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La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) avanza en la elaboración de un proyecto de ley para castigar la corrupción privada y espera presentarlo al Poder Ejecutivo en los próximos meses.
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Las autoridades de la denominada junta anticorrupción mantuvieron una reunión por este tema a comienzos de noviembre con representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. También participaron actores del sector privado y expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).
“Estamos en las últimas relecturas” del borrador “a fin de que pase a estudio del directorio”, informó a Búsqueda la presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo. “La idea es que después pase a una órbita académica, pero eso no está definido.
La junta debía elaborar un proyecto en 2020, después de que entrara en vigencia la nueva “ley cristal”. La entonces presidenta del organismo, Susana Signorino, contrató a la Unodc para que armara el borrador de la propuesta. En la reunión de noviembre, los expertos informaron que entregarán el documento antes de fin de año.
La actual presidenta de la Jutep había dicho a Búsqueda en marzo de este año, al inicio de su gestión, que la corrupción privada no estaba entre sus prioridades. Esa posición cambió después de asentarse en el cargo. “Es un tema en el que Uruguay necesita actualizarse a nivel internacional. Quiero decir, que en las distintas reuniones con organismos internacionales, ese tema es requerido como en el debe”, explicó Di Longo.
Uruguay ratificó en 2006 la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que se establece que cada Estado parte,“de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno”, deberá adoptar medidas “para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas”. Pese a haber ratificado la convención, Uruguay “no posee un marco anticorrupción para el sector privado”, advierte la ONU en un documento sobre el país.
A juzgar por documentos de trabajo analizados y consultas realizadas por Búsqueda, el proyecto de ley apuntará a tipificar delitos de fraude internacional, el peculado, el tráfico de influencias, la colusión, el manejo de información privilegiada, el soborno en el sector privado, el lobby y el fraude contable.
