Investigar y juzgar al poder político “en tiempo real” es el “gran déficit” de la democracia, opina el presidente del Consejo de la Magistratura argentina

Pero la revisión del desempeño de la Justicia es más profunda: el Consejo ordenó a principios de julio una auditoría sobre todos los juzgados federales penales del país, incluidos los doce tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas más sensibles para la clase política. La auditoría analizará la actuación de la Justicia frente a los casos de corrupción de funcionarios públicos. “Estamos auditando el servicio de Justicia frente a este fenómeno que es tan particular en la región y en nuestro país”, dijo Piedecasas.

— Usted preside el Consejo de la Magistratura, un órgano clave en el Poder Judicial argentino. ¿Cuáles son sus responsabilidades?

—El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional que tiene las tareas de selección de los jueces y también la disciplina y el desempeño. Evaluamos a quienes aspiran a ser jueces, y elevamos una terna para que el Poder Ejecutivo elija y designe a uno, que luego aprueba el Senado. Otra función importante es que recibimos todas las denuncias contra los magistrados —llevamos unas seis mil denuncias desde 2000 a la fecha—. El proceso puede terminar en una sanción disciplinaria o en el pedido de juicio político. Ahí somos nosotros los que acusamos, frente a otro órgano constitucional que es el Jurado de Enjuiciamiento. La tercera de las funciones importantes es el manejo del presupuesto del Poder Judicial. No es como en Uruguay, que todas esas funciones están concentradas en la Suprema Corte. La reforma de la Constitución de 1994 separó esas funciones, y la administración la tiene el Consejo. Es un órgano de vital importancia institucional, que hoy está en el centro de la escena.

—La integración del Consejo también hace que el sistema se diferencie del uruguayo, porque da participación a actores fuera del Poder Judicial en la administración de la Justicia, y le da un perfil más político…

—Es una gran diferencia. Nuestra Constitución, siguiendo el modelo americano, tenía un procedimiento puramente político de designación de jueces. Designaba el Poder Ejecutivo y daba acuerdo el Senado. Hoy la primera etapa de selección es del Consejo. Y el Consejo está integrado por un representante del gobierno, tres senadores, tres diputados, tres jueces, dos abogados y un académico. ¿Cómo llega el abogado? Por una elección entre todos los abogados del país. ¿Cómo llega el académico? Lo eligen las universidades. ¿Cómo llegan los jueces? Por el voto directo de los jueces de todo el país. El estamento no político, jurídico, tiene una representación importante. Entonces, el procedimiento tiene sus virtudes. Le agrega un piso de idoneidad técnica muy importante. Y le agrega un piso de valor democrático muy importante. ¿Cuál es el problema? A diferencia de ustedes, que tienen un procedimiento por el cual cuando no hay consenso en la Corte hay un ingreso automático del más antiguo, nosotros si no logramos el consenso para aprobar la terna, nos pasa lo que nos está pasando ahora, que el 26% de la justicia nacional y federal está en estado de vacancia. ¿Por qué? Porque en lo últimos cinco años no existió un alto grado de consenso y entonces las ternas que se remitieron al Poder Ejecutivo fueron muy pocas.

—Asumió la presidencia del Consejo en un momento sensible, y en medio de una elección reñida. ¿Qué ocurrió?

—En la elección, los abogados pusieron en juego todas sus convicciones. Hubo cinco candidatos. Yo provengo del ámbito profesional y académico. Mi discurso era el de la independencia de la Justicia frente al poder. No era el candidato del poder, sino de quienes piensan que en ese momento, 2014, había que tener un discurso claro y fuerte de independencia de la Justicia.

—Los medios argentinos lo describen como el candidato opositor al kirchnerismo, cercano al gobierno de Mauricio Macri…

—A mí me apoyaron los abogados vinculados a la oposición, es cierto. Yo fui el candidato de la oposición a lo que era la lectura del gobierno anterior. Pero no desde la pertenencia, sino desde el discurso: uno tenía un discurso más cercano al proyecto judicial del gobierno anterior, y yo tenía un proyecto absolutamente contrario. Dije claramente: soy el candidato que representa la independencia del Poder Judicial. Fue una elección enorme, con debates entre los cinco candidatos, y eso es muy sano. Para bien o para mal fue una elección trascendente en el ámbito político institucional. El Consejo es un fenómeno de cultura democrática. Están representados distintos estamentos y las discusiones son político-institucionales. Estas instituciones pueden tener representaciones políticas, y posiciones, el tema es que hay que darle la autonomía suficiente para que garantice el buen funcionamiento del sistema judicial. De lo contrario estamos contaminando de oportunismo político, de coyuntura política, de política electoral, a un órgano que está para mejorar el Poder Judicial.

—Hace un mes el Consejo ordenó una auditoría para evaluar la actuación de la Justicia frente a los casos de corrupción, ¿por qué se tomó esa decisión?

—Ordenamos auditorías sobre todos los juzgados federales penales en materia de corrupción, es decir, delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Estamos auditando el servicio de Justicia frente a este fenómeno que es tan particular en la región y en nuestro país. Estamos relevando todos los datos ciertos, duros y objetivos para saber cómo ha sido el funcionamiento de la Justicia frente a este fenómeno en los últimos 20 años.

—La auditoría surge en medio de cuestionamientos a la actuación de la Justicia frente a hechos de presunta corrupción que involucran a funcionarios del gobierno anterior. ¿Por qué no se investigó antes?

—En ese tema tengo que ser cuidadoso porque presido el órgano que juzga la conducta de los jueces, y no puedo preopinar porque muchas de esas causas están vinculadas a denuncias que ya hay en el Consejo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Hay que verlo en el caso concreto. Los casos que tenemos en el consejo ya están a estudio de la Comisión de Disciplina y Acusación. Si se considera que la conducta o el desempeño de determinados jueces merece reproche, se iniciará un proceso disciplinario o la acusación de juicio político.

—Lo que parece evidente es que hoy las causas avanzan porque los investigados ya no están en el poder…

—Investigar y juzgar al poder en tiempo real es uno de los grandes desafíos de la democracia. Ha sido un gran déficit de la democracia la posibilidad de investigación y juzgamiento del poder político durante el ejercicio del poder. Es una visión que debemos superar institucionalmente. De lo contrario seguiremos con un grado de madurez democrática relativo. Una de las cuestiones que pretende determinar la auditoría es ver cómo ha respondido el sistema de Justicia en estos últimos 20 años de democracia frente a casos de corrupción. Eso es lo que se necesita. Tengo una gran expectativa sobre el trabajo que estamos haciendo, porque lo primero que necesitamos son datos ciertos, la fotografía completa del funcionamiento del sistema. Y vamos a ver cuántas causas prescribieron, cuántas se llevaron a condena, cuántas fueron a juicio o fueron sobreseídas. Si hubo mil denuncias y ningún condenado, evidentemente el sistema de Justicia frente a los delitos no tuvo una eficiencia real. Ojalá tengamos los datos en un tiempo razonable y pronto. La opinión pública argentina está siguiendo con mucho detenimiento y cuidado la actuación de los jueces frente a lo que fue la culminación de un largo ciclo de poder de 12 años.

—¿Cómo evalúa la independencia de la Justicia argentina?

—Conceptualmente, desde la teoría política, siempre los gobiernos miran más favorablemente a jueces que puedan ser condescendientes con el poder de turno. Desde el poder se busca la funcionalidad del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial respecto del poder político fue uno de los grandes temas que centralizó la atención de la sociedad argentina de los últimos 10 años. Y fue la bandera de campaña de cada uno de nosotros: los que considerábamos que estaba en peligro la independencia de la Justicia, y reclamábamos mayor independencia, y los que entendían que el Poder Judicial debía tener compromisos más fuertes con los problemas políticos de la sociedad. En nuestro caso estamos trabajando fuertemente para acentuar la independencia del Poder Judicial respecto del poder político. De lo contrario vas a ser permeable al poder de turno.

—¿En el gobierno actual hay menos injerencia sobre la Justicia?

—Sí, en el Consejo de la Magistratura se observa una actitud distinta de este Ejecutivo respecto del anterior. Ha cambiado el rol del representante del gobierno, se busca el consenso, el diálogo, se respetan los procedimientos. No he observado, por lo menos en el Consejo, injerencia o intentos de interferencia. También es cierto que soy producto de este nuevo momento: yo asumí el 22 de diciembre, a 12 días de que asumiera el nuevo gobierno. Entonces yo tengo esta visión. Pero también es cierto que uno lo vive a diario. Y se va a observar en los resultados. Si mejoramos el resultado, que se puede ver estadísticamente en la elevación de ternas, y en la conducción a juicio político o en la resolución de las causas disciplinarias, se va a ver un mejor funcionamiento en relación con el concepto de independencia.

—Viajó a Montevideo para firmar un convenio con el Poder Judicial uruguayo. ¿En qué consiste?

—Firmamos uno igual con Italia. Es para el intercambio de recursos humanos, para la capacitación y reflexión sobre esta problemática común, vinculada fundamentalmente al narcotráfico y la corrupción. Tengo mucha expectativa en esta nueva etapa de las relaciones, queremos establecer un vaso comunicante permanente. Queremos vincular nuestras escuelas judiciales para que se puedan compartir las experiencias, porque en definitiva es un espacio común. Argentinos y uruguayos somos parte de lo mismo, de un mismo fenómeno, en lo bueno y en lo malo. El narcotráfico no para en la frontera.

—Precisamente, hoy en Uruguay hay en curso investigaciones sobre crimen organizado que involucran a Argentina. Pero los fiscales y jueces se han quejado de la poca colaboración de la Justicia argentina, y de la lentitud de los trámites. ¿Eso va a cambiar?

—Eso es importante, y es posible hacerlo más ágil. Por eso fue muy importante que estuviera el embajador argentino (Guillermo Montenegro) en la reunión que tuvimos con la Corte. La charla que mantuvieron con el presidente de la Corte fue muy fructífera. Esos temas que usted planteó dependen de esta buena comunicación institucional, y personal, entre los estados. Una buena comunicación va a solucionar muchos de los problemas.