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En la reunión del 28 de junio en la que el presidente Luis Lacalle Pou le propuso que asumiera la titularidad del Ministerio de Ganadería (MGAP) a Fernando Mattos, uno de los temas prioritarios que “estuvo arriba de la mesa” fue el de la necesidad de resolver el problema de la falta de funcionarios en esa cartera de Estado, considerando que “casi el 50% están con causal jubilatoria hacia el final del período de gobierno”.
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Así lo aseguró a Búsqueda ese ministro, que respondió a los cuestionamientos del sindicato de Mesa de Industria Animal a algunos cambios propuestos por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas, que supondrían “privatizar” funciones (Búsqueda Nº 2.131).
La actual administración tiene presente la preocupación que significa no contar con el personal adecuado para asegurar los controles sanitarios, principalmente por algunos inconvenientes en las exportaciones de productos del agro.
Uno de los episodios más relevantes, por el impacto negativo, fue la suspensión de los envíos de carne a China para un frigorífico debido a “errores” de etiquetado.
Por eso es que el gobierno pretende la contratación de inspectores veterinarios para “reforzar” la función que le compete a MGAP.
El tema que produjo la reacción de la Asociación de Funcionarios de Ganadería (Afgap) es lo que está previsto en el artículo 128 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
Ese punto autoriza a la Dirección de Servicios Ganaderos a “habilitar, registrar y controlar empresas que se dediquen al suministro de personal para la prestación de servicios técnicos, para cumplir actividades de apoyo al control higiénico sanitario y tecnológico de la carne, productos, subproductos y derivados cuya competencia corresponde a la División Industria Animal (DIA), de acuerdo a los requisitos, condiciones y procedimientos que establecerá a tales efectos”.
Mattos señaló que “no se trata ni de privatizar ni de poner empresas, pero sí de incorporar el libre ejercicio de la profesión acreditado y que los inspectores oficiales pasen a tener una mejor función como auditores de los veterinarios”.
“Hay una carencia importante de recursos humanos en el ministerio, lo que es un tema que viene de hace décadas y que se suma a la dificultad en la incorporación de personal capacitado y habilitado”, dijo. Y acotó: “Lo que se está planteando es el mejor uso y la racionalización de los funcionarios”. “La autoridad sanitaria indiscutible es el MGAP en la Dirección de Servicios Ganaderos”, enfatizó.
Auditores y plan
La Mesa de Industria Animal advirtió sobre la vigencia de “un único régimen o estándar de control para todos por igual y bajo la competencia de funcionarios oficiales”.
“Si prosperara este artículo, se concretaría un doble estándar de controles a los establecimientos habilitados” para la faena y producción de carne y derivados, según ese sindicato del MGAP, quien además sostuvo que, “por un lado, habría un tipo de control para las empresas exportadoras, provisto y cumplido por funcionarios oficiales sin costo y, por otro, habría otro tipo de control suministrado por empresas privadas de servicios, con costo a asumir por las empresas controladas”.
En respuesta a esos asuntos, el ministro de Ganadería reconoció a Búsqueda que el planteo del Poder Ejecutivo es que “en los frigoríficos exportadores se mantendrá el mismo servicio que hoy carece de recursos humanos, pero todos los sectores de frigoríficos de categoría 2 que operan en el mercado interno pasarían a reforzar los servicios sanitarios de la categoría 1 de exportación”.
“Y en estos frigoríficos (dedicados al abasto local) se habilita la contratación de veterinarios de libre ejercicio de la profesión debidamente acreditados y habilitados, siendo que ellos van a ser auditados por veterinarios oficiales”, afirmó. Consideró a su vez que “no hay menoscabo y sí una manera de utilizar mejor los recursos, porque hoy el MGAP está limitado en su capacidad de contratación”. “La incorporación de personal calificado al servicio público es un proceso largo que demora entre un año y medio y dos años”, argumentó.
Mattos dijo que “no se podría certificar a escala industrial un producto de origen animal si ya no viene debidamente certificado desde el campo”. Actualmente, “en el campo buena parte de los sistemas de certificación no son privatizados, estamos con el apoyo del ejercicio libre de la profesión organizada que es habilitada por el MGAP”, enfatizó el ministro.
Comentó también que los funcionarios que operan en el campo y que desempeñan sus funciones en Sanidad Animal “son auditores de los veterinarios de libre ejercicio, que hacen la certificación” en los predios. “Eso está reconocido y está funcionando bien, sin perjuicio de los ajustes que hay que hacer en los propios mecanismos de funcionamiento”, sostuvo Mattos.
También anunció que Ganadería prevé “incorporar nuevos funcionarios con un plan para proponerle al Ministerio de Economía, a la Oficina de Servicio Civil y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al presidente de la República”. Hubo “algunos problemas en cuanto al cumplimiento de protocolos sanitarios”, y “no digo que sea totalmente atribuible a la falta de personal, pero sí al fiel y estricto cumplimiento de la normativa y de los compromisos asumidos en el ámbito internacional”, dijo el ministro.
