La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental aplica “exigencias sin fundamento conocido”, dijo Rubio
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa implementación de un plan de desarrollo estratégico del riego en el sector agropecuario, que pueda ser impulsado por el Estado y actores privados, quedará postergado para los próximos años. Bajo la apremiante emergencia hídrica provocada por la sequía, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encargó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la elaboración de una política integral del riego con lineamientos estratégicos, que comprendan medidas a mediano y largo plazo.
“El segundo piso (para una mayor producción del agro) solamente vendrá si damos un salto de productividad en base a tener más área regada. Tenemos agua, pero tenemos que tener sistema y la obra pública sería muy importante”, dijo a Agro de Búsqueda el ministro de Ganadería, Fernando Mattos.
Señaló que para eso tiene “encomendado por el propio presidente la realización de un plan estratégico de gestión del agua, para proponerle y dejarle pronto al próximo gobierno”.
El plan “requerirá financiación internacional”, afirmó y consideró oportuno “instalar este tema ahora que estamos saliendo de la sequía y que en la sociedad percibe un nivel alto de vulnerabilidad, no solo para los sistemas productivos sino también en el agua para abastecer a Montevideo”.
“De sequía venimos hablando hace años, pero nunca se generó tanta sensibilidad como cuando se le dijo a la ciudadanía que quedaba agua para 20 días”, sostuvo. Y argumentó: “ahí se encendieron todas las alarmas y la gente se preocupó, aprovechemos esta circunstancia para decir que tenemos una vulnerabilidad y tenemos que cambiar”.
En el sector agrícola hay dudas respecto a que se llegue a elaborar un plan de riego oficial, e incluso hay una visión crítica respecto a la falta de acciones concretas de la actual administración para impulsar el desarrollo de sistemas y obras de riego en la producción, así como a los requisitos legales y burocráticos vinculados con el ambiente y la instalación de infraestructura para regar.
En esa línea se manifestó el integrante de la asociación Regadores Unidos de Uruguay (RUU), Daniel Rubio, a título personal, al ser consultado por Agro de Búsqueda.Hay “abundante evidencia científica que demuestra que el riego y el drenaje asociado constituyen un refuerzo relevante a la política de manejo sustentable del suelo y del ambiente”, dijo.
En este marco, “la introducción del riego tiene consecuencias directas sobre la producción de materia seca por hectárea y en la incorporación de materia orgánica en el suelo, contribuyendo a disminuir su pérdida en forma de erosión, cuando se acompañe del empleo de buenas prácticas de manejo”, afirmó. Y planteó que “el criterio rector debe ser llevar adelante proyectos con buenos lineamientos ambientales y no que los lineamientos ambientales dirijan los proyectos”.
Con relación al caudal ambiental mínimo (demanda ambiental) a exigir en la construcción de las represas, dijo que “es algo muy complejo de definir y no hay consenso en la materia, ni en la metodología a ser usada”. Y advirtió que “lo preocupante es que mientras tanto, la Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) aplica exigencias sin fundamento conocido, como la obligatoriedad de mantener caudales superiores al natural en cuencas inferiores a las 1.200 hectáreas”.
Rubio también cuestionó la decisión del gobierno del destinar US$ 30 millones para la obra de trasvase de agua realizada en el río San José en el marco de la emergencia hídrica.
“Hay un importante costo hundido que quizá nunca se tenga que utilizar y que representa una muy buena oportunidad para generar una cuenca de riego de 25.000 hectáreas, mayormente integrada por pequeños y medianos productores, sobre cuya actividad se genera un fuerte impacto y son quienes más necesitan defenderse de las sequías y pasar de economías de subsistencia a economías de mercado”, comparó.
Advirtió que la ley 19.553 de promoción del riego agropecuario, aprobada en 2017, es una herramienta “muy importante” para el desarrollo de esta tecnología y “ahí hay otra falencia del MGAP que no promovió la reglamentación” de esa norma legal.
El Banco República, con fuentes de financiación, y la UTE han estado más activos que el MGAP en generar acciones de implementación de obras de riego en los campos agropecuarios, comparó.
El riego tiene la capacidad de “mover la aguja de la producción como ninguna otra actividad, considerando que el agro es el responsable del 70% de las exportaciones de Uruguay, valoró. Y se apoyó en un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres), que demuestra el efecto multiplicador directo e inducido que tendría una política de expansión del riego en la economía local. Regar unas 300.000 hectáreas de cultivos agrícolas y otras tantas de cultivos forrajeros permitiría un crecimiento de 4,8% del Producto Bruto Interno.
La inversión necesaria total para la instalación de los sistemas de riego sería de unos US$ 1.800 millones, con un impacto en la economía superior a los US$ 7.500 millones a lo largo de ocho años, sostiene. El estudio asegura que se lograría un “aumento progresivo de la actividad —a partir del incremento en las exportaciones y una mayor inversión—, que alcanzaría en 2030 una magnitud cercana a los US$ 3.900 millones.
Rubio también mencionó algunos datos sobre la importancia del riego en la producción mundial. El 16% del área agrícola está regada, unos 325 millones hectáreas, donde se produce el 40% de los alimentos.
Los países con mayor superficie agrícola bajo riego son: India, con 57 millones de hectáreas; China, con 54 millones de hectáreas; y Estados Unidos, con 22 millones de hectáreas.
“Nuestro enfoque no es a la defensiva, para protegerte de la seca, sino que es más ofensivo, a jugar al ataque”, enfatizó Rubio. Y reafirmó que “el ministerio que debería liderar esto es el MGAP, pero está en default”.
Debido al impacto negativo de la reciente sequía en los cultivos de verano, el rendimiento de maíz bajo riego disminuyó 10%, considerando que el área de riego se divide entre sistemas fijos que riegan un cultivo por año, y los pivotes móviles que riegan maíz y luego soja. Por eso “la relación maíz-soja tiende a emparejarse; en la pasada zafra el área de maíz bajo riego fue de 18.000 hectáreas y de soja fueron unas 20.000 hectáreas.
“Los sistemas bajo riego son bastante particulares” y representan unas “35.000 hectáreas”, siendo un “3% del área total” de cultivos agrícolas, es “poco”, consideró el asesor de esa organización, Santiago Arana, en la conferencia “Riego, la tecnología para cambiar la matriz productiva del Uruguay”. De todas maneras los rendimientos muestran “incrementos de 200% respecto al maíz de secano”, y en años como el afectado por la sequía esa diferencia “puede multiplicarse por cuatro”, destacó el técnico.
Los rindes de maíz bajo riego “solamente bajaron un 10%” en ese contexto, alcanzando un promedio de 11.500 kilos por hectárea (kg/ha), que fue “el más bajo de los últimos siete años”; mientras que los de secano se “derrumbaron” a 1.450 kg/ha, comparó.
Arana indicó que “el 10% de las chacras de maíz bajo riego que más rinden está en unos 14.000 kg/ha”, y hay chacras “puntuales” que llegan a unos 18.000 kg/ha. El maíz bajo riego registra un “punto de equilibrio” que depende de ciertos factores vinculados al manejo particular que impactan en el costo y también a las diferencias en su cálculo, pero se puede estimar en unos “6.000 kg/ha”, estimó.