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    martes 04 de junio de 2024

    Hay una “epidemia” de más de 800.000 personas en “default”, según un estudio

    Investigadores del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales proponen un mecanismo de “bancarrota” para las personas endeudadas y un “crédito Mides” para sectores vulnerables

    Después de haber hurgado en estadísticas del mercado de crédito al consumo y en registros del Mides, investigadores del Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) constataron que desde 2014 alrededor de 2,5 millones uruguayos tuvieron al menos una deuda impaga; que a fin del año pasado había 801.764 personas con más de 90 días de atraso en sus préstamos; y que, de esas, 191.280 eran población vulnerable o pobres endeudados, sobre todo, con empresas financieras, un sector que cobra tasas de interés de hasta 140%. Es una “epidemia” que proponen frenar con un esquema de bancarrota para los individuos y créditos otorgados directamente por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y focalizados en los sectores que ya atiende con sus programas.

    El problema del sobreendeudamiento de ciertos sectores ingresó al debate público en los últimos años a partir de un par de iniciativas legislativas, una de las cuales —la de Cabildo Abierto— derivó en una campaña de recolección de firmas por una “deuda justa” que fracasó en su intento de convocar a un plebiscito con las elecciones de octubre próximo (aunque se entregarán 300.000 buscando que la consulta se haga junto al eventual ballotage de noviembre). Sin consensos en el sistema político, el tema sigue planteado en otros ámbitos.

    Los resultados del estudio Deuda del consumidor y pobreza: la brecha de riesgo de incumplimiento, elaborado por Graciela Sanroman, Fernando Borraz y Lucía Bertoletti, será el disparador de una charla que organizará mañana, viernes 24, el centro de análisis Ágora, en la que también participarán actores del sistema financiero.

    El stock de crédito medido en relación con el Producto Interno Bruto en Uruguay “no parece alocado, pero sí la cantidad de personas” con deudas impagas, afirmó Sanroman conversando con Búsqueda. Otro dato preocupante que observaron es que son préstamos “muy bajos los que llevan a las personas a caer en esta situación” —$ 8.000 (a valores de diciembre pasado) como deuda máxima vigente en el caso de 112.330 personas en “default”—, lo cual “genera un problema en sí mismo: las empresas tienen poco incentivo para recuperar el crédito” en mora, agregó esta profesora de Econometría en la FCS que tiene varias investigaciones relacionadas con las finanzas hogareñas.

    Números del problema

    El análisis de los investigadores del Decon se basó en datos de créditos al consumo de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central, que incluye los tradicionales y los de tarjetas, tanto los concedidos por bancos como por las empresas administradoras de crédito —financieras— más grandes. Dispusieron de información como el monto del préstamo y su estado (deuda vigente, deuda vencida, deuda bajo administración, etcétera), la moneda, la institución prestamista y la categoría de calificación crediticia individual asignada por cada entidad, según la norma.

    A esos datos los cruzaron con registros del Mides relativos a las poblaciones vulnerables (individuos elegibles para el programa Plan de Equidad) y altamente vulnerables (que pueden postularse al programa Tarjeta Uruguay Social —TUS—), que abarcan en cada caso a unos 155.000 y a casi 290.000 adultos.

    Aproximadamente la mitad de esa población de ambos grupos atendida por el Mides se identifica como mujer, en promedio ronda los 36 años y el nivel educativo predominante es la escuela terminada. Alrededor del 50% de estas personas vulnerables o altamente vulnerables tienen un empleo asalariado o por cuenta propia, aunque muchos son inactivos.

    Los investigadores definieron como deudores en “default” a quienes se atrasaron en los pagos en 90 días o más (categorías de crédito 4 o 5, con muy baja posibilidad de recuperar o incobrables). Si una persona tiene una deuda antigua impaga, por ejemplo, al haber tomado un préstamo en enero de 2014 y dejó de pagarlo al poco tiempo pero no lo canceló, aparece en mora aún en los registros de 2023 (a menos que la institución financiera lo hubiera dado a pérdida y ya no lo reporte a la Central del BCU).

    De 2014 a 2023 alrededor del 80% de las personas de sectores vulnerables que tomaron crédito al consumo estuvieron al menos una vez en “default” (75,4% entre los beneficiarios de AFAM y 82,8% entre los que reciben la TUS), una proporción que para el conjunto de la población fue de 50%. A su vez, la incidencia de incumplimiento entre las personas no vulnerables fue de 44%, lo que expone la “brecha de riesgo” con los que sí lo son.

    Las disparidades en las tasas de interés explican alrededor del 30% de esa disparidad.

    Posibles salidas

    Para los economistas del Decon que elaboraron el nuevo estudio, abordar estos temas podría implicar promover iniciativas regulatorias para prácticas “justas” en materia de tasas de interés, mejorar el acceso a la información (ver recuadro) y la educación financiera, además de mecanismos de notificación antes de que un deudor sea ingresado al “Clearing de Informes”. Figurar como morosos en esa base de datos de la empresa Equifax “conlleva a consecuencias graves”, como no poder acceder a garantías de alquiler de una vivienda, sostienen.

    También creen que debería analizarse a fondo la viabilidad de una “solución de mercado” para las poblaciones altamente vulnerables.

    Sanroman dijo que en un mercado de cre´dito al consumo que es “muy asimétrico” —muy concentrado en el lado de la oferta y, del otro, consumidores sin “ninguna posibilidad de coordinación ni negociación”— “no es muy razonable” que las tasas de usura las determinen las propias empresas. Una idea sería anclarlas al costo del dinero, con una fórmula que podría contemplar “la inflación más un porcentaje razonable”, aunque “es parte de lo que hay que discutir”, planteó la economista.

    La papeleta por la “deuda justa” que impulsó Cabildo Abierto incorporaba un nuevo tope a la usura en la Constitución. Para Sanroman, lo propuesto allí suponía “dinamitar” o “incendiar” el sistema financiero.

    Los investigadores piensan que se debe resolver la situación de las más de 800.000 personas en “default”, a la vez que promover cambios en el sistema que prevengan el sobreendeudamiento a futuro. En ese sentido, proponen considerar una legislación que instaure la figura de la bancarrota de las personas físicas, en particular para atender a sectores que no poseen activos. Esto, a diferencia de la reestructuración planteada por los cabildantes, implicaría una declaración de insolvencia, con lo cual la deuda quedaría impaga.

    “Dentro de las 800.000 personas hay muchas que no podrían reestructurar porque no tienen capacidad de pago. Y las 190.000 reciben subsidios del Estado; es evidente que un crédito al 130% es un producto de lujo” para el sector vulnerable, por lo que el camino de la bancarrota debería ser evaluado como una solución más definitiva para su situación, dijo Sanroman.

    “Debería haber un mecanismo por el cual las propias empresas absorban esas pérdidas” como “fruto de una negociación”, propuso. Según ella, dada “la posibilidad (que se les da a las empresas) de operar en un mercado cerrado, de un producto no transable y de alta rentabilidad, el Estado podía establecer determinadas contrapartidas” para atender a quienes están en “default”. Para Sanroman, el problema se podría “empezar a resolver por partes”, dando respuesta a los que cayeron en esa situación por menos de $ 8.000 o que están en los registros de morosos hace más de 10 años. Muchos de esos créditos ya están “castigados” y pasados a pérdida por las empresas que prestan dinero.

    “Hay que revisar los incentivos de las empresas: hoy ofrecen al barrer —me das la cédula y te doy el préstamo— y para ellas no es un grave problema tener niveles de default altos, porque al tener tasas de interés también altas hacen subsidios cruzados entre los que pagan y los que no. Entre las financieras, en torno al 30% de la cartera es default; si cobran una tasa de 130% o 140%, sacar cerca de 90% de rentabilidad, quitando los costos operativos, es interesante”, razonó.

    Según los cálculos de los investigadores del Decon, las pérdidas que deberían asumir los bancos y las financieras grandes en el marco de una solución de ese tipo serían de unos $ 5.335 millones.

    Sostienen que la situación de la población vulnerable endeudada es “dramática” para esas personas, aunque no parecería amenazar la estabilidad del sistema financiero, ya que la suma de las deudas en “default” son 13,8% de la cartera global de créditos al consumo.

    Bertoletti entiende que tan importante como un mecanismo de este tipo que libere a los sectores vulnerables de sus deudas impagas es pensar en cómo evitar que vuelvan a caer en esa situación.

    “El Mides les da transferencias con un diseño por el cual reciben todos los meses lo mismo, cuando sabemos que estas familias no gastan lo mismo todos los meses y cualquier gasto inesperado les desestabiliza el presupuesto”, añadió Sanroman. Como una idea a perfeccionar, planteó que el propio ministerio podría ofrecer una modalidad de tarjeta de crédito, fondeada con recursos presupuestales y que aplique una tasa de interés accesible para la persona.

    Refiriéndose al problema en general, la economista admitió que “es un tema sobre el cual hay muchas preguntas, hay grandes dificultades y las respuestas no son claras. No es perdonar como a los (deudores en unidades reajustables) del BHU, que salió mucho más caro de lo que saldría esto. Acá estamos hablando de contratos entre empresas privadas y personas, y de qué manera se absorbe eso”.

    Contratapa
    2024-05-22T19:32:00