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Como suele pasar, la baja del precio del dólar encuentra defensores y detractores entre los empresarios, dependiendo de si la actividad que desarrollan está destinada al mercado interno o al externo. Al descenso del tipo de cambio —que ronda el 12% en lo que va del año— se sumó en las últimas semanas otro tema que confronta los intereses entre industriales e importadores: las medidas arancelarias y tributarias, aún sin aplicación, que el Poder Ejecutivo anunció para combatir la inflación, bajando costos para la importación de ciertos alimentos.
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A mediados de mayo, junto con otras decisiones, las autoridades aseguraron que desde este mes se abatiría de 1,5% a 0,5% sobre el valor CIF la tasa que cobra el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) al controlar la importación de alimentos y que se racionalizarían las inspecciones basándose en “análisis de riesgo”. Como parte del mismo paquete, también anunciaron la eliminación o rebaja de aranceles —según el origen— para aceites comestibles y harina de trigo por seis meses. Los decretos preveían su entrada en vigor a partir del 1º de junio, pero llegaron a Presidencia de la República un día después, por lo que “hubo que volver a redactarlos” y “aún no se están aplicando”, confirmó a Búsqueda una fuente oficial. Otra dijo que el decreto sobre los aranceles se emitiría en los próximos días, mientras se discute el referido al Latu.
La baja en la tasa de control que cobra el Latu era una demanda de gremiales de importadores (Búsqueda Nº 2.137). Los comerciantes también apoyan la decisión. “Está muy bien porque baja costos innecesarios o no justificados”, celebró en diálogo con Búsqueda el titular de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), Daniel Sapelli.
Con esperanza para la próxima Rendición de Cuentas, dijo que están insistiendo para que la CCSU esté representada en el directorio del Latu, de modo que “todas las partes interesadas y que hacen importantes aportes” a esa institución tengan “voz y voto”. Hoy, por el sector empresarial, solo integra esa entidad la Cámara de Industrias (CIU).
Sobre los cambios en los controles del Latu, Martín Montoro, vocero de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén, socia de la CCSU, señaló: “Esperamos que sea una medida definitiva y que se siga trabajando en mejorar otras ineficiencias y sobrecostos de la cadena de importación”. Añadió que “es de suponer” que los controles que se harán a partir del cambio anunciado no recaigan sobre todas las importaciones de alimentos, sino en aquellas seleccionadas según un análisis de riesgo que considere, entre otros factores, cuestiones de inocuidad, nutricionales o la historia del importador, por ejemplo.
El Latu se encarga de emitir certificados de comercialización de los alimentos importados.
Los industriales, por su lado, ven riesgoso desde el punto de vista sanitario que el Latu pase a hacer controles aleatorios de la mercadería.
“El sistema de muestreo que usa el Latu es el mismo que usa Europa, va a Rivera, Artigas o Salto, a todo el país, a buscar y retirar la muestra y la analiza. (...) De lo que se analiza, hay entre 10% y 13% que no cumple con las normas. Ahora, si se pasa a un sistema aleatorio de control, podría suceder que un producto que no cumpla o no esté en condiciones pase y ocasione un brote o un problema. Ningún país serio hace las cosas así. Lo sanitario no lo podemos dejar de lado”, dijo a Búsqueda el director del Latu en representación de la CIU, Gabriel Murara.
Criticó que el Ejecutivo haya tomado una decisión “inconsulta”, ya que el Latu “no participó” y dijo desconocer cómo será la implementación de una medida que “salió de un escritorio”. Y agregó: “No se sabe cuánto se va a dejar de controlar o no, por lo que no se sabe cuánto afectará la recaudación, que debe estar arriba de los US$ 5 millones”. Además, para Murara, la reducción de la tasa “no va a impactar” en el precio final de los bienes.
Otro empresario fabril, Fernando Pache —dueño de Fernando Pache Industrial y Comercial y desarrollador del parque industrial Zona Este—, también advirtió sobre el riesgo de controlar por selección aleatoria la calidad de parte de los alimentos que ingresan al mercado. Además, consideró que la medida “va a abaratar el costo de los importadores de productos terminados y es un mensaje en contra de la producción nacional”. Evaluó como “ridículo” lo que puede incidir en el precio al consumidor; la medida “no debería avanzar”, opinó.
Dólar y aranceles
“La baja del dólar no es demasiado relevante aún, pero debería ayudar”, afirmó Sapelli. Agregó que todavía hay mercadería en plaza que llegó con fletes muy caros por las distorsiones generadas por el Covid-19 y la guerra, por lo que la baja del tipo de cambio también permite “compensar un poco” esos mayores costos de las mercaderías importadas.
Esta coyuntura más favorable para la importación de alimentos se contrapone a la visión de los industriales, que señalan la decisión de abaratar la importación como un mensaje “en contra de la producción nacional”, que según dicen está sufriendo un “golpe muy fuerte” en la rentabilidad por el aumento de costos salariales, energéticos y el dólar barato.
“No soy partidario de pedir ayuda, ¡pero no me hagas el pozo! Dame condiciones para poder trabajar”, dijo a Búsqueda un industrial panadero, un sector que ve con “mucha preocupación” la decisión del gobierno de reducir los aranceles a la harina tras el encarecimiento del trigo a causa de la guerra en Europa del Este. Consideró que con esa medida, todavía sin aplicación, las autoridades “no protegen a la industria nacional, sino que buscan incentivar la importación de la región”. Y en un contexto en que Argentina recientemente subsidió a algunos molinos harineros, advirtió que la industria de ese país podría vender productos farináceos terminados a precios más competitivos en Uruguay, que a su vez entrarían con un “dólar planchado”.
Otras fuentes señalaron que los industriales están pidiendo medidas compensatorias, o bien aranceles a la importación de farináceos, reducción de aportes patronales, de costos energéticos, entre otros, para reducir la afectación a las empresas del sector.
“Quienes vendemos commodities, la mayoría de las veces tenemos ventas hechas a futuro (...). Desde enero tengo las materias primas compradas para lo que voy a producir en agosto, y que ya está vendido a precios en los que no estaba previsto que el tipo de cambio cayera 11%, que la nafta subiera más de 10% en seis meses, la electricidad en más de 3,5% y la inflación fuera de 7% u 8%. O que el gobierno, como hace ahora, nos jaquea u obliga a tener este diálogo para adelantar el correctivo (salarial por inflación). Entonces, la rentabilidad de una empresa que ya está vendida a futuro y le vienen estos costos en el medio sufre”, explicó Pache. Y apuntó: “Si tenía un 20% de rentabilidad bruta acabo de perder más de la mitad”.
