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Luz, agua, gas y teléfono son los suministros que la Armada Nacional pagó durante años a tres instituciones sociales, hasta que la semana pasada un jerarca cuestionado en la interna de la fuerza ordenó cortar esos gastos por considerarlos ilícitos. El hecho reforzó una disputa dentro de la marina, generó un nuevo arresto a rigor y obligó a un pedido de información desde el Ministerio de Defensa Nacional, que con datos sobre la mesa se involucró en el tema y ordenó terminar con los desembolsos.
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De manera urgente, el martes 28 el ministro Javier García solicitó a la Armada Nacional que le enviara los acuerdos jurídicos y/o administrativos que rigen su relación con el Club Naval del Uruguay, el Centro de Suboficiales de la Armada y la Liga Marítima Uruguaya, el tipo de apoyo económico que les brinda y el tiempo que lleva haciéndolo.
La información elevada por la Armada sostiene que al Club Naval le otorga “apoyo ininterrumpido” desde su fundación en 1928, según supo Búsqueda. El documento no aclara el tipo de apoyo al que se refiere ni tampoco desde cuándo se responsabiliza de insumos específicos como luz, agua, gas y teléfono, ya que no hay un “registro exacto” sobre esas erogaciones. De todas maneras, sí afirma que al menos desde la década de 1970 la Armada es quien paga la UTE en el Club Naval. En cuanto a los montos, las facturas de servicios abonadas en el último año al Club Naval ascienden aproximadamente a US$ 70.000 anuales.
La cifra incluye luz, agua y gas pero no los salarios de personal subalterno activo de la Armada que trabaja en esa institución. La información enviada al ministerio explica que en el Club Naval trabajan actualmente 13 integrantes de la Armada, mientras que hay seis en el Club de Suboficiales y tres en la Liga Marítima, abocados entre otras a tareas de mantenimiento y administrativas. Sus sueldos son cubiertos por el Estado, más allá de que cumplan funciones en instituciones privadas. En el caso del Club Naval, el trabajo del personal subalterno está regido por un convenio firmado en octubre de 2005 con la Armada y que se renueva todos los años.
Dos días después comunicó su decisión a Gustavo Musso, quien reemplazaba provisoriamente como comandante en jefe de la Armada a Jorge Wilson, de viaje en Buenos Aires. El corte de agua generó el cierre provisorio del Club Naval, la indignación de sus socios y la respuesta de la Armada, que les explicó que la decisión no fue de la institución sino exclusivamente de Gossweiler.
Justamente por no respetar la verticalidad de mando ni informar a tiempo a sus superiores, Musso sancionó a Gossweiler con tres días de arresto a rigor en su domicilio, según informó El Observador el martes 5. Es la segunda sanción al contralmirante en las últimas semanas, ya que a fines de mayo Wilson determinó que estuviera 15 días de arresto a rigor en la base naval de La Paloma por alterar “el procedimiento habitual de entrega de documentos”, luego de que se filtrara públicamente una denuncia de Gossweiler sobre el cobro irregular de partidas adicionales dentro de la Armada.
En la fuerza consideran que la conducta de Gossweiler responde a una estrategia para desgastar a Wilson con el objetivo de reemplazarlo como comandante en jefe. Fuentes de la institución señalaron que las denuncias de partidas adicionales se enfocan en “cantidades muy menores de dinero” a las cuales el propio Gossweiler accedió durante su carrera, mientras que el suministro a los clubes obedece a un “apoyo histórico” que tiene “contrapartidas importantes” para la Armada y del cual todos los integrantes de la institución están al tanto.
Por lo pronto, García dispuso ayer miércoles el cese inmediato del pago de UTE, OSE, Antel y gas a “instituciones ajenas” a la Armada y el reintegro a la fuerza del personal subalterno activo que cumple funciones en el Club de Suboficiales y en la Liga Marítima. En cuanto al Club Naval, como actualmente hay un convenio vigente, el ministro ordenó que los funcionarios permanezcan hasta octubre de este año, cuando está estipulada la renovación del acuerdo, que comunicó no debe ser ratificada. Además, el Departamento Jurídico del ministerio analiza otros alcances que pueden existir en la relación entre la Armada y estas instituciones.
García también espera por la misma documentación de parte del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea, para conocer cómo es su relación económica con instituciones externas. Desde el Ejército Nacional indicaron a Búsqueda que toda organización con personería jurídica que no pertenezca a la fuerza debe gestionarse sola y que existe una orden que prohíbe el apoyo económico del Ejército. Actualmente el Ejército está verificando la relación con instituciones militares del interior del país, aunque ya corroboraron que organizaciones grandes como el Centro Militar efectivamente no reciben el pago de servicios de luz, agua, teléfono y gas.
