“Las expectativas (inflacionarias) de los empresarios son bastante rígidas y en esto venimos trabajando bastante”, dijo el presidente del BCU, Diego Labat, en una entrevista con Búsqueda en agosto del año pasado. Puso un ejemplo: “Alguno dice que en 2021 la inflación será de 12%. Son uno o dos entre 300 de los que contestan la encuesta de expectativas... Cuando lleguemos a noviembre y la tasa anual esté en 6,8% o 7,2%, ¿qué creen?, ¿que en diciembre va a haber un salto? Se contesta por inercia…”. La variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) oficial en todo ese año fue 7,96%.
“Bola de cristal”
Ese sondeo de expectativas que hace cada mes el Instituto Nacional de Estadística logra respuestas de unas 250 a 300 empresas grandes (con al menos 100 empleados) y de diversos giros de actividad. Para tres períodos (el año calendario en curso, los siguientes 12 meses móviles y el año móvil posterior, es decir, proyectando en total 24 meses hacia adelante), deben contestar a las siguientes preguntas: “¿Cuál cree usted que será la variación del IPC?”, y “¿Cuál cree usted que será la variación promedio de los costos de su empresa valorados en pesos uruguayos?”. A la primera interrogante, en la encuesta de enero la mediana de las respuestas fue 8% en los tres casos; para todo 2021 algunas pocas firmas proyectaron una inflación de entre 10% y hasta 17%. Sobre sus costos, plasmaron una perspectiva muy similar.
Ante una consulta de Búsqueda, el BCU dijo que ese sondeo lo contestan firmas de gran porte que, en facturación y empleo, representan cerca del 80% del universo de empresas de Uruguay y “permite extraer expectativas sectoriales”. Se enfoca en la mediana de las respuestas para “entender el fenómeno inflacionario a nivel macro”, explicó. En ese aspecto, señaló que más del 20% de las firmas ajusta su expectativa en promedio cada mes, lo que para la autoridad monetaria “quiere decir que hay un proceso de revisión fluido, pero que no resulta en una modificación de la mediana”.
“A todos los países, no (solo) a Uruguay”, les está costando contener la inflación, y “uno de los problemas es la materia prima que sube. Eso repercute en el producto que el proveedor está produciendo y en el precio de venta. (…) Hay que controlar el precio de la materia prima para estar seguro. La guerra en Ucrania no ayuda, es uno de los vectores de la inflación”, reflexionó el viernes 24 en el suplemento El Empresario de El País Jean Christophe Tijeras, ejecutivo principal del Grupo Casino, dueño de las cadenas Disco, Devoto y Geant.
“Lo único que podemos ver es que dependemos mucho del precio del dólar. Eso juega y se traduce en una inflación en pesos”, añadió ese ejecutivo del supermercadismo. Y relativizó el poder de control de las autoridades: “No importa quién está en el gobierno, eso a veces escapa de sus manos, porque dependemos de terceros. Uruguay depende del mercado externo, Brasil y Argentina, etcétera. A veces hay que tomar una bola de cristal... Con lo que está pasando fuera me parece muy arriesgado dar un número”.
Lo habitual es que las empresas marquen el nivel de precios de venta en función de sus costos de producción —o importación— más un cierto margen de ganancia, considerando también las condiciones de demanda y los precios de la competencia en bienes o servicios sustitutos. Fijado eso, luego las variaciones de precios suelen estar vinculadas al costo de reposición de stock, la inflación pasada y las expectativas inflacionarias a futuro, entre otras cosas.
Desde el sector fabril sostienen que, en general, definen precios con base en una evaluación técnica, de mercados —no todos homogéneos— y costos. “Algunas empresas lo hacen más o menos sistemáticamente, pero en la industria es común que al menos se calculen los costos directos de producción como referencia”, afirmó a Búsqueda Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industrias (CIU).
La socia de la consultora Exante Florencia Carriquiry considera que, si bien los casos son muy diversos, los empresarios en Uruguay tienden a mirar sobre todo sus costos. “Gestionan con mucho foco en el margen bruto —a veces con un seguimiento riguroso de datos y otras veces con menos—, pero en general intentan traspasar variaciones de sus costos de producción a los precios, aunque obviamente también miran luego la demanda y los competidores para evaluar si hay espacio para ese traspaso”, señaló consultada por Búsqueda.
Para Nicolás Cichevski, gerente del departamento de Consultoría Económica de CPA/Ferrere, el “grado de análisis técnico” en que se basan para fijar el nivel de precios depende “en gran medida de la sofisticación del sector y del tamaño” de las empresas. Las “capacidades” no son las mismas para un supermercado o una tienda grande de retail que para un almacén o un comercio de pequeñas dimensiones”, dijo a Búsqueda. En ese sentido, observó que las condiciones de competencia en cada mercado —geográfico o de producto— pueden incidir en el nivel de precios, con la lógica de que este generalmente es menor cuando mayor es la competencia.
Cichevski piensa que la rigidez de las expectativas empresariales sobre la inflación responde fuertemente al grado de indexación que tiene la economía uruguaya hace casi dos décadas, lo “que genera cierta inercia al momento de ajustar precios y elaborar presupuestos”. Razonan así: “La inflación pasada fue 8%, los salarios están indexados, definamos nuestro presupuesto asumiendo que ese 8% se repetirá en el futuro”.
Señales y credibilidad
“Queremos que esa percepción de que el banco actúa (recién cuando la inflación está) entre 8% y 10%” se termine, dijo Labat en enero, en otra entrevista con Búsqueda (N° 2.157). Hoy la meta es que el IPC anual suba entre 3% y no más de 7%, aunque el rango bajaría a 3%-6% desde setiembre. Pero el arsenal antiinflacionario del BCU se reduce a la política monetaria.
El anuncio de cierta meta de inflación por parte de las autoridades opera como una “señal importante”, si bien “no ha tenido el efecto deseado sobre las expectativas empresariales, que terminan prediciendo la inflación mejor incluso que los analistas” del sector privado, opinó Pérez.
En teoría, el rango meta “debería tener ese objetivo de ‘señalizar’ en qué nivel desea el BCU que se ubique la inflación y, en tal sentido, actuar en consecuencia. Pero sistemáticamente desde hace tiempo las metas no se han cumplido y, por tanto, resultan poco efectivas. Las nuevas autoridades se plantearon como objetivo actuar fuerte sobre las expectativas”, pero “en la práctica los efectos (...) han sido limitados, en parte porque el proceso de suba de tasas fue inicialmente moderado y quizá menos agresivo que lo necesario durante la segunda mitad del año pasado”, evaluó el economista de CPA/Ferrere. A eso se le sumó el hecho de que la última ronda de la negociación salarial, si bien en algunos casos respetó las pautas indicadas por el Poder Ejecutivo, “no lo hizo en todos, y se incluyeron correctivos por inflación pasada a los 12 meses en casi la mitad de los casos, hecho que contribuye a mantener la inercia inflacionaria”, agregó.
Con la inflación anual situada en 8,9%, el próximo 7 de abril el BCU reunirá a su Comité de Política Monetaria (Copom). Lo que se espera, porque así fue anunciado, es que suba la referencia otros 0,75 puntos, llevándola a 8%. Esto, en teoría, opera como un mensaje para que las instituciones financieras eleven la tasa de los préstamos cobrada a sus clientes, lo que a su vez debería incidir en la demanda y, en definitiva, en los precios de la economía.
El asesor de la CIU entiende que el sesgo menos expansivo de la política monetaria adoptado a partir de agosto influye en los empresarios porque, “más allá de que pueda ser justificado o no, muchos identifican que este cambio tiende a deprimir el tipo de cambio, lo que incide en la formación de precios. Además, tiene impactos en el canal crediticio, más allá de las características de nuestro mercado, que son muy particulares y hacen menos potente la política monetaria que en otras economías”.
Cichevski comparte que si bien esa política “tiene su impacto en las condiciones de la economía, naturalmente en Uruguay el efecto es menor al deseado por la dolarización de algunos precios y contratos”. En ese sentido, y dado que las previsiones en materia de inflación se mantienen por encima del rango objetivo del BCU e incluso han aumentado en los últimos meses —según el promedio de analistas, el mercado y los empresarios, a 24 meses se ha acercado a 8%—, cree que además de subir la tasa “debería comunicar que seguirá elevándola hasta tanto las expectativas converjan a los niveles deseados. En definitiva, si bien plantearon que el nivel ‘neutral’ de la tasa es 8%, ello es cierto con una inflación de 6%, y en este momento tanto las expectativas como el dato actual están bastante por encima”. Dar esa señal sería importante, según él, “sobre todo para evitar que este empuje inflacionario, que es fundamentalmente transitorio, se vuelva permanente en la medida en que precios y salarios lo internalicen”.
Por su lado, la economista de Exante sostuvo que la razón del desanclaje de expectativas “tiene mucho de falta de credibilidad en el objetivo. La historia muestra muy claramente que la inflación ha estado casi siempre —salvo momentos muy excepcionales— fuera del rango meta, y por mucho tiempo la política monetaria y la propia comunicación de las autoridades daban cuenta de muy poco compromiso con hacer ingresar a la inflación en el rango meta, privilegiándose otros objetivos. El Banco Central ha intentado en el último tiempo mostrar un compromiso más fuerte con ese objetivo de tener una inflación más baja y viene endureciendo la política monetaria y cambiando el tono de sus mensajes, pero para restablecer un mayor nivel de credibilidad en la meta hará falta que la autoridad monetaria vaya ganando reputación mostrando resultados”. Pero a corto plazo “el shock de commodities” que está recibiendo Uruguay “no contribuye a moderar las expectativas inflacionarias, sino todo lo contrario. A nuestro juicio —dijo Carriquiry—, es difícil con el escenario de precios internacionales actual que la inflación ingrese al rango meta este año”.
Hay consenso entre los analistas acerca de eso, según la encuesta del BCU difundida el martes 29. La proyección —en mediana— de bancos, AFAP, consultores, y centros académicos y de investigación es que la inflación será de 7,90% en 2022 y 6,85% en 2023. El pronóstico más pesimista es un alza de precios de 9,20% al cierre del año en curso.
