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El habitualmente calmo mercado bursátil tuvo un sacudón en los últimos días: una sociedad de bolsa fue intervenida por el Banco Central (BCU) porque constató “graves incumplimientos” que les provocó pérdidas significativas a muchos de sus más de 450 cuentas de clientes, la mayoría uruguayos. Grupos de personas que se dicen estafadas denunciaron el caso ante la Justicia, mientras que la empresa bursátil lo rechaza y asegura que los inversores la habían autorizado a colocar su dinero en alternativas de alto riesgo.
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Primero hubo una notificación al BCU por parte de sociedad de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) de las pérdidas que había sufrido su cartera de clientes y la enunciación de un plan para ponerlos al tanto de la situación. La versión de la empresa fue ampliada en la edición anterior de Búsqueda: explicó que a raíz de la baja de precios del mercado de Nasdaq hubo pérdidas con efectos “ruinosos” —incluso mayores a 90%— para los clientes que firmaron la “libre administración” de su dinero aceptando el alto riesgo de la inversión. Consultada entonces acerca de si se plantearon demandas contra ellos, CVM contestó: “No tenemos conocimiento de ningún cliente que, a la fecha, haya promovido acciones judiciales de ningún tipo”.
A su vez, el BCU respondió la semana pasada a Búsqueda que estaba siguiendo el problema surgido con CVM “sin perjuicio de también atender la situación de forma más amplia en el ámbito de sus competencias”.
Pero esta semana hubo novedades.
Debido a que algunos de los clientes de CVM sufrieron importantes pérdidas “sin que el corredor les hubiera advertido de estas de manera oportuna”, día antes el Directorio del Banco Central (BCU) resolvió intervenir preventivamente, con suspensión de actividades, a CVM y también a la empresa United Brokers S.A. Agente de Valores, que comparte accionistas con la anterior. Ambas tendrán a la Bolsa de Valores de Montevideo como interventor. La decisión se hizo pública el martes 5.
Ese día El Observador informó que al menos dos grupos de clientes de CVM —más de 20 personas— denunciarían en la Justicia penal a la empresa por apropiación indebida y estafa.
La fundadora de estas sociedades anónimas, Sara Goldring, respondió a lo que consideró “infundadas y maliciosas imputaciones de sus clientes”. En un remitido de prensa contratado —que se publica completo en la página 13 de esta edición de Búsqueda— afirmó que no hubo “ni estafa, ni apropiación indebida ni manejo negligente de la cartera”. La empresaria aseguró que “es falso que los clientes no conocieran los riesgos” y sostuvo que lo aceptaron “en su afán de obtener una ganancia extraordinaria”. Goldring añadió que está dispuesta a “mitigar el perjuicio” de las pérdidas pero no a “tolerar campañas difamatorias”, de las que se defenderá “con todas las armas que brinda la ley”.
Para Golring, la intervención de la BVM “arrojará luz sobre la operativa realizada” y dará “transparencia”.
Durante la intervención, la Bolsa de Montevideo (BVM) deberá atender a los clientes de las sociedades y verificar, mediante auditorías que se encuentran en curso, que “estén todos los valores” declarados, dijo a Búsqueda el presidente de la institución bursátil, Ángel Urraburu. A los clientes de la corredora que no fueron afectados y pidan el restablecimiento de los fondos se les dará el dinero.
Este hecho “es totalmente negativo” para la imagen del mercado, aunque “no se puede generalizar”, reconoció el corredor. “Estamos muy regulados, pero a veces hay cosas que quedan por fuera”, acotó.
Urraburu dijo en Radio Carve que los corredores deben cumplir con “costosos y tediosos” controles del BCU y que se deben entregar auditorías de forma semestral. El deterioro de CVM se dio “aparentemente” en el primer semestre y, por tanto, la situación iba a ser detectada cuando entregaran los informes al BCU. Pero los titulares de la firma “se anticiparon”, según dijo.
“En estos casos, uno revaloriza esos controles”, señaló Urraburu.
Intervención
Entre otros “graves incumplimientos”, el BCU entendió que CVM “no actuó con el debido profesionalismo, cuidado y diligencia en oportunidad de realizar sus actividades de intermediación de valores, ocultándoles a sus clientes información muy relevante y brindándoles información errónea sobre sus posiciones en los estados de cuenta”.
Los denunciantes sostienen que la corredora de bolsa se amparaba en los documentos de “libre administración” firmados por algunos de ellos en su buena fe y en el “perfil agresivo” que la propia compañía otorgaba por defecto para firmar a la gran mayoría, para licuar todas sus cuentas en un mismo “fondo común”, lo que no podría hacer.
Las pérdidas globales para los inversores podrían rondar los US$ 100 millones.
