Estos datos surgen del análisis de cifras proporcionadas por la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a Búsqueda, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública. En total, hubo el año pasado 75.529 días de certificaciones médicas entre los trabajadores de las 26 Unidades Penitenciarias de todo el país, 207 ausencias por día.
Las cuatro cárceles donde hubo más faltas con justificación médica fueron la Unidad 1 de Punta de Rieles –construida mediante un proyecto de participación público- privada– con 11.378 días certificados en el año, la Unidad 5 Femenina con 9.534, la Unidad 4 de Santiago Vázquez, ex-Comcar, con 8.998, y la Unidad 12 de Cerro Carancho con 8.195.
Varios funcionarios del Ministerio del Interior (MI) y actores del sistema penitenciario consultados por Búsqueda atribuyeron las altas cifras de certificaciones médicas registradas en los últimos años a diversas causas. En términos generales, estas son reflejo de condiciones laborales precarias con problemas edilicios y de higiene, sumadas a las situaciones de estrés laboral extremo que se viven en los centros carcelarios, en los que se registran de forma cotidiana eventos violentos, gritos. A ese panorama se agrega una sobrecarga de trabajo derivada de la falta de recursos humanos.
A partir de los datos aportados por el INR, se puede establecer que, si bien hubo más funcionarios certificados en las cárceles de Punta de Rieles y ex-Comcar –donde también es mayor la cantidad de trabajadores–, los funcionarios de otras cárceles se ausentaron más días, en promedio. En Cerro Carancho, entre quienes tuvieron licencia médica (35), cada uno faltó 19 días por mes, al igual que en la Unidad 14 de Colonia (7) y la Unidad 9 Femenina (7). En tanto, en la Unidad 18 de Durazno (5) y en la Unidad 5 Femenina fueron unos 45 trabajadores los que faltaron y lo hicieron 18 días mensuales en promedio.
Para evitar incluir en las cuentas a funcionarios reiteradas veces, se utilizó para los cálculos el promedio de funcionarios certificados por mes en cada cárcel.
El directivo del Sindicato Policial Nacional, Andrés Gandini, que representa al gremio que nuclea a cerca de 10.000 personas que trabajan en el MI, aseguró que un gran porcentaje de las ausencias por cuestiones médicas son consecuencia de un “sistema nefasto” que “desgasta y cansa”, y afecta en gran medida a la salud mental de los funcionarios, que se suma al “maltrato de superiores”. También entiende que –como en otros trabajos– pueden existir casos de funcionarios que de forma deliberada obtienen las certificaciones para evadir sus responsabilidades laborales. Al margen de las justificaciones sobre las ausencias, consideró que el alto nivel de certificaciones médicas impacta en el funcionamiento de las instituciones carcelarias, afecta la seguridad y el desarrollo de programas de rehabilitación.
Escasez de personal
El dirigente del gremio policial aseguró que “es un sistema en decadencia total” que se ha “sostenido” por el trabajo realizado por el personal subalterno y los operadores penitenciarios, que son quienes están en contacto cotidiano con los privados de libertad. “Hay un hilo que se rompió hace mucho tiempo, se le hizo un nudo y se siguió trabajando, aguantando todo lo que conllevan las cárceles”, resumió.
Como función principal, los trabajadores de los centros de reclusión deben “salvaguardar a los privados de libertad y evitar su fuga”, pero además son los encargados de trasladarlos a la enfermería cuando es necesario o de que cumplan sus tareas laborales, como puede ser en jardinería, cocina o panadería. También son quienes los acompañan a los espacios de estudio y a los sectores de recreación. La falta de funcionarios que hay para cumplir con las tareas básicas no solo afecta a quienes están trabajando sino también a los reclusos y sus derechos.
Según Gandini, debido al déficit de personal, hay días en algunas cárceles en los que los presos no salen al patio. Puso como ejemplo el ex-Comcar, que es el que “más carencias tiene”. En ese centro de reclusión, aseguró, “hay módulos que no van al patio por falta de personal para salvaguardar la integridad física” o días donde la cuadrilla encargada de limpiar los módulos y sus alrededores no puede cumplir con la tarea por la misma razón. En el mismo sentido se manifestó el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Jonatan Perdomo, que nuclea a unos 700 trabajadores.
Los datos sobre licencias médicas se enmarcan en una problemática general sobre el uso de certificaciones en los funcionarios estatales. Esa realidad llevó al gobierno a diseñar un régimen similar al del sector privado, que establece que cada funcionario público tiene un máximo de nueve días al año de licencia remunerada para “cubrir períodos de inasistencia, alternada o consecutiva, por enfermedad”.
La semana pasada, luego de una reunión entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) logró que se posponga por 60 días la implementación del nuevo formato, que había sido incluido en la Rendición de Cuentas de 2022 e iba a ponerse en marcha de forma escalonada desde febrero. La prórroga fue resuelta por el gobierno para abrir un espacio de diálogo y analizar algunos planteos que realizaron los sindicatos. Por ejemplo, sostienen que hay “falta de claridad” en varios puntos, como en casos de accidentes laborales, y también por la ausencia de las enfermedades de salud mental entre las consideradas como profesionales.
Tras esa instancia, el presidente de COFE, Martín Pereira, señaló que el gobierno plantea la existencia de un problema con las certificaciones médicas dentro del Estado, pero es el MI el que acapara el 73% del total de las licencias por enfermedad, mientras que en el resto de la administración la cifra es similar al sector privado. Desde el sindicato policial, reclaman que los trabajadores del MI sean excluidos del nuevo régimen, porque si bien reconocen que puede haber trabajadores que hagan un abuso, el trabajo que realizan muchas veces les provoca consecuencias que requieren tratamientos extensos.
“¿Cómo se les explica a funcionarios que se certifican por culpa del sistema, por temas de salud mental, que sabemos que no llevan nueve días nada más? En las cárceles hay gritos de forma cotidiana, hay peleas, hay sangre de por medio”, dijo Gandini. Puso como ejemplo situaciones recientes, como el incendio utilizado como agresión en la cárcel de Santiago Vázquez, en el que fallecieron seis reclusos y otros tres resultaron heridos. “Hubo trabajadores que tuvieron que sacar a los fallecidos, y uno pudo salvar a dos que se habían prendido fuego”, contó.
El informe sobre el dramático episodio que realizó el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, hace referencia a que en el Módulo 4 del ex-Comcar “la situación es particularmente crítica” en relación con la “escasez de personal” y con la superpoblación de reclusos, que lleva a que existan “mínimas actividades socioeducativas”. Únicamente unos 100 internos acceden a educación y unos 90 a trabajos, “en general de muy poca significación”, y el acceso al patio es “excepcional”, contrario a las Normas Mínimas de Naciones Unidas, que plantean que las personas presas deben tener al menos una hora diaria de acceso y ejercicio al aire libre.
“Nos resulta impactante la falta de personal que existe en la Unidad 4, cuyos guarismos no hacemos públicos por razones de seguridad y sentido común”, afirma el informe de Petit, que agrega que “es un tema de enorme preocupación”.
Módulo 4 en la Cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar, en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Reforma del sistema
En diálogo con Búsqueda, Petit consideró que los funcionarios penitenciarios “sostienen el cotidiano de la cárcel” y son por tanto una “pieza clave” para asegurar una convivencia que rehabilite. Si bien hubo un avance con la creación del INR, en 2010, aseguró que es necesario un “nuevo modelo penitenciario” y que es “medular” que incluya una reforma estructural del sistema que rige a los funcionarios.
Para el comisionado parlamentario penitenciario, de cara a la próxima Ley de Presupuesto, que se realizará en 2025, el sistema político debe llegar con un consenso interpartidario basado en evidencia científica y en los estudios disponibles para diseñar una “nueva institucionalidad” y obtener los recursos que permitan modificar el servicio penitenciario.
En relación con los trabajadores, consideró que deberá haber gerencias, mandos medios, direcciones de programas y un organigrama que permita posibilidades de ascenso, con estímulos y premios. “Trabajar en las cárceles no tiene que ser un infierno. De hecho, en muchos países es una tarea muy reconocida socialmente, prestigiosa y razonablemente remunerada”, consideró.