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La trata de personas preocupa al gobierno y derivará en más intervención militar
El Ministerio de Defensa dio nuevas órdenes de actuación para que las Fuerzas Armadas persigan el delito
Los militares deberán enfocarse en detener autos de alquiler, taxis, remises, fletes, microbuses, camionetas y buses. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Desde marzo de 2020 las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, patrullan distintos puntos de la frontera con jurisdicción para inspeccionar vehículos y registrar personas con el objetivo de disuadir actividades ilícitas y actuar ante delitos flagrantes. En un inicio el patrullaje se pensó sobre todo para combatir el narcotráfico, pero tres años después el tráfico y la explotación de personas pasó a ser una prioridad, al punto que el Ministerio de Defensa decidió ahora aumentar la acción militar contra este delito.
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“Dadas las características de las operaciones y el despliegue militar en frontera entendíamos que era necesario enmarcar, desarrollar y profundizar la actuación militar contra el tráfico de personas, ya que las Fuerzas Armadas están en contacto directo con este problema”, señaló a Búsqueda el subsecretario del ministerio, Rivera Elgue. “Este es un tema de Estado. Tomamos conciencia de que es cada vez mayor y que hay que prestarle cada vez más atención”, agregó Elgue, quien representa al ministerio en el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, formado por distintos organismos y en el que Defensa ha tomado cada vez más relevancia.
El 25 de octubre el Poder Ejecutivo aprobó el protocolo de actuación militar para el combate de la trata y la explotación de personas. Firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, plantea al personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea herramientas para “detectar, prevenir y perseguir” este crimen.
En concreto, menciona que los militares deberán prestar auxilio a la víctima, practicar la detención en los casos de flagrancia o fuga, tomar y gestionar las denuncias del público y solicitar la identificación de cualquier persona cuando exista alguna suspicacia de que esa persona haya cometido o intentado cometer este delito. Como el rango de acción de las Fuerzas Armadas en frontera es limitado por ley, el protocolo aclara a los militares que son auxiliares de la Fiscalía General en la investigación y que deben poner en conocimiento a la autoridad policial con jurisdicción en el lugar.
Nerviosismo y sudoración
En 2020, Uruguay formó parte de una mega operación internacional de Interpol que finalizó con 100 víctimas de trata rescatadas en distintos países. El mismo año el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que el país no cumplía con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. En junio, el último informe del Departamento de Estado repitió la calificación, aunque valoró que el gobierno está “tomando importantes medidas” contra el delito. Entre las recomendaciones propuso capacitar a Prefectura para comprender mejor la trata de personas e identificar y derivar a las víctimas.
Según datos oficiales, en 2022 se identificaron en el país a 406 víctimas de trata (60 mujeres adultas y 346 menores), 49 más que las 357 víctimas (39 mujeres adultas y 318 menores) que se identificaron en 2021. Entre los explotados hay tanto ciudadanos uruguayos como extranjeros, incluidas personas de origen cubano, ecuatoriano, paraguayo y venezolano.
Las nuevas reglas del Ministerio de Defensa definen al tráfico como el ingreso o egreso de personas al territorio nacional con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, y a la trata como la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción y el hospedaje de personas con fines de explotación: la explotación sexual, el matrimonio forzado, el embarazo forzado, los trabajos o servicios forzosos, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre, la mendicidad forzada y la extracción o transferencia ilícita de órganos, entre otros.
En cuanto a lo estrictamente operativo, las reglas ordenan a los militares a realizar controles en ruta con un equipo que, “dentro de las posibilidades existentes”, cuente con personal femenino. Tendrán como prioridad la detención de vehículos de alquiler, taxis, remises, fletes, microbuses, camionetas y buses que lleven pasajeros. Un integrante del equipo se encargará de dialogar con el conductor para pedirle la documentación, mientras que su compañero de apoyo observará y analizará comportamientos y características del resto de las personas ocupantes del vehículo.
El protocolo enlista además conductas sospechosas para que los militares analicen: “No todos los indicadores se presentan en todas las situaciones, ni tienen que darse de forma acumulativa. Basta con que se presente alguno de ellos para activar la alerta”, aclara.
Entre los indicios se menciona el nerviosismo, ansiedad, tensión, temblores, sudoración, al momento de realizar el control; acento que no se ajusta a la región o país de donde dice ser oriunda la persona; actitud evasiva ante las preguntas; contradicciones en las respuestas entre las personas ocupantes del vehículo; cuando de varios ocupantes solo uno es el que habla; que una persona sea la que porta los documentos de todo el grupo; que una persona no tenga teléfono celular; señales de una persona con aislamiento social, temor o de que le están controlando sus movimientos; y que alguien no conozca la dirección a donde va.
En el caso de niños, se pide a los militares que presten atención a sus condiciones de higiene, a que la vestimenta y los juguetes que lleven “sean adecuados a su edad”, si presentan lesiones y si viajan sin estar acompañados por referentes familiares. Si están dormidos o aparentemente dormidos, tienen que pedirle a uno de los acompañantes que los despierten.