El diputado Daniel Peña declara que recibe “dividendos”, pero no menciona que posea sociedades anónimas o empresas. El senador Juan Sartori deja vacío el casillero de sus ingresos y escribe a mano un cero en el de su cónyuge, Ekaterina Rybolovleva, pese a que es legislador y declara ser el dueño del 100% de tres compañías que valen, en conjunto, unos US$ 90 millones. El senador Charles Carrera declara que gana un salario líquido como parlamentario de $ 276.801, su colega Amanda Della Ventura declara $ 165.321, Óscar Andrade declara $ 95.000 y Lucía Topolansky desagrega lo que recibe de salario ($ 109.995) y de partidas de secretaría ($ 170.864).
Las primeras 50 declaraciones juradas de legisladores y exlegisladores que divulga la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en su web permiten una primera aproximación a los patrimonios de funcionarios públicos, aunque también reflejan una disparidad de criterios a la hora de llenar los formularios, lo que en algunos casos dificulta su análisis.
De acuerdo con las declaraciones divulgadas hasta el momento, la mitad de los diputados declaró un patrimonio de US$ 224.075 o superior. El diputado Constante Mendiondo (Nuevo Espacio) es el que menos tiene; de hecho, dice que es cero.
En el caso de los senadores, la mediana es US$ 256.774, calculó Búsqueda.
Punto medio
Una de las abogadas de la Jutep dedica buena parte de su tiempo a abrir las declaraciones juradas de 418 cargos públicos, enmascarar información personal contenida en los documentos y después coordinar su subida a la página web institucional. La engorrosa tarea es una innovación incorporada en el último cambio a la ley que regula el sistema y que establece que la denominada Junta Anticorrupción debe publicar una versión de la declaración que le presenten el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, los senadores, los diputados y los intendentes municipales.
La primera tanda de declaraciones, divulgadas la semana pasada, incluía a 17 senadores, a los exsenadores José Mujica y Julio María Sanguinetti y al actual ministro de Ambiente, Adrián Peña. Esta semana la Jutep subió otras 10 declaraciones de senadores y de 20 diputados o exdiputados.
Sartori declara un patrimonio de casi US$ 100 millones, mientras que el de Guido Manini Ríos roza los US$ 4 millones (Búsqueda Nº 2.099). Carmen Asiaín (Partido Nacional) está tercera entre los senadores, con un patrimonio de US$ 1.919.373.
Los tres senadores con menos patrimonio son los miembros del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sandra Lazo (US$ 8.726) y José Mujica (US$ 18.364) y la blanca Gloria Rodríguez (US$ 15.166).
Entre los diputados el legislador con mayor patrimonio es el blanco Rodrigo Goñi, quien declaró un total de US$ 3.466.962. En su caso, el bien de mayor valor es un campo en Durazno de $100 millones, a lo que se suman tres apartamentos en Montevideo. Además, Goñi tiene el 50% de una sociedad cuyo valor nominal es de US$ 700.000.
Mario García, exdiputado blanco y nuevo intendente de Lavalleja, declaró un patrimonio de US$ 1.031.882, mientras que su correligionario Benjamín Irazábal declaró US$ 1.142.712.
Mendiondo es el que declara menos patrimonio —cero—, seguido del comunista Gerardo Núñez (US$ 7.363) y el socialista Enzo Malán (US$ 8.327)
La mitad de los legisladores cuya declaración es pública tiene un patrimonio de US$ 244.081 o superior, calculó Búsqueda.
La mediana es un dato estadístico que permite, a diferencia de la media o promedio, evitar las distorsiones que generan algunos valores atípicos como los patrimonios de Asiaín, Manini Ríos y Sartori en la Cámara de Senadores; o los de García, Irazábal y Goñi, en Diputados. Se trata del valor que separa a la muestra exactamente en dos mitades, dejando a cada lado el 50%. La declaración jurada de Mendiondo no es considerada, técnicamente, un valor atípico.
Disparidad
En sus declaraciones, los legisladores manejan criterios diferentes para llenar el formulario. Así, en el apartado en el que deben escribir sus “sueldos líquidos (deducidas las cargas legales) vigentes a la fecha de la declaración jurada”, el senador blanco Sergio Botana puso $ 170.024, unos $100.000 menos que Carrera.
Mario Bergara (Frente Amplio) completó su declaración jurada el 28 de febrero y anotó un salario de $ 210.000, mientras que su correligionario Danilo Astori la llenó dos meses después y escribió $ 165.718, casi lo mismo que declaró el colorado Germán Coutinho.
Entre los diputados las declaraciones de sueldos líquidos recibidos por su trabajo parlamentario oscilan entre los $ 133.000 que declara Cristina Lustemberg (PAR) y los $ 285.351 de Daniel Peña.
La diputada Susana Pereyra (MPP) dijo que ganaba $ 149.500 mensuales más $ 31.220 de la partida de prensa (eliminada meses después). En cuanto a su cónyuge, el senador Eduardo Bonomi, explicó que solo podía dar una cifra correspondiente al ingreso entre el 15 y el 29 de febrero. La “liquidación del Senado que pudimos obtener no era mensual”, aclaró.
Pese a que llenó el formulario el 15 de abril de este año, dos meses después de asumir su banca, Sartori tachó todos los apartados destinados a su “declaración de ingresos” y la de su esposa, ya sea “sueldos líquidos”, “rentas” y “otros ingresos”.
El único diputado del Partido de la Gente incluyó diversos ingresos en la declaración que presentó el 12 de febrero de 2019. Peña, que se sumó al grupo de Edgardo Novick en 2016, declaró un “sueldo líquido” de $ 285.315. En el apartado destinado a las “rentas” aseguró que percibía $ 321.000 por “alquileres y dividendos” y en el casillero dedicado a “otros” ingresos informó que su partido le entregaba $ 181.321.
Dos legisladores comentaron a Búsqueda que la falta de un instructivo claro para llenar el formulario puede generar dificultades a la hora de completarlo.
El cónyuge que se negó
Al abrir las primeras declaraciones, la Jutep detectó errores y omisiones vinculadas a las declaraciones de bienes de los cónyuges.
La presidenta de la denominada Junta Anticorrupción, Susana Signorino, informó a Búsqueda la semana pasada que le enviaron observaciones a quienes no entregaron información sobre sus cónyuges pese a que tienen separación de bienes.
El artículo 12 de la ley dice que el documento que se presente debe tener una “relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integre y de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela”.
La senadora Gloria Rodríguez tendrá problemas para cumplir con esa obligación prevista en la ley. En su declaración, la legisladora blanca escribió que está casada con Alcides Silveira, pero que “se encuentra separada de hecho” desde 1992 y que desde ese momento “no tiene relación personal alguna con su señor esposo”. Cuando tuvo que completar la declaración jurada le pidió la información requerida a Silveira, quien “se negó” a entregarla “reiteradas veces”. Rodríguez dijo que por esa razón le “resultó imposible” consignar los datos patrimoniales de su esposo.
