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Uno de los hombres de confianza de los gobiernos argentinos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández tratando de esconder U$S 9 millones en un convento; acusaciones de que el presidente interino de Brasil, Michel Temer, negoció el pago de coimas; propiedades en Uruguay compradas para “lavar dinero corrupto”; quiénes tienen empresas off shore en paraísos fiscales. Entre martes y miércoles estos temas dominaron la discusión en el Parlamento uruguayo.
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“Queremos ser claros: se viene un problema grave de corrupción en el Uruguay y tenemos que tomar medidas para prevenirlo”, advirtió Pedro Bordaberry durante la sesión del Senado del miércoles 22.
Bordaberry planteó la creación de una comisión investigadora con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en Uruguay. La propuesta no obtuvo el respaldo necesario para ser aprobada. Votaron en contra el Frente Amplio y el Partido Independiente. El Partido Nacional apoyó pero no realizó una defensa de la idea.
Por el oficialismo, Daisy Torruné dijo que no encontró una “denuncia fundada” y “hechos concretos” que ameriten la creación de la comisión. Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo que no era procedente el pedido. Pero aclaró que esto “no significa que Uruguay esté saneado” y que tiene “huecos, debilidades”. Planteó crear una comisión que legisle sobre el tema, algo que tampoco se aprobó debido a la negativa del Frente Amplio.
Tourné afirmó que la postura del oficialismo frente al planteo del legislador colorado “no quiere decir” que buscan “evitar la discusión sobre corrupción”. Recordó que el Frente Amplio fue el que propuso crear una comisión especial para trabajar sobre el financiamiento de los Partidos Políticos y otra que legisle sobre las empresas creadas en lugares como Panamá. “No se quiere barrer abajo de la alfombra absolutamente nada”, afirmó.
Germán Coutinho (Partido Colorado) dijo que “el nivel de corrupción política en los países vecinos es enorme”. Y añadió: “No somos una isla ajena a todo lo que pasa”.
Bordaberry relató una serie de hechos que ocurrieron en Argentina y Brasil y que tuvieron “repercusión” en Uruguay. Puso como ejemplo que la empresa OAS, vinculada a casos de corrupción en Brasil, fue adjudicataria de las obras de la Regasificadora en Uruguay. También se refirió al caso del venezolano Guido Antonini Wilson, que llegó a Argentina con una valija con U$S 800.000. “El entonces ministro de la República Argentina, Alberto Fernández, aseguró que el destino de dicho dinero abandonado era el Uruguay”, dijo Bordaberry.
El ex candidato a presidente planteó que el Parlamento discuta los proyectos sobre el tema, como el que se refiere al enriquecimiento ilícito o el que crea la figura del arrepentido.
Ruben Martínez Huelmo (Frente Amplio) respondió que algunos de los proyectos del legislador se pueden estudiar.
José López.
El tema corrupción también dominó el debate en la sesión del Parlasur (el Parlamento del Mercosur), que tuvo lugar en el Palacio Legislativo. Fue tratado debido a que el ex subsecretario de Obras Públicas, José López, que está preso en Argentina por tratar de ocultar U$S 9 millones, es miembro del Parlasur.
López integra el organismo por el Frente Para la Victoria (FPV), liderado por la ex presidenta Cristina Fernández. Ese sector fue quien impulsó en la sesión del Parlasur del martes 21, que se le aplicara a López el artículo 30 del reglamento y lo expulsara. El argumento era “falta de decoro en el ejercicio de sus funciones”.
Para sancionar a López se necesitaban 92 votos a favor. Votaron 95 legisladores: 82 por el sí, 11 abstenciones y dos se opusieron. Los legisladores uruguayos por el Partido Nacional Pablo Iturralde y Juan José Olaizola votaron en contra. Argumentaron que antes de expulsarlo había que permitirle a López hacer sus descargos. Iturralde reclamó no moverse al “grito de la tribuna” y sin dar “garantías”. Los parlamentarios brasileños fueron quienes más se abstuvieron. De esta forma no se alcanzaron los votos necesarios.
Tampoco logró la mayoría especial de 92 votos una moción presentada para suspender a López mientras una comisión investiga el caso. Al momento de ponerse a votación este texto, había 85 legisladores en sala.
“Este es un duro golpe a la lucha contra la corrupción”, dijo la argentina María Luisa Storani (del oficialista PRO).
Varios legisladores lamentaron que no se pudiera sancionar a López en la sesión y señalaron que esto dañaba la imagen del Parlasur.
La sesión sirvió como escenario para el enfrentamiento entre los dos bloques fuertes de la política argentina.
Mariana Zuvic, del PRO recordó que hace más de dos décadas López es parte de lo que hoy es el FPV. Mirando a Jorge Taiana, presidente del Parlasur y a otros legisladores del FPV, afirmó que se encargaron junto a Cristina Fernández de armar la lista que llevó a López a integrar el organismo. Dijo que de esta manera se buscó hacer una “guarida institucional”.
Zuvic aseguró que a López “lo van a seguir otros que están sentados acá”.
Taiana respondió que no aceptaba que se pretendiera tirar una “sombra de duda, de mugre, sobre personas que han dedicado su vida a la actividad política”.
Agustín Rossi (FPV) dijo que Zuvic afirmó en un programa de la televisión argentina que lo estaba investigando. “¿Quién apoya las investigaciones de Zuvic, los servicios de inteligencia argentinos? ¿Estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia de Macri? ¿Han desatado una cacería sobre nosotros?”.
Humberto Benedetto (PRO) sostuvo que López fue “leal” a los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. “¿Cómo se puede ser progresista y ladrón? ¿Plantear un gobierno nacional, popular y corrupto? A cualquier gobierno le puede pasar lo de la corrupción, el problema es qué hacemos nosotros cuando descubrimos un corrupto”, dijo. “Si esperamos 8 años para actuar, somos cómplices”.
Pese a no poder suspender o expulsar a López, se logró aprobar una declaración en la que se “censura” el “vergonzoso proceder de inconducta” de López, el cual “hiere dolorosamente” al Parlasur.
