Los episodios por balas perdidas se repiten y nadie en el Estado los computa

Ni el Ministerio del Interior (MI) ni la Fiscalía General de la Nación llevan estadísticas en la materia. Javier Donnángelo, director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, aseguró que en esa división “no se cuenta” con información al respecto. La respuesta fue enviada este año a Búsqueda tras una solicitud de acceso a la información pública. Desde Fiscalía, en tanto, señalaron que no fue posible responder a la solicitud, ya que dicha información “no se encuentra estructurada en el sistema informático” del organismo, el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau). “En la actualidad el Sippau no distingue, a partir de variables estructuradas, a personas heridas y/o fallecidas por balas perdidas”, fue la respuesta también otorgada este año.

El Ministerio del Interior aguarda ahora que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) apruebe recomendaciones para proteger a los niños y adolescentes de las balaceras entre ambos grupos. El MI elaboró las directrices a partir de un documento creado en 2016 ante los ajustes de cuentas entre bandas de droga de Marconi y Casavalle. Frente al escenario de un tiroteo cercano a un centro educativo, estas directrices recomendaban ubicar a niños, niñas y adolescentes en los lugares del centro “menos expuestos a la calle, alejados de la puerta, poco expuestos por ventanas o con paredes fuertes”.

El año pasado, justamente en Marconi, balas perdidas asesinaron a Micaela Pereira, de 29 años, y Gabriel Melgarejo, de 25. Micaela iba hacia su trabajo y Gabriel volvía del almacén. Fueron las víctimas indirectas de un intercambio que mató a otras cuatro personas sí involucradas en el tráfico de drogas. A diferencia de las balas que surgen de disparos al aire —cuando se festejan cumpleaños, Navidades o cambios a de año, o cuando se quiere hacer una demostración de poder de fuego— en Uruguay los incidentes de este tipo se relacionan con disparos por enfrentamiento, con delincuentes que no miden la precisión y apuestan al efecto metralla, indicaron fuentes policiales. Esta causa es principalmente preponderante desde 2018.

En Uruguay las notas periodísticas de estas situaciones se remontan a 2012 e incluyen casos como el de una niña de un año de edad que en 2021 fue herida en un brazo por un choque de bandas sucedido en Unidad Casavalle. Fuentes policiales dijeron que el relevamiento informativo es insuficiente para dar cuenta del fenómeno porque no en todos los casos el episodio es denunciado.

De todos modos, los medios de comunicación son la base para el único documento oficial en la materia, de índole internacional y producido por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec). Especializado en el desarme, esta agencia de las Naciones Unidas realizó un análisis mediático de casos de balas perdidas en América Latina y el Caribe entre 2014 y 2015. En Uruguay fueron seis casos, lejos de los más de 100 al año acontecidos en Brasil, Colombia y México. Uno ocurrió el 3 de noviembre de 2015: “En Montevideo un niño de tres años fue herido por una bala perdida, cuya procedencia no se ha determinado, cuando salía de su casa y jugaba con hormigas en compañía de su abuela”, afirma el estudio, tomando como fuente al diario El Telégrafo.

A modo general, Unlirec concluye que las balas perdidas son “consecuencia de la proliferación de armas pequeñas y municiones, en combinación con una serie de factores institucionales, sociales y variables económicas, lo que ha llevado a niveles inaceptables de violencia armada en todo el mundo”.

Aunque la situación se volvió estable, por el momento continuará sin medirse desde el Estado. El Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad está encargado de producir las estadísticas criminales oficiales en Uruguay y realiza un análisis individual de los hechos registrados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. El Sippau de la Fiscalía General de la Nación permite que los fiscales sean notificados en tiempo real sobre la ocurrencia de delitos y puedan sugerir cambios en los títulos con los que se clasifican los hechos policiales. También se basa en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.

Entre las causas de los homicidios están narcotráfico, venganza y represalias, violación, abuso de funciones, celos y apropiación sexual, defensa de terceros, delincuente abatido por particular, discusiones por dinero, maltrato infantil, prostitución, rapiña/hurto/copamiento, rivalidad sentimental, otras disputas, otras razones —las circunstancias son claras pero no encajan en otras categorías— y motivo no aclarado, que es cuando no existe información suficiente para definir el móvil.

La categoría con mayor frecuencia para homicidios (34,1%) es la que no cuenta con información sobre el motivo, sostiene un estudio presentado en junio por los académicos Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges, que analiza los homicidios en Uruguay de 2012 a 2022. Luego, las discusiones (16,3%) y la venganza y las represalias (13,6%) son los motivos de homicidio más frecuentes en Uruguay. Además, el porcentaje de homicidios por tipo de arma refleja “que las armas de fuego son el instrumento por excelencia en los homicidios cometidos en territorio uruguayo”, representando el 63% de los casos.

Más allá de Interior y Fiscalía, otro tipo de registro para los asesinatos son los certificados de defunción elaborados por profesionales de la salud que indican la causa de muerte de una persona. Pero, de acuerdo al informe de Rojido, Cano y Borges, los certificados de defunción no recopilan datos sobre el agresor y suelen dar escasos datos sobre las circunstancias del hecho. Búsqueda también realizó a ASSE una solicitud de acceso a la información pública sobre episodios de balas perdidas, pero nunca fue contestada.