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    sábado 15 de junio de 2024

    La Policía golpea a cuatro clanes narco y advierte por represalias

    Casi veinte integrantes de las familias Albín, Galli, Puglia y Risso fueron detenidos en allanamientos en Montevideo y Canelones

    El camión blindado de la Guardia Republicana estacionó frente a una casa de Villa Española y los oficiales empezaron a descender. Derribaron puertas y recorrieron habitaciones, pasillos, fondos y hasta pequeños galpones. Revisaron tuppers con comida, lavarropas, desagües e inodoros para encontrar droga. Era uno de los primeros días fríos del año y el dueño de la propiedad había prendido la estufa. Cuando vio entrar a los policías aprovechó y tiró la droga que tenía encima a la fogata de madera y cartón. No fue una buena idea. En el apuro también arrojó plástico y la combinación casi lo mata: terminó con las vías respiratorias quemadas e intoxicadas, detenido en una unidad de cuidados intensivos a la espera de ser trasladado a la cárcel.

    El desafortunado es un integrante de los Puglia, una familia del barrio dedicada a la venta de estupefacientes. Su padre, madre y dos hermanas ya están presos. Ahora cayó él. Fue uno de los objetivos de un operativo policial ejecutado el martes 7, pero cuya investigación se inició el año pasado. Además de los Puglia, estaba enfocado en los Galli —otro grupo dedicado al microtráfico en la zona— y especialmente en los Albín, un clan más potente que los otros dos en cuanto a capacidad de negocio y de armamento. Las tres familias tienen una alianza, un pacto informal por el cual se reparten calles y clientes e incluso comparten bocas de venta. Juntas, con los Albín a la cabeza, las tres pelean por el territorio contra los Suárez, en un póker de clanes familiares que el año pasado acrecentó los homicidios en Villa Española. La situación generó un patrullaje continuo de la Policía, con efectivos de la Guardia Republicana, la unidad de élite de la Policía, constantemente apostados en las veredas.

    “Cabe destacar que durante esta operación se dio un golpe a grupos criminales que trafican drogas y generan violencia en sus barrios, atentando contra la tranquilidad de los vecinos”, señaló el Ministerio del Interior tras el operativo, en un comunicado de prensa emitido el mismo martes 7.

    Denominado Antioquia del Orontés, el procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, bajo la órbita de la Fiscalía de Estupefacientes de 4° turno. Se allanaron veinte puntos de Montevideo y Canelones y se realizaron seis requisas en prisiones. Además de la Dirección de Drogas y la Guardia Republicana, participaron Policía Científica, Aviación Policial, Información e Inteligencia Policial, Crimen Organizado e Interpol, y las jefaturas de Montevideo y Canelones. A uno de los allanamientos también se acercó el ministro del Interior, Nicolás Martinelli.

    Pese a que varios de los implicados intentaron deshacerse de la droga, la Policía ya tenía la investigación avanzada con trabajos de inteligencia iniciados en 2023, evidencia suficiente para que la Justicia dispusiera decenas de órdenes de detención. Quedaron arrestadas 11 personas y se incautó cocaína, marihuana y pasta base, además de vehículos, dinero en efectivo, armas, municiones, celulares, cámaras de videovigilancia y balanzas. Fue necesario un ómnibus para transportar a los detenidos.

    No fue el único operativo de la Dirección de Drogas. Días después, otro procedimiento culminó con la formalización de ocho personas vinculadas a los Risso, una banda de microtráfico liderada por dos hermanas que controla alrededor de cinco bocas de venta en los barrios de Capurro y La Teja.

    Los Albín, Galli, Puglia y Risso forman parte de los casi 50 grupos dedicados al microtráfico de droga que operan en Montevideo y la zona metropolitana de Canelones y San José. En 2022 la Dirección de Drogas elaboró un mapa criminal para rubricar en papel a estos clanes generalmente familiares que manejan al menos tres puntos de comercialización directa a consumidores. Desde entonces, algunos de esos grupos fueron desmantelados y surgieron otros nuevos, pero el número sigue rondando los 50.

    Fuentes policiales indicaron a Búsqueda que, en principio, los recientes operativos no significan el fin de estas cuatro familias, sino “un debilitamiento” que “puede cambiar el esquema” del negocio en los barrios donde operan, especialmente Villa Española. Las fuentes afirmaron que sus líderes posiblemente sigan activos desde prisión, pero el hecho de que pierdan presencia en las calles puede ser aprovechado por otros grupos, por ejemplo, los Suárez.

    El enfrentamiento entre los Albín y los Suárez aceleró políticas de seguridad pública implementadas por el gobierno, como la creación de una base de datos más amplia que además de identificar a las organizaciones de narcotráfico también identifique las de tráfico de armas, trata de personas, contrabando, estafas y préstamos, con el objetivo de analizar si mantienen operaciones cruzadas y mejorar la colaboración entre las unidades de la Dirección Nacional de Investigaciones.

    El aumento de los asesinatos en el barrio tomó mayor repercusión pública con la aparición voluntaria de los propios protagonistas en medios de comunicación. “Quiero que hagan justicia por mi hijo. No tengo palabras, estoy destrozado y no tengo palabras. Quiero que los que le hicieron esto paguen con cárcel”, afirmó Gustavo Albín a Telemundo.

    Era enero y su hijo Joaquín, de 8 años, había sido asesinado a balazos en la entrada de la casa de su abuelo en Malvín Norte, mientras se preparaba para ir a la playa. La muerte se atribuyó a una venganza de los Suárez, luego de que en noviembre Gustavo y su hermano fueran acusados de disparar desde un auto a una casa de Villa Española: la propiedad pertenecía a sus enemigos y en la ráfaga de balazos murió Ezequiel Barrios Suárez, de 21 años.

    “Me quieren inculpar por algo que yo y mi hermano no hicimos. No tenemos nada que ver con el muchacho. No tienen pruebas contra nosotros”, aseguró Albín ante las cámaras. Estaba junto a su abogado en la puerta del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, listo para entregarse con el objetivo de poner paños fríos a los ajustes y protegerse él y su familia.

    Finalmente, fue imputado por homicidio a título de dolo directo. Su hermano está preso y su madre también, detenida durante la operación Antioquia del Orontés. Permanece libre su padre, el Bicho, quien está en silla de ruedas y quedó responsable del negocio familiar junto con dos hijas. “El grupo quedó muy menguado”, aseguró una fuente policial. “Y seguramente tendrán que aguantar la embestida de los Suárez”.

    Información Nacional
    2024-05-22T21:44:00