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    miércoles 12 de junio de 2024
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    La Justicia en tiempo de Javier Milei

    La agenda del ministro parece centrada en avanzar en la cobertura de las numerosas vacantes que hoy existen en el Poder Judicial y en trabajar en reformas que no requieren grandes esfuerzos presupuestarios

    La agenda depolíticas públicas en materia de justicia ha estado en los primeros meses del gobierno del presidente Javier Milei subordinada al ajuste económico, que constituye el objetivo central de su gestión.

    La posibilidad de encarar reformas importantes requiere no solo voluntad política sino también recursos para llevarlas a cabo.

    Ninguno de esos dos elementos han estado presentes en los primeros meses del gobierno, cuyo mantra es “no hay plata”. El presidente ha anunciado sin medias tintas que le importa “tres carajos” neutralizar toda iniciativa que pueda poner en juego el sacrosanto equilibrio fiscal.

    Otro condicionante sensible es la manifiesta minoría parlamentaria en la que se halla el partido de gobierno.

    La gestión de justicia se ha visto, por otro lado, subordinada y condicionada por el discurso bélico de seguridad, que ocupa un lugar preponderante en el discurso y la difusión del gobierno. El Ministerio de Seguridad concita la atención mediática y avanza a través de proyectos que invaden y pretenden también anexar áreas tradicionalmente gestionadas por el Ministerio de Justicia, como las pretendidas leyes “antimafia”, de extensión de la prisión preventiva, de ampliación de las facultades de las policías para ejercer violencia letal, de ampliación del registro de datos genéticos de imputados por delitos y la ampliación de la construcción y la anunciada privatización de cárceles.

    Ya en los primeros días de la gestión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaba con bombos y platillos haber desbaratado la red del clan narco encabezado por Miguel Ángel Mameluco Villalba, quien años atrás había sido defendido por su colega de gabinete, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que luego alegó que esa defensa había sido ejercida por su hermano y socio.

    Este arrinconamiento también se refleja en dichos del propio presidente, quien reivindicó a los “talibanes” de su gabinete, entre quienes se ubicó él mismo y la “maravillosa” y “fabulosa” ministra de Seguridad, sin mencionar al ministro de Justicia ni siquiera entre las “palomas”.

    Milei había dado una sorpresa con el nombramiento de Cúneo Libarona como ministro de Justicia, que, como él, había trabajado para el empresario Eurnekian y con quien había compartido sets de televisión.

    Cúneo Libarona es el hijo de un prominente miembro de la familia judicial, pero a la vez se trata de alguien que muy joven se dedicó a defender con alto perfil y manifiesta intrepidez grandes casos de corrupción y de otros delitos graves.

    Se trató, por cierto, de una designación contradictoria en gran medida con el discurso anticasta que levantó el candidato Milei y que explica en gran medida el voto de hastío con el sistema político que lo encaramó en la presidencia.

    Cúneo Libarona, sin embargo, se ha preocupado en los últimos años por cultivar un perfil académico como profesor y decano de una universidad privada. Su origen judicial y la persecución de esos esquivos laureles académicos explican algunas intenciones manifestadas por el ministro —luego frustradas— y también la activación de algunas políticas relevantes, a pesar de la restricción presupuestaria.

    En uno de los primeros reportajes que brindó antes de asumir como ministro, manifestó su intención de promover mujeres jóvenes para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a un camarista del crimen de vasta trayectoria para el cargo vacante de procurador general de la Nación.

    Posteriormente, el Poder Ejecutivo propuso dos hombres para la Corte que provocaron una vasta polémica, no solo por hacer caso omiso del equilibrio de género, sino también por haber propuesto a un juez perteneciente al fuero más cuestionado del Poder Judicial y a un ultraconservador católico, que en medio del debate sobre el derecho al aborto se había manifestado en contra de la agenda de derechos sostenida por las organizaciones de mujeres.

    Tampoco se concretó la propuesta de un candidato para el cargo de procurador general.

    Cúneo Libarona había anticipado también que entregaría la Oficina Anticorrupción a la oposición, pero poco después designó como titular a un exsocio suyo.

    Otras contradicciones también se dieron cuando anunció que quitaría a la Oficina Anticorrupción la facultad de querellar para, según él, garantizar la igualdad de armas con personajes defendidos por los abogados más influyentes del foro. Pero luego esa facultad se mantuvo en la primera versión de la mega ley ómnibus “de bases” enviada por el gobierno al Congreso y luego rechazada.

    Algo similar ocurrió cuando al término de una reunión de gabinete se anunció que se crearía una fiscalía especial anticorrupción, algo que ya existe en Argentina hace décadas. Luego de idas y vueltas y de una reunión del ministro con el procurador general interino, este emitió una resolución rechazando la propuesta y dejando en offside al gobierno.

    Frente a la radicalización de la violencia narco en Rosario, Cúneo Libarona promovió la implementación del sistema penal acusatorio en esa provincia. Si bien tuvo que postergar la decisión inicial de ponerlo en funcionamiento de inmediato, pocos meses después comenzó a funcionar. El sistema acusatorio, pese a haber sido aprobado por el Congreso hace más de 10 años, solo regía en las provincias de Jujuy y Salta. Esto constituye una aspiración histórica y Cúneo Libarona está enfocado en avanzar en un objetivo que haría que la academia jurídica que aspira a integrar lo observara a una mejor luz. Seguramente seguirá por las provincias de Mendoza y las de la Patagonia, pero aún subsiste el interrogante de si podrá doblegar la resistencia de los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires, que ven en la reforma una amenaza a su poder y prerrogativas, y si dispondrá de los fondos siempre necesarios para reformas de envergadura como las que se propone concretar.

    Más allá de los traspiés, la agenda del ministro parece centrada en avanzar en la cobertura de las numerosas vacantes que hoy existen en el Poder Judicial y en trabajar en reformas que no requieren grandes esfuerzos presupuestarios.

    El primer objetivo requerirá negociaciones con los integrantes del Senado, que debe prestar los acuerdos para los candidatos y candidatas que se propongan, dado que el gobierno tiene franca minoría en ambas cámaras del Congreso. Las habilidades del gobierno en esta materia no han sido hasta ahora muy eficaces, tal como revela la ausencia de leyes en los meses que han transcurrido desde su asunción.

    Una iniciativa planteada desde el comienzo fue la de establecer el juicio por jurados, que también estaba en la mega ley ómnibus “de bases” y que, aunque luego fue retirada, probablemente será planteada nuevamente a través de una ley especial.

    Existen otras iniciativas que se solapan con la centralidad del Ministerio de Seguridad, como la anunciada pero aún no presentada ley de baja de la edad de imputabilidad y la reforma del Código Penal, en la que está trabajando una comisión integrada por juristas conservadores.

    Los próximos meses serán reveladores sobre la posibilidad de concreción de una agenda fuertemente condicionada y oscilante en un gobierno cuyo devenir también constituye un gran interrogante.

    *Abogado, profesor universitario, director ejecutivo de Innocence Project Argentina, una ONG que busca liberar a inocentes condenados por error o por corrupción, exdiputado nacional, exfiscal nacional de Investigaciones Administrativas y exjefe de la Oficina Anticorrupción, desde donde denunció e investigó al menemismo, a la alianza liderada por Mauricio Macri y al kirchnerismo.

    Contexto argentino
    2024-05-22T20:54:00