Licitación para tareas de seguridad en AFE fue impugnada y dividió al Tribunal de Cuentas

Celestir (SETO) es una empresa que participó de la licitación, en algún momento fue la recomendada por la comisión asesora del llamado, y ahora impugna la adjudicación: decidió presentar un recurso de revocación y jerárquico con efecto suspensivo contra la resolución que dispuso la contratación de Securitas. El efecto suspensivo del recurso ya fue rechazado por el Directorio del ente ferroviario el pasado 22 de noviembre de 2023.

El exvicepresidente del organismo, Gustavo Osta, aseguró que hubo “gastos excesivos en servicios de vigilancia y seguridad en AFE”, con “con US$ 25 millones gastados en 15 años”, para “cuidar un patrimonio que no se sabe cuál fue”. Esos datos surgían de una auditoría que se realizó en el organismo, y abarcaban números desde 2004 a 2017.

Una nota publicada por El País el 26 de mayo de 2023 describe la situación, según la visión del exjerarca. La licitación de 2021 para la renovación de servicios de seguridad terminó suspendiéndose porque el Tribunal de Cuentas observó que el llamado no había sido publicado en el Diario Oficial. A raíz de la situación, una investigación interna derivó en que el directorio de la empresa denunciara penalmente al funcionario encargado de la sección de seguridad y vigilancia, porque, según Osta, “vulneró el principio de paridad en la presentación de las ofertas por la forma en que se comunicó con los proveedores”. El funcionario fue apartado del cargo.

El exvicepresidente de AFE sostenía, en aquella nota de El País, que, mientras el organismo gastó US$ 1,1 y US$ 1,3 millones, respectivamente, entre 2021 y 2022 el monto de los servicios había rondado los US$ 2 millones anuales.

Incluso, un informe de la Auditoría interna de la Nación realizado a la empresa pública y dado a conocer en agosto de 2023 sostenía que AFE tenía “debilidades en el proceso de contratación de las empresas de seguridad”, con un riesgo “alto”, así como también en la “gestión y control de la prestación del servicio de vigilancia”.

Celestir

La caída de la licitación de 2021 hizo que la empresa que había sido ganadora del llamado, Celestir, fuera contratada de forma directa, pero solo para los servicios de Montevideo.

En 2022 se llevó adelante una nueva licitación y Celestir también fue recomendada para su contratación por la comisión asesora el 10 de julio, por un importe anual de $ 35 millones de pesos y hasta tres años, lo que sumaría un total de $ 128 millones teniendo en cuenta el IVA.

Según consta en el expediente al que accedió Búsqueda, la comisión asesora había sugerido antes, en mayo, la contratación de Securitas. Sin embargo, luego entendió que esa oferta no cumplía “con los requisitos mínimos de los componentes previstos en forma expresa en el pliego y en su comunicado aclaratorio, por lo que su incumplimiento es causal de eliminación”, tras constatar que la empresa no adecuaba a las especificaciones requeridas en el llamado para las cámaras domo.

Como Securitas agregó en sus descargos una carta del fabricante de sus cámaras en la que asegura que cumple con los requerimientos, el directorio de AFE resolvió encargarle al estudio Delpiazzo Abogados una consulta jurídica para que este dirimiera si, a su juicio, “existe un apartamiento al pliego de condiciones” de esa oferta, según una carta que el estudio envió al directorio de AFE el 26 de julio de 2023.

El consultorio jurídico evaluó que la propuesta de Securitas no implicaba un “apartamiento ‘sustancial” del pliego de condiciones, por lo que su cuestionamiento no era “idóneo para descalificar la oferta”. Con ese informe entre sus considerandos, el directorio de AFE aprobó una resolución el 16 de agosto que incluye la contratación a Securitas, por un importe anual de $ 55.124.373.

Observaciones

Cuando la licitación llegó al Tribunal de Cuentas, fue observada de forma unánime. El 27 de setiembre, sus ministros entendieron que el artículo 24 del pliego de condiciones, en el que se especificaban los factores y subfactores de evaluación de las ofertas, no establecía “criterios objetivos” para determinar el puntaje de cada oferta y de esa manera “evitar la discrecionalidad”. Eso, señalaron, va en contra del artículo 48 del Tocaf.

AFE le pidió al Tribunal reconsiderar la observación. El asunto se abordó el 25 de octubre y esta vez desembocó en una decisión dividida. La observación se levantó, pero con el voto discorde de tres de los siete miembros del Tribunal.

El ente ferroviario había presentado, junto con su solicitud de reconsideración, un informe del estudio jurídico Delpiazzo. En ese texto se argumentaba que sí existía una fórmula de cálculo y un “método de asignación de puntaje”. Para sostener esa afirmación el informe cita y repasa algunas especificaciones sobre los factores y los subfactores a considerar y sostiene que cada uno tenía puntajes máximos.

Además, el informe argumenta: “Cuando el Tribunal alega en su resolución que el fundamento de su observación consiste en ‘evitar la discrecionalidad’, no tiene en cuenta que la discrecionalidad es legítima; ella no está prohibida por el Tocaf para procedimientos de contratación, siendo justamente inherente a la labor de la Comisión Asesora en oportunidad de dictaminar sobre la oferta más conveniente”.

Para la mayoría del Tribunal, los planteos expuestos por AFE fueron “de recibo”. Sin embargo, los tres representantes del Frente Amplio en el organismo –Diana Marcos, Miguel Aumento y Enrique Cabrera– dejaron constancia de su desacuerdo con la decisión de levantar la observación. Todos ellos consideraron que se mantenían las mismas objeciones por las que se había observado el gasto de forma unánime en primera instancia. Dos de ellos señalaron, además, que la decisión de levantar la observación era contradictoria con otras decisiones del Tribunal.

“En esta misma sesión se han observado gastos cuyos pliegos contenían un margen de discrecionalidad (...) claramente menor al caso que nos ocupa”, afirmó Aumento.

Recurso

El 17 de noviembre, Celestir dio un paso más y presentó un recurso de revocación y jerárquico respecto a la resolución de AFE, con efecto suspensivo de la adjudicación de la licitación.

En el recurso, la empresa sostiene haber presentado no solo la “mejor” propuesta, sino la “única” en “cumplir con todos los aspectos técnicos del pliego de condiciones”, a la vez que considera que la adjudicataria, Securitas, debió ser “descalificada”, por “múltiples incumplimientos del pliego”.

Además de hacer una crítica a la participación del Estudio Delpiazzo en el proceso –que actúa como “sustento no solo de la resolución atacada, sino también del levantamiento de las observaciones del Tribunal de Cuentas”–, el recurso cuestiona el precio por el que terminó contratándose a Securitas y también el puntaje otorgado a Celestir en la licitación. En el texto la empresa subraya que el precio de la ganadora está $ 37 millones por encima del ofrecido por ellos. Sobre los puntajes –49 en 100 para Celestir y 98 en 100 para Securitas– sostienen que existió arbitrariedad a la hora de determinar las calificaciones. Finalmente, añaden que no se tomó en cuenta el certificado de Pymes con el que contaba Celestir y que implica, a la hora de considerar las ofertas, una baja de 4% respecto a sus competidores.

“Es, por tanto, el factor económico el que debió desvelar al Directorio de AFE, quien en los últimos tiempos se ha mostrado preocupado por los gastos en seguridad de la anterior administración, lo que diera lugar incluso a denuncias”, dice el recurso de revocación presentado por la empresa. Más adelante insiste: “Llama la atención que no solo se pronunciara a favor de una propuesta notoriamente más cara (...), sino que debió hacer toda una operación de análisis dirigida, en principio, a rescatar de la descalificación a la empresa finalmente adjudicataria, es decir la más onerosa”, sostiene el recurso, en referencia a la participación del Estudio Delpiazzo en la licitación.

Luego de que el 22 de noviembre AFE resolviera no dar lugar al efecto suspensivo del recurso de revocación, la empresa insistió en congelar la licitación, esta vez mediante un recurso de amparo presentado el jueves 27 de diciembre, para “suspender un acto administrativo manifiestamente ilegítimo”.

“Para poder lograr tal adjudicación (a Securitas), el empeño del directorio fue mayúsculo. Contrata a un estudio jurídico externo, un informe que determinara si esa empresa -no todas las que habían sido descalificadas por razones similares durante el proceso licitatorio-, había sido descartada de modo correcto”, dice el recurso. Luego sostiene que una vez “superado el escollo” y ante las observaciones del Tribunal de Cuentas, “se recurrió al mentado estudio externo, cuando el ente cuenta con un departamento jurídico”.

El lunes 8, directivos de Celestir declararon ante un juzgado competente en la materia, y mañana lo harán los ministros frenteamplistas del Tribunal de Cuentas, en calidad de “testigos”, para fundamentar su voto discorde.

Unánime

Los recursos, las impugnaciones, observaciones y los distintos movimientos que suscitó la licitación no se vieron reflejados en la interna del Directorio de AFE. Pese a la opinión de la comisión asesora y la observación del Tribunal de Cuentas, fuentes del organismo indicaron a Búsqueda que los tres directores estuvieron alineados en que la oferta de Securitas era la más conveniente. Incluso, el representante de la oposición, Williams Kelland, argumentó en las reuniones a favor de esa opción.

Securitas asumirá, a partir del 22 de enero, las tareas de seguridad. En este momento está en un período de transición e incorporará a parte de los trabajadores que hoy cumplen esa tarea a través de otras empresas proveedoras.