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Lavado de activos: aumentaron a 911 reportes de sospecha en 2023
La cifra fue 8% mayor que el año anterior y marcó un récord, aunque está por debajo de lo que autoridades y expertos consideran óptimo para Uruguay en materia de prevención del delito de blanqueo
La sede del Banco Central, donde funciona la UIAF. Foto: BCU
Para Alejandro Montesdeoca, un especialista que trabajó contratado por el gobierno para desarrollar una estrategia nacional antilavado después de haber llevado adelante una evaluación del sistema, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de blanqueo de activos que se hacen en Uruguay son insuficientes. El piso debería ser, por lo menos, de 1.000 al año, para aproximarse a las cifras que se ven en otros países de la región. En 2023, el número de ROS recibidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (BCU) aumentó 8% respecto al año previo, aunque no fue suficiente para alcanzar ese umbral: hubo 911.
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De la Memoria Anual de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU —de la que depende la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)— surge que ese total de 2023 se compuso de 830 reportes hechos por instituciones financieras y 81 realizados por entidades no financieras; el documento no desglosa cada categoría.
Los ROS deben hacerlos aquellos “sujetos obligados” por la normativa —una lista que integran bancos, casas de cambio, proveedores de cofres de seguridad, intermediarios de valores, escribanos, agentes inmobiliarios, casinos, entre otros— ante transacciones llamativas o inusuales de sus clientes. Para Montesdeoca, su número anual es bajo. “No es que para valorar la efectividad del sistema uno tenga que basarse en el número de reportes de operaciones sospechosas, pero es uno de los tantos índices. El número en Uruguay, en promedio, es entre 700 y 800. En Chile el promedio es 5.000 y en Paraguay el promedio es 10.000. ¿Qué nos dice eso de la calidad de los reportes? No demasiado. Pero sí que estos dos ejemplos que doy están dentro del promedio que suele verse en los países de la región y sí nos puede dar la pauta de que, considerando que el Uruguay tiene una actividad financiera importante, debería preverse que el número fuera mayor. No puedo decir qué cifra, pero más de 1.000, seguro, estamos viendo pocos”, señaló este especialista a mediados del año pasado en Búsqueda.
Otro dato sobre el cual Montesdeoca llamó la atención fue el de cómo se distribuyen los ROS. “Es notorio que más del 90% provienen de bancos, ni siquiera de otras instituciones financieras u otras categorías de instituciones financieras que son consideradas clave por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y que tienen peso en Uruguay, como el sector valores o seguros, o cambios u otras empresas de intermediación financiera. El número de reportes del sector no financiero es muy bajo también. Esto evidencia que quizás la mayoría de las entidades, personas físicas o jurídicas que son sujetos obligados, no comprenden sus obligaciones o no comprenden sus riesgos. Sea lo uno o lo otro, es claro que no están implementando las medidas que les permitan detectar operaciones sospechosas. Claramente, hay que fortalecer el sistema preventivo”, planteó.
Los datos informados por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU mostraron, para 2023, un leve aumento en la proporción de ROS hechos por el sector no financiero a 9%, un punto más que en el año previo.
Planes
Los reportes recibidos por la UIAF son complementados con otro tipo de información obtenida de fuentes internas y externas con el objetivo de confirmar la existencia de elementos inusuales o sospechosos y, en ese caso, remitir a las autoridades competentes la información sobre transacciones financieras a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuando no se encuentran indicios sobre la vinculación de las personas, hechos o transacciones con esos delitos, se dispone el archivo de las actuaciones hasta tanto se obtengan nuevos elementos que ameriten continuar con el análisis del caso.
Del documento surge que en 2023 la UIAF hizo 98 acciones de cooperación y asesoramiento en el ámbito nacional (frente a 94 de 2022), que recibió 31 pedidos de información desde el exterior y respondió cuatro, en ambos casos menos que el año previo (39 y 16, respectivamente).
Entre los planes para 2024 de la superintendencia relacionados con la prevención del lavado de activos figuran, por ejemplo, un “rediseño de los formularios ROS” y el “ajuste de la normativa de empresas aseguradoras”.
“Sangre”
“No creo que la LUC (Ley de Urgente Consideración) haya modificado la práctica del narcotráfico ni del blanqueo, entre otras cosas porque estamos hablando de sumas” muy abultadas, dijo ayer el presidente Luis Lacalle Pou en referencia al artículo de esa norma que habilitó a realizar transacciones en efectivo por hasta US$ 100.000, modificando el tope anterior de US$ 4.000 a partir del cual se exigía utilizar instrumentos bancarios.
“¿Alguna vez trataron de girar... Yo, la otra vez fui a un Abitab en Maldonado a girar $ 40.000, ¡tuve que sacarme sangre!”, exageró el mandatario al ser interrogado por los cuestionamientos de la oposición a esa modificación legal en Radio Universal.
Según Lacalle Pou, la baja en los ROS que se dio en años anteriores “es otra cosa”. Agregó que, aún con el cambio en el manejo del efectivo dispuesto en la LUC en las transacciones “intervienen escribanos” e “instituciones financieras, porque trazan el dinero”.
