Indicó también que “es necesario apoyar los cambios de patrones de consumo y la valorización cultural del rol de la producción familiar y las funciones ecosistémicas agroecológicas, mediante acciones tangibles de promoción, educación y visibilización en todos los sectores de la sociedad”.
El informe del PNUD, que fue realizado por el coordinador del Programa de Agroecología del Ceuta, Federico Bizzorero, menciona dichos comentarios e indica que en el documento se proponía promover las compras estatales de producción de base agroecológica.
Al analizar ese punto, el autor señala que “en materia de modificaciones en el marco normativo se deberán establecer mecanismos de contralor y de estímulo para el cumplimiento de la Ley 19.292 (que declaró de interés general la producción familiar) y, en particular, las reservas de mercado por parte de instituciones compradoras”.
La conformación de un “comité de seguimiento y monitoreo y la implementación de multas o amonestaciones a los compradores, con el fin de bregar por el cumplimiento de la ley en cuanto a transparencia de los llamados, sus características y contenidos, y el cumplimiento de las reservas” es otro de los planteos formulados.
Considera además la posibilidad de otorgar “premios según los niveles o la celeridad en el cumplimiento de metas para con los compradores institucionales, involucrando distintos niveles, como el personal (individual), equipos de trabajo (departamentos o divisiones) y eventualmente el organismo en su totalidad”.
Recomienda “reglamentar e instrumentar la priorización de los productos familiares agroecológicos dentro de las compras estatales y establecer adicionalmente su valoración especial o diferenciada”.
Que se establezcan “márgenes de estímulo por sobre los precios de mercado, de 50% para la producción familiar, de 60% para la agricultura en transición, de 60% para las organizaciones habilitadas constituidas como consorcios mixtos, en los que algunas organizaciones son agroecológicas o en transición, y de 80% a la agricultura familiar orgánica o agroecológica”, aconseja.
Respecto a las compras públicas sostenibles, Bizzorero destaca que “constituyen el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos, obteniendo el mejor valor por el dinero gastado en términos de generación de beneficios no solo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que se minimizan los daños al ambiente”.
La publicación se elaboró en el marco de la Iniciativa de Promoción de la Transición Agroecológica, impulsada por el PNUD con la colaboración de la OCR y del Ceuta, que busca “contribuir al debate nacional sobre las transiciones del sector agropecuario hacia una mayor sostenibilidad”, con “especial énfasis en la agroecología, aportando información sistematizada, generación de conocimiento y recomendaciones de políticas públicas”.
Mediante esa iniciativa se pretende apoyar el trabajo realizado por la CHPNA, generando productos complementarios a los elaborados por esa instancia y aportando a la implementación del plan nacional sobre agroecología.
Las recomendaciones para políticas públicas propuestas por esa iniciativa proponen “escalar y ampliar la agroecología basada en la agricultura familiar y el movimiento agroecológico para impulsar el autoabastecimiento y la economía doméstica nacional”.
Complementariamente, ese trabajo propone “avanzar en transiciones del sector agroexportador orientadas a una mayor sostenibilidad de sus actividades productivas”.
Certificación
En el capítulo de la certificación de productos orgánicos, el autor sostiene que “el decreto que regula la certificación registra incumplimiento de las obligaciones que recaen en el Ministerio de Ganadería (MGAP) y que las competencias atribuidas a la Dirección de Servicios Agrícolas de ese ministerio no han podido desarrollarse”.
“No se han podido determinar períodos de transición ni condiciones de elaboración y envasado; no se ha desarrollado una marca de certificación, ni se han establecido normas para el etiquetado y procedimientos para venta directa, ni equivalencias con otros países para importados (con excepción del Registro de la Red de Agroecología de Uruguay)”, cuestiona.
En ese aspecto, la publicación incluye una serie de recomendaciones, como “diseñar un plan estratégico de fortalecimiento del Sistema Nacional de Certificación Orgánica”. “El proceso debería ser liderado por la Dirección de Servicios Agrícolas” del MGAP y “contar con la participación de la Secretaría e integrantes clave de la CHPNA y actores del sector privado”, indica.
Sugiere “estimular el registro en el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica de certificadoras de tercera parte que actúan en el país (por ejemplo, en los rubros carne y cannabis)”.
“Desarrollar una marca y sello oficial”, que “tendrán sentido siempre y cuando se fortalezca el Sistema Nacional, se incorporen todas las entidades certificadoras que operan en el país y eventualmente se registren y habiliten nuevas entidades”, recomienda.
Transición
En cuanto al tema de las transiciones del sector agroexportador, el informe indica que “los caminos por los cuales se ha transitado para desplegar el crecimiento y la expansión agropecuarios han producido una serie de impactos socioambientales, cuyo reconocimiento y valoración deben ser centrales en la construcción de transiciones sostenibles” para ese rubro de actividad.
“Estos involucran la disminución de agricultores familiares en el medio rural, el significativo aumento en el uso de agroquímicos, el deterioro de la calidad del agua y del suelo y la pérdida de biodiversidad”, señala.
El autor considera que “en el actual escenario de crisis socioeconómica es probable que la dinámica agroindustrial se enlentezca debido a dificultades en el desarrollo del margen extensivo”.
“La expansión de la frontera agrícola no es una vía para continuar un crecimiento de forma sostenible, ya que la tierra arable y el suelo fértil representan recursos finitos”, plantea.
Recomienda además que “la apuesta a una transición sostenible del sector agroexportador debería basarse en un proyecto nacional de desarrollo de largo plazo, con lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo y con amplios niveles de participación públicos y privados”.
Como “posibles líneas de acción para implementar a mediano plazo, dentro del régimen de promoción de inversiones se sugiere (en el informe) reglamentar el artículo 13 de la Ley General de Medio Ambiente, incluyendo mejoras fijas relativas al tratamiento de los efectos ambientales de las actividades industriales y agropecuarias, dentro del alcance de los beneficios automáticos de la Ley de Promoción de Inversiones”.
Eso permitiría “inducir a las empresas a implantar medidas que incorporen acciones y tecnología para producción orgánica, ya que estas previenen impactos ambientales negativos y favorecen la mitigación o eliminación de daños ambientales”, sostiene.
Recomienda “revisar (disminuir o eliminar) la exoneración del 40% de la inversión en el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), correspondiente a fertilizantes fosfatados para praderas y transferir una similar exoneración para sistemas orgánicos”.
“Establecer exoneraciones de impuestos a biofertilizantes y bioplaguicidas habilitados por normativa orgánica”, sugiere, entre otras acciones.
Agro
2021-05-19T20:15:00
2021-05-19T20:15:00
