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La jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu citará a declarar en calidad de testigo al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculados al narcotráfico. La magistrada habilitó pedidos de los abogados defensores para que también los financistas Ignacio Rospide y Luis Ignacio Rospide y algunos jugadores de fútbol concurran a la sede penal a declarar.
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La causa estudia el pasaje por Uruguay de dinero vinculado a Vladimiro Montesinos, asesor del entonces presidente peruano Alberto Fujimori. Tres personas han sido procesadas —dos con prisión— en el marco de la investigación de una ruta por la cual dinero desde Perú era blanqueado en Argentina, previo paso por Uruguay. Uno de esos procesados es el empresario Sergio Hermida, quien recibió 256 transferencias por importantes montos a una cuenta personal provenientes de una naviera peruana vinculada al narcotráfico. Otras tres transacciones se realizaron a través de un cambio en el cual Hermida era el socio mayoritario y Gonzalo Núñez, el minoritario.
Entre 2008 y 2009 Ferreri se desempeñó como contador en el cambio del empresario Hermida. En 2014, y mientras era titular de la Dirección General de Impositiva (DGI), Ferreri fue interrogado por la Dirección General de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior, pero luego no fue llamado a declarar al Juzgado.
Ahora la defensa de Núñez, también procesado con prisión en el marco de la causa, solicitó a la jueza Larrieu más pruebas y nuevas declaraciones, entre ellas la de Ferreri. Núñez participó en tres operaciones de canje que desde Uruguay se realizaban con la sociedad comercial Gori Crown, situada en España y dirigida por él mismo. La fiscalía entiende que esta ruta era parte de la operación de lavado, mientras que la defensa señala que las transacciones estaban debidamente documentadas según la regulación de la época del Banco Central (BCU).
Consultada por Búsqueda, la jueza dijo que dispuso algunas de las medidas solicitada por la defensa de Núñez. Explicó que a Ferreri se lo cita como testigo porque trabajó en el cambio y es el único de los contadores que si bien había declarado en la Policía, no había concurrido al Juzgado.
Junto con las declaraciones, la jueza Larrieu habilitó también una pericia de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU, encargada de investigar los reportes de actividades sospechosas de la plaza financiera así como de controlar que las entidades obligadas cumplan con la normativa de lavado de activos. La jueza pidió además la presentación de información al ex Nuevo Banco Comercial —involucrado en las operaciones de canje que se investigan— así como la declaración del contador Pablo Benquet.
“Esto es una cacería de brujas y Núñez fue el conejillo de Indias porque hizo tres operaciones de canje lícitas. En 2006 las exigencias del Banco Central no son las mismas que ahora, como lo quiso aplicar el juez Valetti”, quien estuvo en el Juzgado especializado hasta el 2016, dijo el abogado Diego Durand en diálogo con Búsqueda.
La defensa de Núñez espera probar así que las transferencias cumplían con la debida diligencia, el mecanismo de control de la normativa contra el lavado de activos que se sigue en la plaza financiera. Si bien un representante de la UIAF ya concurrió a declarar en el marco de la causa, Durand sostuvo que el interrogatorio realizado fue “genérico” y “nunca preguntaron concretamente si la documentación era correcta de acuerdo a las exigencias de la época”.
“Ahora nosotros pedimos una prueba. Porque (para las operaciones de canje realizadas) se pidió personería jurídica, estatuto, procedencia, World Compliance (chequeo en listas internacionales de personas sospechosas de lavado). Se había pedido todo y no surgía que (las operaciones) fueran sospechosas. Ahora pedimos que un contador de la UIAF haga una pericia sobre la documentación que controló el oficial de cumplimiento según la normativa de la época para 2006 y 2007”, explicó el abogado.
Sobre la citación a Ferreri, Durand entiende que debe aclarar si existía alguna relación con su defendido.
“No digo que tenga ninguna culpa, pero estaría bueno que se aclarase y vaya a declarar. Que todos seamos iguales. Él declaró en Inteligencia, pero todos los contadores fueron al Juzgado. Quiero que nos aclare la documentación de la época, si lo conocía a Núñez, con quién se relacionaba en aquel momento, cómo estaba el cambio al momento que se va Núñez. Son preguntas que el juez Valetti no nos dejó hacer porque no lo llevó al Juzgado”, apuntó.
Investigación paralela.
El eventual involucramiento de Ferreri en el caso de lavado de dinero de Montesinos tuvo una derivación inesperada a mediados del 2016.
El ex jerarca de Inteligencia policial Leonardo González, que encabezaba la investigación, denunció en la Justicia penal que en 2014 el comando de esa dependencia le dio la “orden” de detener a Ferreri, que en ese entonces era titular de la DGI, para involucrarlo en un caso de lavado de activos.
En el escrito que presentó en el Juzgado, González sostuvo que como se negó a cumplir esa orden porque iba “en contra de lo dispuesto judicialmente”, las autoridades lo sacaron de Inteligencia, informó entonces “El Observador”.
El ex oficial presentó la denuncia después de conseguir un documento en el que se probaría que después de haber sido separado del cargo, en noviembre de 2014, Inteligencia dispuso una operación “fuera del debido proceso legal” para intentar, otra vez, involucrar a Ferreri. Esa operación implicó, según González, que dos subcomisarios viajaran a Perú para reunirse con el fiscal del caso Montesinos sin autorización de la Justicia uruguaya (Búsqueda Nº 1.879).
La jueza penal Fanny Canessa, que investiga la denuncia de González, dijo a Búsqueda que aún espera la respuesta de la Justicia peruana a un exhorto que envió a mediados del 2016. Si la respuesta no llega a la brevedad, añadió, planea reiterar la solicitud.
