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Inefop: a 15 años de creado, el Poder Ejecutivo plantea revisar su “gobernanza”
Representantes del gobierno en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional entienden que es necesario agilizar el funcionamiento interno y considerar una reducción de su Consejo Directivo, que tiene ocho miembros.
Autoridades en el acto de celebración de los 15 años del Inefop. Foto: Inefop
La conducción tripartita en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) es una característica que suelen destacar en discursos públicos autoridades del Poder Ejecutivo y representantes sociales que integran el Consejo Directivo de la entidad, pero a la interna es un asunto que sigue generando tensiones. Cumplidos 15 años de vida, los jerarcas del gobierno en esa institución creen que es necesario revisar la “gobernanza” para darle mayor ejecutividad al funcionamiento.
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Esa discusión de fondo sobrevuela en el marco del “rediseño institucional” aprobado el año pasado y que viene implementándose ante cambios en los procesos internos y formas de capacitación que debió adoptar el Inefop tras la pandemia. Actualmente, la formación a distancia (semipresencial o totalmente online) alcanza al 70% de las capacitaciones que brinda.
El rediseño o “reestructura” actual se enfoca en lograr que las gerencias trabajen de forma más coordinada, suma una gerencia de comunicación y otra de tecnología, agrega un área de planificación y desarrollo para tener más prospectiva, entre otras acciones para tener más diálogo con actores claves de la producción en todo el país. Al inicio de este período, el Inefop realizó una “adecuación organizativa”.
Rever la gobernanza
La creación del Inefop se remonta a la ley 18.406, del 2008, como una persona de derecho público no estatal. Sustituyó a la Junta Nacional de Empleo en la administración del Fondo de Reconversión Laboral (FRL) con el objetivo de actuar en el ámbito del empleo y la capacitación del sector privado. En sus 15 años de vida, más de 580.000 personas participaron en cursos y soluciones de formación para los cuales se destinaron unos US$ 220 millones del FRL, al que aportan empleadores y trabajadores del sector privado, además de partidas de Rentas Generales.
En esas cifras se incluyen unas 10.000 empresas apoyadas por programas de gestión de personal y asistencia técnica a emprendimientos; más de 25.000 jóvenes; más de 100.000 trabajadores desocupados y en seguro de desempleo; y más de 70.000 en actividad de distintos sectores de la economía, según datos difundidos por el Inefop.
Para el director general del instituto, Pablo Darscht, aquel comienzo fue muy “complejo” por “lo que había sido la gestión anterior”.
Reconoció que la gobernanza tripartita —compartida con representantes sindicales y empresariales— “tiene sus bemoles”, a pesar de los cuales se han “aprendido a manejar razonablemente” los distintos puntos de vista. Sin embargo, a su juicio, no se ha logrado generar el nivel de acuerdo necesario para que las decisiones operativas sean delegadas hacia las gerencias. “El Consejo Directivo no es un directorio que define las líneas estratégicas del instituto, sino que es un ámbito de cogestión. Entonces, todos los procesos —a mi gusto equivocadamente— demoran una eternidad, porque hasta las decisiones más nimias termina tomándolas” ese órgano, evaluó.
Explicó que la ley fija las competencias del Consejo Directivo y establece que éste podrá delegar algunas. “Pero, a juzgar por los hechos, en el Consejo no se logra tener la confianza necesaria” para hacerlo, afirmó Darscht.
Dijo que se intentó reglamentar, sin éxito, una manera de funcionamiento más ejecutiva. “Hay un gran temor de la pérdida de espacios de poder y además, por qué negarlo, también se toman muchas decisiones donde hay intereses de las propias organizaciones que se sientan en el Consejo Directivo. Entonces, no necesariamente están en condiciones de derivar esas decisiones”, señaló.
Por eso, consideró que, hacia delante, habría que “revisar todo el esquema de gobernanza para que, permaneciendo la representación tripartita y definiendo en ese ámbito la estrategia, luego la ejecución sea algo definido y realizado a nivel técnico”.
Alegó que hay “deberes para quien pueda modificar la ley” también en materia de las competencias que se le atribuyen al Consejo Directivo. “Hay que hacer un análisis de ese tipo y del costo que tiene el propio Consejo, que es muy alto. Analizar si el esquema de ocho directores rentados —como somos— es razonable y la mejor forma de aplicar los recursos”, afirmó.
El director en representación del Ministerio de Educación, Guillermo Dutra, se expresó en la misma línea. Consideró que el diálogo con los actores del mercado de trabajo es “absolutamente imprescindible” para el instituto, pero “hay que tener en claro en qué instancias se mantiene y (cuándo se) puede tomar sana distancia de lo que es la gestión, para no entorpecerla”. A su juicio, las decisiones que se toman deben estar “orientadas y pautadas por una agenda basada en el diálogo, pero que no necesariamente la gestión esté sujeta al acuerdo permanente”. Ello, reconoció, requiere un “cambio” en la ley de creación, lo que valoró como “desafiante”. “Hay un tema de gobernanza que hay que revisar de aquí en más para el Inefop (...), porque somos una institución de ocho personas (en el Consejo Directivo) que están decidiendo el día a día de lo que pasa. Hay que buscar una forma de gestión más ágil, más funcional”. Agregó que también es partidario de revisar los cometidos del instituto para “focalizarlos más”.
En contrapartida, los actores sociales defendieron la cogestión.
El representante por el PIT-CNT, Julio Perdigón, señaló que el Parlamento, al aprobar la ley, “quiso que sea manejado por un colegiado, que no haya mayorías absolutas, que se tenga que acordar”. Y añadió que todos hacen el “esfuerzo por encontrar una salida y por eso las mayores decisiones se toman en consenso. Pero eso no es un defecto del instituto, es una virtud”.
Perdigón también reconoció la necesidad de una reglamentación para hacer más eficiente la gestión. Dijo que en este período se intentó, pero no se llegó a un acuerdo porque el actual y el anterior director general entienden que su cargo tiene “potestades diferentes, superiores al resto del Consejo Directivo”, cuando ese órgano es la “autoridad máxima”.
Agregó que las cuestiones más operativas podrían resolverse con un reglamento “pero no cambiando la ley, porque distorsiona el objetivo de tener un instituto tripartito”.
Gerardo Garbarino, director en representación de la Cámara de Industrias, defendió el tripartismo. “Con las dificultades y las fortalezas en cada caso, dentro del Consejo Directivo tratamos de superar las diferencias (...) Los casos de consenso, son la mayoría”.