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    La “transformación” educativa avanza esquivando la sombra de la “reforma de Rama” y con amenazas sindicales y presupuestales

    El gobierno acelera el paso con el objetivo de que la educación por competencias empiece en 2023 y que se entregue a docentes títulos de licenciados en Pedagogía antes del final del periodo.

    En el sistema educativo la palabra reforma está ligada a la figura de Germán Rama, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que en la década de 1990 lideró un proceso de cambios profundos en el sistema. La “reforma de Rama” despertó la oposición de grupos de sindicatos y un parteaguas en la enseñanza, particularmente en sectores de izquierda donde había técnicos que estaban de acuerdo con sus ideas y participaron en su puesta en práctica.

    El actual gobierno avanza en un proceso de cambios en el sistema educativo que provoca una creciente movilización a nivel sindical y críticas de parte de la oposición política. Esta vez es una “transformación educativa”, según la designación oficial. Ese nombre pretende, al menos en parte, evitar la referencia al concepto reforma y su carga simbólica, dijeron a Búsqueda fuentes que trabajan en su elaboración.

    Más allá de lo comunicacional, impulsores de la “transformación” entienden que la envergadura de los cambios, en cuanto al impacto, puede ser comparable con la “reforma de Rama”, dijo uno de los consultados. De hecho, las modificaciones alcanzan, entre otros temas, a los planes de estudio y métodos de enseñanza en todos los subsistemas de la ANEP, la titulación de maestros y profesores, el Plan Ceibal y los centros de contexto crítico.

    A nivel político, el oficialismo está dispuesto a resistir la ofensiva de los gremios que cuestionan el contenido de los cambios y piden mayor incidencia en las decisiones. El presidente Luis Lacalle Pou transmitió en reuniones cerradas su respaldo al equipo que lidera la “transformación”, lo que se refleja en las salidas públicas del ministro Pablo da Silveira y del titular de la ANEP, Robert Silva.

    Las autoridades de la ANEP tienen un estudio de Opción Consultores, fechado en junio, que indica que la mayoría de la opinión pública estaba “poco” (56%) o “nada” (19%) informada sobre la transformación que impulsa el gobierno, según el documento al que accedió Búsqueda.

    La encuesta preguntaba la posición acerca de los cambios a partir de lo que sabía el encuestado sobre el plan. El 9% dijo que estaba “totalmente” de acuerdo y 45%, “bastante de acuerdo”.

    “Hay una fuerte segmentación por electorados en el grado de apoyo” al plan: “73% entre los electores de la coalición contra 28% al interior del electorado frenteamplista”, dice el documento. El rechazo “es de 58% entre los frenteamplistas y de solo 8% al interior del electorado oficialista”.

    La encuesta buscó conocer la opinión acerca de medidas específicas que el gobierno quiere aplicar. El 84% respondió que “está totalmente o bastante de acuerdo en otorgar títulos universitarios a maestros y docentes”, mientras que 90% “considera muy o bastante importante incorporar competencias para la vida”.

    “Para un 59% los docentes deberían permanecer como mínimo tres años en los centros, mientras que para un 33% deberían poder elegir año a año el centro donde trabajarán. A su vez, una clara mayoría del 73% está a favor de brindar mayor autonomía financiera y administrativa a los centros”, concluye el informe.

    Las opiniones están divididas en mitades casi iguales cuando se preguntó sobre aumentar “la autonomía” de los centros educativos en la toma de decisiones y sobre la pertinencia de pagarles una compensación a los docentes que trabajan en barrios de contexto crítico.

    Las competencias

    Los equipos técnicos convocados por la ANEP trabajan a paso redoblado para producir los documentos y planes de estudio con el objetivo de que la “transformación” llegue a las aulas en 2023.

    A comienzos de agosto el Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó el Marco Curricular Nacional, un documento en el que redefine el perfil que deben tener los egresados del sistema de enseñanza obligatorio, que incluye tres niveles: inicial y primaria, educación media básica y educación media superior. Uno de los cambios centrales es que el foco debe estar centrado en las “competencias” que adquieren los estudiantes y no en el “contenido disciplinar”.

    “Las disciplinas y sus saberes nucleares estarán presentes, pero el criterio primordial será el del interés y necesidades del estudiante”, dice el documento. Define 10 competencias que el sistema educativo buscará que incorporen los estudiantes: comunicación, pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento computacional, metacognitiva, intrapersonal, iniciativa y orientación a la acción, relación con otros y ciudadanía local, global y digital.

    El Marco Curricular Común es el documento madre del que derivan otros. El martes el Codicen publicó Progresiones de Aprendizajes, donde establece criterios “de logros” que puedan medir y evaluar el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. “En todas las competencias se ha tenido especial cuidado en no considerar el desarrollo de las progresiones de las competencias como un proceso lineal y en no definir el perfil de egreso como un proceso acabado”, aclara el documento.

    Las “progresiones de aprendizajes” en las distintas competencias y sus subcomponentes se dividen en cinco, siendo la primera el nivel “esperado en un niño al ingreso a la educación obligatoria y el último es el esperado al egreso de la educación media”.

    Así, por ejemplo, en la competencia “metacognitiva”, definida como “aprender a aprender”, se fijan “progresiones de aprendizajes” para los “procesos internos del pensamiento”. El nivel esperado al entrar a la educación formal es responder “de forma espontánea o con mediación a desafíos cognitivos a partir de lo que le provocan diferentes situaciones”. Al finalizar la enseñanza media, el adolescente debería desarrollar “en forma autónoma su actividad cognitiva integrando sus procesos de aprendizaje en función del conocimiento de sí mismo”.

    Los equipos técnicos en la ANEP trabajan en otros documentos que derivan de los dos anteriores: los planes y programas, a los que describen como “los documentos curriculares de alcance más específico”. Los planes “definen las estructuras de los diferentes niveles educativos (disciplinas, horarios, espacios específicos de flexibilidad)” y a partir de ellos se definen los programas. “A través del Marco, las regiones, las redes, los centros educativos y los docentes pueden interpretar los programas con los parámetros que surgen de sus diferentes componentes, pudiendo tener en cuenta las particularidades propias de cada contexto”, dice el documento madre de la “transformación” curricular. El plan implica dar más autonomía a los centros educativos e intentar que los equipos de docentes estén más tiempo en sus lugares de trabajo.

    El objetivo de las autoridades es aprobar los programas en octubre, según las fuentes consultadas. El tiempo apremia si se tiene en cuenta que la meta del Codicen es que los cambios se vean reflejados el año que viene en las aulas. Y no es por la dificultad de redactar los documentos y conseguir los votos para su aprobación, ya que el oficialismo tiene mayoría en el consejo, sino porque después los docentes deben aplicarlo.

    “El papel lo aguanta todo”, dijo una autoridad de la enseñanza que trabaja en el tema para subrayar que el “desafío más importante” será la puesta en práctica de lo escrito en las aulas.

    El Codicen, según los informantes, quiere que salvo contratiempos la enseñanza por competencias comience en 2023 en educación inicial, en primero y segundo de primaria, y primero y segundo de educación media.

    En línea con esa meta, las autoridades de la enseñanza aprobaron el lunes la eliminación de la repetición en los dos primeros años de primaria y media, informó El Observador.

    El Codicen comenzará a dictar cursos de formación vinculados a la educación por competencias y las progresiones para inspectores, directores y subdirectores. Para los maestros y profesores que tienen que aplicar la nueva metodología en las aulas se brindará un curso online.

    La idea de las autoridades es además crear figuras de “mentores” que colaboren y acompañen a los docentes en la nueva dinámica, añadió un informante.

    El objetivo de los mentores es evitar que suceda algo parecido a lo que ocurrió a comienzos del Plan Ceibal, opinaron varios consultados. Cuando el gobierno empezó la distribución de una laptop por alumno, hubo reclamos de docentes porque no tenían preparación ni apoyo para utilizarlas.

    Juan Pedro Mir. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

    Blindar

    Buena parte de los esfuerzos para transformar la educación, como la enseñanza por competencias, va en línea con las propuestas de Eduy21, según Juan Pedro Mir, uno de los integrantes de la organización que ahora forma parte de equipos técnicos de la ANEP dedicados a redactar los programas de enseñanza.

    Mir dijo que más allá de esos puntos de contacto con los trabajos de Eduy21, hay cuestiones incluidas en el “libro blanco” aprobado por la organización que no están contempladas en el proceso y que son clave. “Tiene que haber un acuerdo político para blindar el presupuesto educativo” para los próximos 20 años, dijo Mir, quien aclaró que hablaba con Búsqueda en su calidad de experto en educación y no como parte de la ANEP o Eduy21.

    Al docente, que fue director de Educación al comienzo del último gobierno del Frente Amplio, le preocupa que no haya presupuesto suficiente para cubrir los costos que implica el modelo de enseñanza por competencias. Los maestros y profesores necesitarán espacio en los centros para “articular” sus propuestas más allá de las materias que dictan. “Si no se generan esos tiempos, un cambio programático” no va a funcionar, sostuvo Mir.

    El presupuesto es una preocupación entre las autoridades de la educación, según las consultas de Búsqueda. La ANEP solicitó un refuerzo presupuestal para contemplar diversos aspectos de la transformación, aunque espera recibir menos de lo que necesitaría para poner en práctica el 100% de sus planes. Vamos a estar “apretados” de dinero, reconoció un jerarca.

    Más allá de lo presupuestal, Mir dijo que es clave que el sistema político “retome la agenda de los acuerdos que ya tiene” en educación y construir desde allí.

    En el horizonte cercano no parece haber un clima de acuerdos.

    Desocupación del Instituto de Profesores Artigas en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Una imposición

    La conflictividad sindical parece ir en aumento en las últimas semanas. Los focos iniciales estaban en la formación docente, nivel en el que las autoridades están aplicando cambios por vía del Consejo de Formación en Educación (CFE) y del Ministerio de Educación (MEC).

    El gobierno decidió que el camino para que los docentes tengan título universitario no sea mediante la creación de una nueva institución, sino por acreditación ante el MEC, una posibilidad incorporada en la Ley de Urgente Consideración. A su vez, el CFE está cambiando los planes de estudio para que “tenga condiciones universitarias” y cumpla con “ciertos requisitos” necesarios para la titulación. El ministerio, cumplidas ciertas condiciones, reconocerá los títulos emitidos por la ANEP a maestros y profesores con carácter de licenciatura en Pedagogía.

    El gobierno tiene como meta entregar los primeros títulos de licenciados en Pedagogía antes del final del período, explicó un jerarca.

    El exdirector del CFE Luis Garibaldi cuestionó que el gobierno de Lacalle Pou “comenzó” a trabajar en el tema de la titulación universitaria de maestros y profesores “como si nada hubiera pasado antes”. Aseguró que el camino trazado por el MEC para la titulación le “abre la puerta” de la formación docente “al mercado”, porque las instituciones privadas podrán buscar el reconocimiento de sus títulos. En cuanto al consejo, prosiguió, los cambios en el programa y los planes de enseñanza se realizan sin diálogo. Y a eso se suman, añadió, “problemas de gestión” que repercuten en que haya materias sin profesores y tutores.

    Garibaldi advirtió que los cambios no van a funcionar “sin la participación de los docentes”, y menos “sin plata”. Y más allá de que se oponen a la transformación, puso en duda que cristalice: “Este gobierno avisa más de lo que hace”.

    Trabajadores de formación docente fueron los primeros en ocupar centros de enseñanza, desocupados por el gobierno casi de inmediato. “Han intentado imponernos una reforma”, dijo el 30 de agosto a Subrayado la dirigente Marcela Ballesta. “Los docentes deberían ser consultados y deberían aportar”.

    “La fragilidad de la reforma que se quiere imponer se demuestra con la oposición que ha generado en las distintas instancias de elaboración técnico-pedagógica. En las primeras dos instancias convocadas para trabajar la reforma curricular, 20 de las 32 salas docentes a nivel nacional rechazaron el documento, negándose a trabajar en la elaboración de los contenidos de la malla curricular”, dice un documento entregado por los sindicatos de estudiantes de Formación en Educación al Frente Amplio.

    A las ocupaciones de los centros de formación docente se sumaron los de liceos y paros de profesores, todo ambientado por el debate sobre la Rendición de Cuentas.

    “El objetivo es imponer una reforma educativa que hace años está en disputa”, dado que “comenzó en el año 96 con la reforma de Germán Rama, expresando una concepción educativa que no dudaría en llamarla ‘bancomundialista’”, declaró a Nada que perder, de radio M24, el representante de los docentes en el Codicen, Julián Mazzoni.

    El conflicto puede escalar en las próximas semanas. Representantes de los gremios de la enseñanza mantuvieron una reunión con el Codicen ayer miércoles para dialogar sobre la transformación. A la salida del encuentro, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores, José Olivera, declaró que “el conflicto se mantiene en todos sus términos”.

    La dirigente de formación docente Cecilia Klein dijo que la transformación curricular “cambia las condiciones laborales” y que por eso es necesario negociarla en ámbitos tripartitos. Además, pidió que se siga discutiendo durante el 2023 para llegar a una propuesta de modificaciones en 2024.

    Consultado al respecto por la prensa, el presidente del Codicen dijo que el diálogo está abierto, pero que el gobierno mantiene su objetivo de aplicar cambios el año que viene. “Podemos seguir hablando, pero hay que tomar decisiones y nosotros las vamos a tomar para el 2023”.

    Contratapa
    2022-09-01T00:11:00

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