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Los últimos planteamientos públicos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empiezan a ser realmente preocupantes. En particular, uno de los últimos: aquel tuit en el que, enfrentado a la posibilidad de ser imputado por el Congreso debido a su oscuro relacionamiento con Rusia, dijo: “Todos están de acuerdo con que el presidente de los Estados Unidos tiene poderes completos para perdonar”. Esto es, para perdonarse a sí mismo.
Los lectores pueden legítimamente preguntarse por qué Búsqueda se ocupa de algo tan ajeno a nuestras inquietudes diarias. Ocurre que el señor Trump es el presidente de la principal superpotencia del mundo. Y es el presidente de un país que ha marcado rumbos para todas las democracias en cuanto a libertad de expresión, separación de poderes y recuerdo permanente de que los ciudadanos son, siempre, los que tienen la última palabra.
Da la impresión de que Trump no hubiera nacido en Estados Unidos. O, peor, que tiene una idea sobre la república y sobre la democracia diferente a la que plasmaron todos sus antecesores, incluyendo, por supuesto, a los padres fundadores de esa nación, fervientes devotos de la democracia liberal y republicana.
¿Cómo es posible que un presidente de los Estados Unidos sea capaz de creer que puede perdonarse a sí mismo en caso de que le vaya mal si la Justicia o el Congreso decide investigarlo? Es necesaria hacerse esta pregunta porque si Washington cae en esto, ¿qué puede esperarse de los demás?
El martes 25, la revista The Economist manifestó esta misma preocupación. Recordó que la Constitución de Estados Unidos, en el artículo II de la sección 2, prevé que los presidentes tengan el poder de perdonar en caso de delitos contra el país, “excepto en casos de impeachment”.
O sea, un presidente no puede parar al Congreso si este quiere enjuiciarlo.
En el pasado, el presidente Richard Nixon —en medio del escándalo del Watergate— consultó a sus abogados sobre la posibilidad de un “autoperdón”. Pero Mary Lawton, entonces asistente del fiscal general, escribió en 1974: “Bajo la regla fundamental de que nadie puede ser juez de sí mismo, el presidente no puede perdonarse a sí mismo”.
The Economist recordó que los orígenes de esta obviedad se remontan al siglo XVII, cuando John Locke dijo que no es razonable para los hombres ser los jueces de sus propios casos, “porque el amor a sí mismos los prejuiciará a favor de ellos mismos y de sus amigos”. El resultado de una conducta de “autoperdón” sería “la confusión y el desorden”, añadió Locke. “Si un hombre es libre para ser juez de sí mismo, todos tienen el derecho de atrincherarse en la defensa de cualquier cosa que hagan, sin importar si los guía la razón, el error o la pasión”.
La excepción del impeachment, prevista en la Constitución, “no tendría sentido si el presidente pudiera perdonarse a sí mismo”, dicen Laurence Tribe, profesor en la Escuela de Derecho de Harvard, Richard Painter y Norm Eisen, quienes eran los zares de la ética para los expresidentes George W. Bush y Barack Obama.
“Hay un solo camino para que Trump pudiera escapar de su responsabilidad por cualquier delito que pueda haber cometido”, explica la revista inglesa. Bajo un proceso destacado en la 25ª enmienda, Trump podría temporalmente dejar la presidencia luego de anunciar que está incapacitado de ejecutar los poderes y deberes que tiene como gobernante. Entonces, Mike Pence, el vicepresidente, podría perdonarlo como presidente en funciones. Esto sería legal, pero la cantidad de acciones políticas necesarias para que eso ocurriera podría ser inmanejable.
El hecho mismo de que esto esté siendo discutido hoy en los Estados Unidos es lo que llama poderosamente la atención. En Uruguay, a ningún ciudadano común se le ocurre la mera posibilidad de ser juez de sí mismo. Ni siquiera fuera del nivel judicial: en la vida en sociedad, la norma decente es que otros juzguen lo que uno hace o dice, para bien o para mal.
Trump, se sabe, es un hombre muy especial. Pero no deja de asombrar su poderosa (y peligrosa) capacidad para hacer tambalear las raíces mismas de un sistema institucional que se ha mantenido incólume desde 1776.
