 2018 y en su lugar asumió el entonces subsecretario Enzo Benech, quien fue recientemente reemplazado por Carlos María Uriarte.
El martes 10 el actual titular de Ganadería declaró a periodistas que el Ministerio de Ganadería es “un mal cobrador de lo que da”.
“No estamos preparados para hacerlo en forma eficiente”, reconoció al comentar que mantuvo una reunión con República Microfinanzas para coordinar acciones en ese sentido.
“De ayudas anteriores quedaron 9.000 personas debiendo, y que nosotros no podemos, ni debemos volverle a prestarles mientras no se pongan al día o expresen la voluntad de estar al día”, advirtió.
El registro de Ganadería muestra que hay una mayoría de casos en los que los productores no devolvieron ni un peso de los recursos entregados.
Del total otorgado por el MGAP solo en algunos casos los productores realizaron algún depósito a modo de devolución de la ayuda estatal.
Como una manera de coordinar y organizar los operativos de asistencia, el gobierno aplicó esas acciones mediante alguna organización de productores de cada localidad o departamento. Por ese motivo es que en los registros oficiales se encuentra un listado de sociedades de fomento rural, de asociaciones agropecuarias y de diversas agrupaciones pertenecientes a los centros territoriales a los que pertenecían las explotaciones productivas.
Varias de esas organizaciones a su vez integran otras gremiales “madre” como la Federación Rural (FR), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).
Los datos oficiales indican que hubo depósitos de $ 29,5 millones (US$ 1,3 millones) y se otorgaron vales por $ 191,5 millones (US$ 8,7 millones).
Del total de depósitos realizados por el MGAP en apoyo a los productores, se logró recuperar el 15,4% y queda pendiente de cobro el 84,6%, muestran los registros del Fondo Agropecuario de Emergencias, que fue creado por ley en 2008.
Esa norma legal establece que los apoyos otorgados podrán ser de carácter total o parcialmente reembolsables.
De hecho, el MGAP otorgó raciones y otros insumos que en parte comprendían un subsidio, ya que no todo el monto debía ser reembolsable. Eso quedó establecido siguiendo el criterio de darle preferencia a los pequeños y medianos productores, que fueron calificados como agricultores familiares.
El desorden y el buen pagador
Consultado sobre el tema, el presidente de la FR, Julio Armand Ugón, dijo a Búsqueda que el asunto fue tratado en la interna de esa gremial. “Hay varias cosas no muy claras, como que el Estado no tiene todos los vales, que algunos pagaron y no se les devolvió el vale, otros pagaron y no fueron al Ministerio” a formalizar esa gestión.
“Debemos ir tratando de ver cómo solucionar, ya que es preciso mantener ese fondo”, comentó.
Ese ruralista recordó que en algunos planes de asistencia al productor eran las agremiaciones las que firmaban los vales de compromiso de pago; mientras que en otros casos fueron las intendencias las que cumplieron ese rol. “Ahí hay un poco más de desorden”, consideró Armand Ugón en alusión a los operativos realizados con los gobiernos departamentales.
En tanto, el vicepresidente de la CNFR, Mario Buzzalino, señaló a Búsqueda que “desde los primeros operativos hubo algunos repagos que no salieron bien, sobre todo en algunas organizaciones que habían tenido algunos desórdenes”.
“Eran pequeños montos que luego fueron quedándose hasta que finalmente ya hace unos años el productor que tiene deudas en ese sentido no podía participar en nuevos operativos”, afirmó.
A modo de ejemplo, Buzzalino contó que “en la Junta Nacional de la Granja aparecen deudas de planes de apoyo anteriores y ese productor ya no puede participar” de los próximos programas de asistencia.
Ese tipo de medidas se adoptaron como una manera de “premiar al buen pagador”, indicó. Dijo que eso “hace años que el MGAP lo puso en práctica”, y acotó: “eso lo vemos bien” en la CNFR.
La actual emergencia agropecuaria declarada por un plazo de 60 días abarca a un grupo de seccionales policiales de algunos departamentos del sur, pero Uriarte reconoció la posible ampliación de esa medida hacia otros puntos del país, específicamente al norte, donde en días pasados se registró una ola de calor y hay niveles bajos de agua disponible en el suelo.
La importancia de avanzar en soluciones respecto al endeudamiento acumulado de operativos anteriores pasa justamente en permitir un mayor alcance en las medidas de apoyo al sector agropecuario.
Por el momento, y desde hace más de 10 años, hay miles de productores que quedaron fuera de los programas de asistencia estatal debido a la falta de pagos por las deudas con el Fondo Agropecuario de Emergencias.
Cúmulo de errores
Respecto al asunto en cuestión, el presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Pablo Perdomo, habló con Búsqueda sobre los problemas registrados en la coordinación de los operativos de apoyo del MGAP, especialmente en los primeros que fueron realizados en 2009 y en los siguientes, que se fueron ajustando.
Destacó la intención de los productores de cumplir con los pagos en los casos que correspondían, ya que algunos apoyos no eran reembolsables o lo eran parcialmente, pero que se encontraban con dificultades para hacerlo en las oficinas del Banco República o del Ministerio de Ganadería.
“Muchas empresas cuando se empezó a entregar la ración para los vacunos no tenían claro la operativa, no había un protocolo previsto, ya que la urgencia era tal y había que enviar un camión” para tal o cual localidad, recordó.
Aseguró que “nunca se supo la información de dónde se tenía que pagar y, paralelamente, dónde se levantaban los vales y con qué recibos”.
“Muchas veces la gente quiso pagar en el Banco República o en el Ministerio y no eran aceptados esos pagos”, dijo.
Señaló que algunos productores “entendieron, porque la comunicación no fue bien transmitida, que el apoyo no era reembolsable, eso también ocurrió”.
En ciertas ocasiones “el funcionario del banco no sabía a qué cuenta poner el dinero” que el productor le entregaba a modo de pago por las raciones “porque no estaba previsto o no había sido comunicado”, advirtió Perdomo.
Consideró que “en la cadena hubo muchos eslabones que no estaban claros; entonces ahí hubo un mea culpa de todas las partes, del MGAP, de la coordinación, de las comunicaciones”.
“A veces no coincidía el nombre del productor o la empresa con el número del Registro Único del Contribuyente, y me consta que hubo gente que pagó y que el recibo no decía absolutamente nada, era el sello de un cajero que decía: usted me dio tanta plata”, comentó.
Planteó que “el Banco República no informaba quién había pagado, y el productor tampoco iba al ministerio a pagar, porque en determinado momento se le llegó a pedir a los productores que fueran al MGAP a justificar su pago”.
“Hubo un cúmulo de errores de lo no previsto o de falta de coordinación que generó todo esto”, opinó.
Contó que a las cooperativas, cuando les pidieron (información del gobierno), trataron de hacer un seguimiento porque tienen registrados a los socios y están auditadas.
Perdomo le transmitió a las nuevas autoridades de esa cartera de Estado varios de esos comentarios respecto a las deudas acumuladas en años anteriores. Es que ese asunto fue puesto sobre la mesa por el gobierno entrante en la primera reunión que mantuvo Uriarte con las gremiales agropecuarias el martes 3.
