El martes fue un día caótico en el Club Naval ubicado en Carrasco. Durante la mañana la institución se quedó imprevistamente sin agua y los funcionarios constataron que la razón fue la baja del servicio dispuesta por OSE. Mientras averiguaban el porqué, tuvieron que pedir a los socios que se retiraran de las instalaciones, mover a los huéspedes del hotel del club a otro lugar y cancelar un evento social previsto para la noche.
Enseguida en WhatsApp comenzaron los comentarios y la inquietud aumentó cuando un socio mencionó que se trataba de una “vendetta” de un alto mando de la Armada Nacional. Pasado el mediodía, el club comunicó oficialmente que estaba cerrado “por problemas en el suministro de agua”. A la vez, un directivo mencionó en una conversación informal que detrás de todo estaba Otto Gossweiler, director de Material Naval de la Armada, quien “ordenó quitar los contadores de OSE y suspender los suministros de UTE y gas, sin previo aviso”. Al menos dos cartas le llegaron a Ney Escandón, el presidente del Club Naval, solicitando declarar persona no grata a Gossweiler y llamar a una asamblea general extraordinaria para considerar otras medidas.
El miércoles 29 El Observador informó que la Armada ordenó cortar el suministro de luz, agua y gas del Club Naval, la Liga Marítima Uruguaya y el Centro de Suboficiales de la Armada tras detectar que “durante años” el Estado pagó esas facturas, pese a que se trata de instituciones privadas.
La decisión correspondió a Gossweiler, al frente de la Dirección General de Material Naval, encargada de las funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento y transporte de la Armada. Como titular de esa división, entendió que el pago de gastos de instituciones privadas supone un desvío de fondos públicos, por lo cual el viernes 24 avisó a UTE, OSE y el servicio de gas que se cerraban sus contratos con el Club Naval, la Liga Marítima Uruguaya y el Centro de Suboficiales de la Armada. La orden y su justificación —rubricada a través de una carta de servicio— las entregó el lunes 27 a Gustavo Musso, quien reemplaza provisoriamente como comandante en jefe a Jorge Wilson, de viaje en Buenos Aires. Es la segunda carta de servicio que Gossweiler eleva al Comando General de la Armada en donde alerta por ilícitos que ocurren en la fuerza y la necesidad de denunciar prácticas corruptas.
Dentro del Comando General de la institución, sin embargo, aseguran que Gossweiler actuó incorrectamente. Aunque comparten que la Dirección General de Material Naval tiene entre sus competencias controlar las erogaciones de luz, agua y gas que realiza la Armada, jerarcas de esa fuerza consultados por Búsqueda afirmaron que toda resolución final al respecto le corresponde a Wilson y no debió ser tomada “unilateralmente”.
También hay discrepancias respecto al fondo del asunto. En el Comando entienden que los pagos de estos servicios no son desvíos de fondos públicos sino parte de “contraprestaciones” que se hacen a instituciones sociales que a cambio ofrecen sus instalaciones a la Armada. Al Club Naval, por ejemplo, se le pagaron $ 48.171 de UTE en el período de febrero a marzo, según facturas que observó Búsqueda. La cuenta de ese servicio tenía como titular directo al Comando General de la Armada.
En el estatuto y el reglamento general del club no se menciona nada específico sobre las contraprestaciones. El reglamento únicamente establece que la tesorería del club tendrá a su cargo la administración de los fondos —formados, entre otros, por subvenciones que otorgue el Estado—, y que efectuará todos los pagos por gastos del club que estén previstos en el preventivo general de ingresos y egresos del año en curso.
El miércoles 29, desde la Armada Nacional contactaron a las tres instituciones para informarles que el corte de los servicios provino de Gossweiler. Los clubes, por lo pronto, ya reactivaron de forma particular la luz, el agua y el gas.
De acuerdo a El Observador, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, pidió que se le dieran antecedentes para analizar la orden: el instrumento jurídico que la sostuvo, los acuerdos jurídicos y/o administrativos que rigen la relación de la Armada con instituciones externas, los montos que la Armada paga a estas instituciones y el período de tiempo que lleva haciéndolo, entre otros datos.
García, Wilson y Gossweiler, reunidos. Foto: Ministerio de Defensa
Arresto a rigor
Gossweiler ostenta el rango de contralmirante y ya está en condiciones de ser designado comandante en jefe de la Armada Nacional. Compañero de clase de Wilson, en su extensa trayectoria ocupó embarcado los cargos de comandante, segundo comandante y oficial del detall. En unidades de tierra fue jefe, director, subdirector, subjefe y asesor; fue agregado de Defensa ante Alemania, ejerció la docencia en la Escuela Naval, la Escuela de Guerra Naval y la Escuela de Especialidades, fue comandante de la Flota de la Armada Nacional y director general de Finanzas. Desde abril está al frente de la Dirección General de Material Naval, que además de funciones logísticas abarca las áreas de meteorología, oceanografía, hidrografía y ayudas a la navegación.
En mayo el portal defensa.com publicó que, tras asumir su nuevo puesto, Gossweiler notificó a Wilson sobre pagos indebidos. Se refería a remuneraciones definidas en el artículo 83 de la Ley de Presupuesto N° 14.106 de 1973, actualizado en 2011, que fijan la asignación de una partida anual de dinero adicional a personal superior y subalterno de la Armada por desempeñar determinados trabajos en el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (SOHMA), en el Servicio de Iluminación y Balizamiento (SERBA) y en el Servicio de Electrónica (SELAR). Gossweiler escribió una carta de servicio a Wilson, un tipo de gestión documental interna dentro de la Armada, donde apuntaba que personal por fuera de esas tareas igual recibía las compensaciones.
Enterado por Wilson, el ministro García dispuso una investigación administrativa para definir si hubo irregularidades con las partidas (Búsqueda Nº 2.175). La investigación en curso está a cargo de una abogada del ministerio asesorada por una contadora que cumple tareas de auditoría dentro de la cartera.
Tras las divulgaciones públicas, el 27 de mayo Wilson sancionó a Gossweiler con 15 días de arresto a rigor. “Como director general de Material Naval, elevó una carta de servicio a este comandante sin las medidas de reserva pertinentes. Alteró el procedimiento habitual de entrega de documentos, no haciendo firmar el libro de correo correspondiente y sí una copia de la carta de servicio, la cual fue fotografiada y subida por WhatsApp. Tal omisión permitió que el contenido tomara estado público, afectando el prestigio de la institución y la posible dispersión de prueba ante una eventual investigación administrativa”, esgrime el fundamento de la sanción, que fue impugnada por Gossweiler y está ahora en análisis del Departamento Jurídico-Notarial del ministerio.
Tras cumplir el arresto en la base naval secundaria de La Paloma, Gossweiler retomó su puesto en Material Naval y ordenó la semana pasada cerrar los contratos de servicios al Club Naval, la Liga Marítima Uruguaya y el Centro de Suboficiales por considerarlos ilegales.
Varias fuentes de la Armada sostuvieron que esta denuncia y la de los pagos adicionales obedecen a una “estrategia interna” para desplazar a Wilson de su puesto y ser nombrado comandante en jefe. Afirman que no fue casual la decisión de Gossweiler de notificar primero el viernes 24 a las empresas prestadoras y después el lunes 27 a Musso, cuando el proceso de cierre de las cuentas ya estaba en marcha y el comandante en jefe se encontraba de viaje en Buenos Aires. Argumentan que, tras 30 años de socio, Gossweiler se desvinculó del Club Naval, igual que su hijo, días antes de advertir oficialmente sobre los pagos que esta y otras instituciones reciben de la Armada. También lo acusan de ser parte de algunas de las irregularidades que denunció.
Documentos a los que accedió Búsqueda muestran que, de 2016 a 2019, el hoy contralmirante cobró alrededor de $ 15.000 por conceptos de trabajos en el SOHMA, el SERBA y el SELAR. Durante ese período estuvo destinado como jefe del EMPLA N3, la división responsable de las políticas y planes del Estado Mayor de la Armada, y formó parte del gabinete del comandante en jefe de la Armada.
Las complicaciones internas de la Armada fueron admitidas por el propio ministro García en el Parlamento. “Cuando asumimos vimos culturas organizacionales que no nos parecían adecuadas. La Armada había advertido y en diferentes instancias había solicitado que hubiera modificaciones”, dijo el lunes 20 en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.
En concreto García mencionó la Comisión Técnica (Cotec), el servicio de inspectoría que se hace a las embarcaciones, “donde había problemas estructurales importantes” relacionados con el cobro de viáticos; los servicios especiales de la Prefectura Nacional Naval que “durante muchísimos años tuvieron un funcionamiento que no era el debido”; y el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento, que tiene problemas vinculados con el pago de horas extras.
Información Nacional
2022-06-30T00:02:00
2022-06-30T00:02:00