El número de reportes de operaciones sospechosas de lavado “es bajo”

—¿Tiene pensado qué es lo más urgente para implementar de esa estrategia?

—Hay un tema con los sujetos obligados. El número de reportes de operaciones sospechosas es bajo. No es que para valorar la efectividad del sistema uno tenga que basarse en el número de reportes de operaciones sospechosas, pero es uno de los tantos índices. El número en Uruguay, en promedio, es entre 700 y 800. En Chile el promedio es 5.000 y en Paraguay el promedio es 10.000. ¿Qué nos dice eso de la calidad de los reportes? No demasiado. Pero sí que estos dos ejemplos que doy están dentro del promedio que suele verse en los países de la región y sí nos puede dar la pauta de que, considerando que el Uruguay tiene una actividad financiera importante, debería preverse que el número fuera mayor. No puedo decir qué cifra, pero más de 1.000, seguro, estamos viendo pocos. La proporción entre reportes de instituciones financieras y no financieras: es notorio que más del 90% provienen de bancos, ni siquiera de otras instituciones financieras u otras categorías de instituciones financieras que son consideradas clave por el GAFI y que tienen peso en Uruguay, como el sector valores o seguros, o cambios, u otras empresas de intermediación financiera. El número de reportes del sector no financiero es muy bajo también. Esto evidencia que quizás la mayoría de las entidades, personas físicas o jurídicas que son sujetos obligados, no comprenden sus obligaciones o no comprenden sus riesgos. Sea lo uno o sea lo otro, es claro que no están implementando las medidas que les permitan detectar operaciones sospechosas. Claramente, hay que fortalecer el sistema preventivo. ¿Y qué vemos ahí? Que la Senaclaft, un organismo relativamente nuevo, no tiene los recursos humanos necesarios, porque todo su personal son funcionarios en comisión que no tienen estructura y no tienen a donde recurrir para tener la formación necesaria. Tienen que supervisar a miles de sujetos obligados, pero no tienen ni la estabilidad funcional, ni los recursos ni la formación necesaria que les permita hacerlo de una manera adecuada. Algo no demasiado distinto sucede en el sector financiero, controlado por la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF) y la Superintendencia de Servicios Financieros. Pero la propia UIAF, en su totalidad, para cumplir con las tareas de inteligencia financiera, inteligencia operativa, inteligencia estratégica y supervisión, tiene solo 15 funcionarios. Y la supervisión de los bancos, por ejemplo, que es el sector más expuesto, se realiza dentro del marco de la supervisión prudencial y no existen unidades especializadas en la temática antilavado, lo cual hace que se diluya. Para que te hagas una idea de la cantidad de funcionarios que tienen las unidades de inteligencia financiera: en Argentina tienen 150; en Bolivia, 200; en Chile, 80; en Ecuador, 103; en Paraguay, 80, y en Perú, 100. Mientras que en Uruguay son 15. Así no se puede hacer nada.