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    Las políticas en materia económica “siguen siendo absolutamente consistentes” y la inflación cedería algo en el segundo semestre

    Si bien algunos meses atrás la inflación alta ya había agujereado los bolsillos de los uruguayos, el presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, entiende razonable la preocupación popular por el más reciente empuje de precios, en particular de algunos alimentos básicos.

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    Primero, desde el Poder Ejecutivo se promovieron rebajas del IVA transitorias para un corte de carne y ciertos productos a base de harinas, y el lunes 18 anunció para el 1° de julio un adelanto de 2% de aumento en los salarios públicos y de 3% en las pasividades, además del pedido a las empresas privadas de que imiten esa medida con sus trabajadores. Aunque algunos apoyaron, varios analistas y dirigentes empresariales cuestionaron lo resuelto: que le falta “foco” a estos paliativos frente a la pérdida de poder adquisitivo; que el plan “desinflacionario” quedó “postergado” (o quizás “abandonado”); que la política macroeconómica “podría volverse inconsistente”; que se corre el riesgo de “elevar las expectativas de inflación, ya desancladas, a mediano plazo”. Por su lado el BCU, el jueves 7 previo a la Semana de Turismo había subido en 125 puntos básicos su tasa de referencia para la política monetaria y ratificó que mantiene como meta que, dentro de dos años, el aumento del costo de vida no deberá ser superior a 6% anual.

    Sobre el anuncio hecho por el presidente Luis Lacalle Pou este lunes, Labat dijo a Búsqueda que “estaba enterado de la decisión” del Ejecutivo y aseguró que en el intercambio con otros miembros del equipo económico opinó “alguna cosa”, aunque no contó detalles. Pero defendió lo decidido. Según él, lo que hubo fue “una solución razonable frente al problema” de la pérdida real de ingresos para la población. “Incluso, la veo como una solución más razonable que pensar en medidas como los acuerdos de precios o pequeños subsidios a uno u otro producto, que ya sabemos tiene efectos de muy, muy cortito plazo. La decisión no es una política antiinflacionaria sino que simplemente fue reconocer la pérdida y corregir”, mientras Uruguay sale —hacia el segundo semestre del año según lo previsto por el BCU— del shock actual. “Me cuesta ver esa inconsistencia” señalada por algunos analistas, afirmó.

    —Con el Covid controlado, la actividad económica rebotó, mejoró el nivel de empleo y el déficit fiscal viene bajando. ¿La inflación es, hoy, la variable más compleja para el equipo económico?

    —La inflación es el objetivo central que tiene el BCU. Y salidos de la pandemia —si bien no hay normalidad total, porque hemos recibido otros shocks—, desde hace ya unos cuantos meses entendimos necesario salir de la fase (monetaria) expansiva e ir hacia una neutralidad, e incluso ser algo contractivos para poner el foco en la inflación. Y usar todo el herramental que de alguna manera fuimos construyendo en estos años.

    —En ese marco, ¿cómo participó el BCU en la decisión de adelantar correctivos de salarios y pasividades?

    —Simplemente yo estaba enterado de la decisión que se iba a tomar, no otra cosa.

    —¿No lo consultaron?

    —Sí, yo opiné alguna cosa. Pero es una decisión del Poder Ejecutivo. Conversamos como siempre, porque el equipo económico coordina y se discuten cuestiones —inclusive en Semana de Turismo—, y después cada uno actúa en lo que le corresponde.

    —Varios analistas interpretan que lo resuelto por el Ejecutivo supone una descoordinación de las políticas fiscal y de ingresos, con la monetaria. ¿Usted no lo ve así?

    —No, no, no. Yo digo que las políticas siguen siendo absolutamente consistentes. Claramente, como he dicho más de una vez, me preocupa esa consistencia de políticas, que son las que tenemos.

    No sé si a veces algún analista, en una opinión rápida, puede sacar cosas fuera de contexto… Desde el BCU, ¿qué nos importa con lo fiscal? Que la política sea sostenible y que la senda vaya hacia la sostenibilidad; tener una deuda que el país pueda pagar y no estar gastando mucho más de eso. Para nosotros, ese supuesto se sigue manteniendo. El costo de la medida anunciada es razonable y no va a cambiar el equilibrio de las finanzas públicas. Y el elemento más importante y que nos da la tranquilidad es la regla fiscal aprobada en la Ley de Urgente Consideración y ratificada en el referéndum.

    Ante estos shocks por la guerra todos los países han hecho un esfuerzo fiscal mediante transferencias o subsidios de determinado tipo. En Uruguay, el Poder Ejecutivo optó por este mecanismo (de adelantar ajustes de salarios públicos y pasividades) que implica un cierto gasto fiscal, pero que está lejos de poner en riesgo la sostenibilidad y, de hecho, está habiendo sobrecumplimientos. No veo esa inconsistencia que alguno ha mencionado.

    —¿No le preocupa que esos aumentos anticipados hagan más presión sobre la inflación?

    —Primero, muchas ramas del sector privado iban a tener correctivos por inflación ya a lo largo del año porque los convenios —la gran mayoría— así lo prevén. Hay otros que fijan correctivos para más adelante. Lo que se está haciendo es adelantando; puede hacer algo más difícil la salida de la indexación, quizás pueda tener algún efecto sobre las expectativas, pero si pasa es mínimo. Y, de vuelta, no nos lleva a que las políticas sean menos consistentes que hace unos meses.

    Lo resuelto fue una solución razonable frente al problema de que claramente la inflación estaba por encima no solo de las expectativas y de los objetivos del banco, sino también de lo que se había proyectado al momento de negociar salarios. Esto simplemente toma en cuenta ese desvío y adelanta el correctivo. Incluso, la veo como una solución más razonable que pensar en medidas como los acuerdos de precios o pequeños subsidios a uno u otro producto, que ya sabemos tiene efectos de muy, muy cortito plazo. La decisión no es una política antiinflacionaria sino que simplemente fue reconocer la pérdida y corregir. Punto.

    Me cuesta ver esa inconsistencia.

    —Es un hecho que el gasto público venía reduciéndose y que la intención del gobierno era propiciar la desindexación en los ajustes de ingresos. Sin entrar en la discusión acerca de la magnitud del correctivo o su costo fiscal, el anticipo de ajustes parece ir en la dirección opuesta...

    —La política fiscal va a seguir cumpliendo sus metas. Cualquiera de las medidas tomadas por los distintos países, todas tienen costo. La cuestión es que en Uruguay, gracias a que hay una regla fiscal y hubo una austeridad importante en meses anteriores, esto se pudo dar sin poner en riesgo la sostenibilidad.

    En cuanto a la indexación, está claro que uno preferiría que hubiera menos de la que hay. Ahora, cuando la inflación se fue por encima de lo que fueron los criterios originales, parece razonable que se adelanten correctivos. No debiera necesariamente esto implicar más indexación, porque para empezar es una sola vez. Por eso creo que es apresurado hablar de inconsistencia.

    —En su rol bancocentralista, con la estabilidad de precios como cometido, usted seguramente hubiera preferido otra cosa que lo anunciado el lunes…

    —Como banco central tenemos un mandato y una política… Desde hace mucho tiempo, no de ahora, tenemos una credibilidad muy débil que estamos tratando de revertir. Creo que parte de esa credibilidad se puede fortalecer si seguimos mostrando que continuaremos actuando. Claramente tenemos un desafío que es seguir haciendo actuar a la política monetaria, tanto como sea necesario; cargamos con la mochila de que tenemos una baja credibilidad y la tenemos que reforzar más que algunos otros bancos centrales de la región y el mundo, que están jugando con esa credibilidad construida en 20 años de regímenes de metas de inflación.

    —Desde la perspectiva de esa credibilidad que señala, ¿no hace ruido que se anuncie un adelanto de los correctivos pocos días después de que el BCU subió la tasa de política monetaria más de lo que estaba anunciado?

    —Con ese endurecimiento apuntamos a que la política monetaria nos crean que la inflación va a ceder en un horizonte a 24 meses, no a 60 días. De hecho, dejamos claro que en nuestro escenario central este año vamos a cerrar arriba del rango.

    Son medidas que apuntan a distintos objetivos. El Poder Ejecutivo lo que dice es: “Bueno, hubo una pérdida de poder adquisitivo y la vamos a compensar anticipando un correctivo que se iba a dar”. No lo veo contradictorio.

    —El dirigente blanco Alberto Volonté afirmó en El País del domingo 17 que “acá se vienen grandes problemas sociales por el desequilibrio natural de la inflación creciente. Ahora Lacalle Pou deberá mostrar el coraje de un estadista” y “deberá decidir qué es lo que hacer, porque la barra va a gritar”. Con las rebajas de IVA para algunos productos y el anuncio de esta semana, ¿el Ejecutivo priorizó lo político por sobre lo técnico?

    —No me gusta esa contradicción entre lo político y lo técnico; las decisiones políticas tienen fundamento técnico.

    El país está creciendo —se espera que en torno a 4% este año— y dentro de ese contexto el presidente ha planteado la necesidad de que no se siga perdiendo poder adquisitivo. Bajo esa premisa inicial, las medidas tomadas son consistentes.

    —Eso como acción de corto plazo. ¿Ratifica que a mediano y largo plazo el BCU intentará bajar la inflación, y que ni se aplaza ni se abandona ese objetivo, como planteó algún analista?

    —Nosotros trabajamos con un horizonte a 24 meses. Obviamente, hay que tener claro que por el shock que venía de algo antes —y que la guerra exacerbó—, a corto plazo la inflación va a estar afuera del rango y desalineada de nuestro objetivo.

    Lo importante es que el país tenga claro los beneficios de contar con una inflación baja. Por eso debemos perseverar: son procesos de desinflación que en Brasil o Chile llevaron muchos años, más de una década. Y durante esa década tuvieron shocks, reaccionaron, volvieron a tener presiones inflacionarias, pero sin perder el norte de que tener una inflación más baja es una cosa buena.

    Es importante recalcar la potencia que puede llegar a tener la política monetaria y hacer que eso esté más en el ADN de todos los uruguayos, o por lo menos en cierto grupo de formadores de opinión. Acepto que los fracasos que ha tenido Uruguay contribuyen a eso. Pero en Chile la potencia de la política monetaria no la discute nadie; acá sí. Cuando uno mira Paraguay… tienen objetivos de inflación, tiene un guaraní fuerte. Hay experiencias muy buenas.

    A veces nos olvidamos del diagnóstico inicial: el principal problema de Uruguay es el bajo crecimiento potencial que tiene desde hace muchísimos años. Si queremos que ese crecimiento sea mayor debemos hacer ciertas reformas, y una es tener inflación baja. La baja inflación no entendida como un objetivo en sí, sino que lo importante de tener 3% y no 10% es porque si no, a largo plazo, se resigna crecimiento potencial.

    —¿Las proyecciones del banco ubican en algún momento la tasa anual de inflación en niveles de dos dígitos en estos meses?

    —Hoy eso no lo tenemos en ningún escenario.

    —¿Cuándo espera que haya una moderación del alza de precios?

    —En principio, vemos la inflación desacelerando un poco en el segundo semestre, aunque igual, en la mayoría de nuestros escenarios, no será suficiente para llegar al rango. La duración de la guerra es un factor de incertidumbre. De todos modos, el factor externo no lo debemos usar como excusa, porque seguramente en países como Chile, Perú o Colombia el shock es coyuntural y luego la inflación bajará, mientras que a nosotros nos tienen que creer que va a pasar este shock y que la inflación va a bajar. Y como nuestro historial no es bueno eso no es tan fácil.