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La situación del centro de salud mental para menores Carpei sigue bajo la lupa de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh), que insiste con su cierre y el traslado “inmediato” de todos los adolescentes internados allí.
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En un nuevo informe enviado la semana pasada al Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) —que se suma a otras evaluaciones producidas durante más de dos años de monitoreo—, la institución advierte sobre la cantidad de vulneraciones detectadas, la acumulación de denuncias y la ineficacia de las intervenciones del Estado para asegurar la protección de los jóvenes.
En consecuencia, pide a las autoridades del INAU que dispongan de forma “inmediata” el traslado de los adolescentes a otros centros de salud mental donde reciban una atención adecuada. La Inddhh reclama también que se implemente de manera urgente una investigación “seria, imparcial y efectiva” sobre las vulneraciones ocurridas en el centro, que se repare a los adolescentes que fueron perjudicados y que se asegure la no repetición de los hechos.
“Es muy raro que propongamos algo así”, aclaró el presidente de la Inddhh, Wilder Tayler, a las legisladoras de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado el viernes 19, a donde concurrió a pedido de la frenteamplista Silvia Nane para informar sobre el centro Carpei. “Lo que estamos planteando es una medida de carácter muy excepcional”, dijo para graficar la gravedad de la situación.
“Esta es la tercera vez en cinco años que el mecanismo pide que un centro sea cerrado o vaciado mientras se investiga la situación”, prosiguió Tayler. La primera vez fue en 2017, cuando tras una visita al centro Tribal se constató una situación “desastrosa”. En diciembre de 2018 la institución pidió el cierre de uno de los centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), ubicado en Cufré y bulevar Artigas, luego de que un menor se suicidara y varios de los internados se realizaran cortes. “Lamentablemente, el Inisa tardó un año entero en cerrarlo y, si bien no hubo más suicidios, hubo episodios repetidos de cortes”, narró.
En el caso de Carpei, “son dos años de acumulación de abusos” y de intervenciones que no logran tener “efecto”. “¿Qué quiero decir con esto? Que los abusos que se van constatando, incluso después de las intervenciones, son de mayor gravedad o más o menos de la misma naturaleza”, explicó Tayler.
El jerarca informó que desde que se inició el monitoreo en marzo de 2020 “se han verificado prácticas que vulneran los derechos humanos de las y los adolescentes que residen en Carpei, así como presuntas situaciones de violencia interpersonal e institucional”. Entre ellas, “se verificaron malos tratos, abusos verbales y físicos, la aplicación de medidas de contención como sanción y la inexistencia de un mecanismo de denuncia garantista para las y los adolescentes”, detalló. “La magnitud y gravedad de las denuncias requieren un análisis integral sobre posibles patrones estructurales de violencia” en la clínica, añadió.
Además de las situaciones constatadas por los propios técnicos de la Inddhh y del Programa de Intervenciones Especializadas del INAU, existen hasta el momento 18 denuncias sobre vulneraciones ocurridas en Carpei presentadas por los adolescentes, sus parientes o los centros educativos a los que asisten.
Ocho denuncias están vinculadas con malos tratos y vulneraciones de derechos por parte del personal de la clínica, detalló ante la legisladora María José Doyenart, integrante de la Inddhh. Cuatro refieren a conductas sexuales abusivas entre pares y dos tratan sobre conductas sexuales inapropiadas del personal hacia los adolescentes. Otras cuatro refieren a una atención inadecuada en salud, como la administración incorrecta de medicación, y cinco denuncias están relacionadas a un uso inadecuado de las medidas de contención.
En el informe presentado al INAU, con fecha del 16 de agosto, la institución detalla cada una de las denuncias y las acciones que se tomaron. En la mayoría de los casos constató carencias graves en la investigación de los episodios, en la reparación y en la prevención.
En el Parlamento, Tayler hizo hincapié en “lo poco efectivas” que fueron las medidas implementadas por el organismo para la protección de los derechos de los adolescentes. “Creemos que las respuestas ante las denuncias recibidas por parte del INAU resultaron insuficientes y en ocasiones poco diligentes”, dijo Tayler. “Asistimos a un problema de carácter sistémico en el cual el INAU reconoce las vulneraciones, instala procesos para la mejora y calidad de atención, pero no logra efectivizar la protección en situaciones abusivas ni ofrecer garantías de reparación integral a los adolescentes”, insistió.
El presidente de la Inddhh, Wilder Tayler. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Antecedentes
El centro Carpei aloja a una treintena de adolescentes en situación de vulnerabilidad que sufren trastornos psicológicos y están bajo la protección del INAU. Desde su apertura a fines de 2019 el establecimiento, ubicado en la zona del Jagüel, en Maldonado, ha recibido reiteradas observaciones de la Inddhh.
Semanas atrás,Búsqueda accedió a informes y oficios elaborados por la institución en los que se detallan situaciones de violencia verbal y física, deterioro edilicio, falta de higiene y denuncias de abuso y explotación sexual o errores en el suministro de medicación, entre otras. Tras la divulgación de las irregularidades, el director técnico del centro, el médico psiquiatra Pablo Trelles, reconoció a Búsqueda la existencia de problemas y denuncias, pero defendió que se lograron mejoras y aseguró que el equipo está en una “constante revisión” de sus procedimientos.
La senadora Nane sigue desde hace tiempo la situación de Carpei y de otros centros de salud mental para menores. Tras la publicación de Búsqueda, la legisladora citó a las autoridades del INAU al Parlamento, pero estas pidieron concurrir más adelante, ya que están esperando un informe de un grupo de trabajo creado para estudiar el caso. A fines de julio el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo a Búsqueda que el organismo no evalúa “como algo inminente la rescisión del convenio” con Carpei.
El presidente del INAU, Pablo Abdala. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
“Patrón estructural de violencia”.
Una de las preocupaciones de la Inddhh es que las denuncias sobre los hechos ocurridos en Carpei son investigadas por la propia clínica. “Es decir, aquellos que están siendo denunciados de posibles vulneraciones de derechos son los mismos que están evaluando si efectivamente vulneraron o no esos derechos”, explicó la doctora Victoria Iglesias, también de la Inddhh, en la comisión parlamentaria.
Otro tema de inquietud es que las vulneraciones contra los menores se siguen constatando pese al mecanismo de “supervisión reforzada” que puso en marcha el INAU. Según señala la Inddhh en su informe de este mes, es “pertinente advertir” que las vulneraciones “se dan en un escenario en el que el INAU realiza una intervención en la clínica, con una supervisión ampliada y la conformación de un ‘grupo de trabajo’ con ‘amplia representación institucional’”. Esto demuestra que “las respuestas dadas hasta el momento no han sido eficaces, ni han demostrado capacidad para brindar medidas de protección a los y las adolescentes ni reparar a aquellos que hayan sido vulnerados en sus derechos”.
El informe también hace hincapié en el deterioro edilicio y las carencias de las instalaciones en las que habitan los jóvenes. “Ese deterioro contrasta fuertemente con el buen estado de conservación del espacio destinado a la recepción y el trabajo exclusivo del equipo técnico”, subraya la Inddhh en su último informe.
La institución expresa preocupación porque “ante el cúmulo de denuncias y la gravedad de estas el INAU aún no ha realizado un análisis en conjunto que permita determinar si existe un patrón estructural de violencia hacia los y las adolescentes que residen en la clínica Carpei”.
