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En línea con una condena judicial por un “delito continuado de concusión”, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso el cese con la pérdida total de haberes por tres años, hasta el 7 de octubre de 2022, de la funcionaria de iniciales M.N.F., según una resolución de esa Secretaría de Estado fechada el 14 de octubre.
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Esa determinación resultó atendiendo a la sentencia de fecha 8 de octubre del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno, que estableció para la funcionaria la pena de 24 meses de prisión, multa de 300 unidades reajustables (unos US$ 10.000), la inhabilitación por tres años y la suspensión de los derechos políticos y accesorias legales correspondientes (Búsqueda Nº 2.041).
La cesantía es sin perjuicio de continuar con los procedimientos administrativos a los efectos de aplicar la sanción que corresponda, según el MGAP.
Por este caso, esa cartera de Estado inició una investigación administrativa en mayo que está terminando por estos días y ahora que la Justicia dictaminó el procesamiento de la funcionaria pasará a desarrollar un sumario, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
Comentaron que de acuerdo a la normativa legal vigente, el caso puede llegar a la destitución de la empleada, considerando que la legislación establece que esa medida puede aplicarse si se comprobara un delito, omisión o ineptitud.
A nivel judicial el caso todavía no terminó, por lo que otros funcionarios podrían ser sancionados, advirtieron los informantes.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos llegó a un acuerdo con la imputada —que asumió su responsabilidad—, por el cual determinó que la pena de prisión será sustituida por seis meses de prisión domiciliaria, con habilitación para salidas laborales, y 18 meses en régimen de libertad vigilada.
Más casos
Otro caso de irregularidad detectada en el MGAP este año comprende a funcionarios de la Dirección de la Granja, donde se iniciaron los sumarios correspondientes y los diferentes avances son comunicados al fiscal.
El proceso administrativo iniciado en esa dependencia ministerial se encuentra en la “etapa final”, indicaron las fuentes.
Contaron que el caso se inició a partir de ciertos “movimientos en las cuentas bancarias” de fondos que salían del MGAP e iban a otras cuentas que no correspondían, lo que llamó la atención de algunos jerarcas.
Respecto a la eventual destitución de funcionarios involucrados en casos de irregularidades, las fuentes señalaron que una vez concluidos los sumarios el MGAP comunica su decisión a la Comisión de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que se expide sobre el asunto, y la decisión final es del Parlamento.
“Estamos tramitando todas las denuncias de acoso, sea laboral o sexual, y se hace la investigación administrativa”. Eso fue lo que aseguró a Búsqueda un jerarca de esa cartera de Estado al ser consultado sobre una reciente denuncia de acoso sexual en la Justicia contra un funcionario de Barreras Sanitarias que cumple funciones en el puerto de Montevideo.
Actualmente hay una “mayor sensibilidad” por algunos temas, como los diferentes tipos de “acosos”, en comparación a lo que ocurría antes cuando “era más difícil” por el tema de “obtener las pruebas”, dijo.
En agosto de este año un funcionario de Barreras Sanitarias del MGAP fue procesado con prisión por la Justicia en Río Branco por un delito de asociación para delinquir agravada por ser un delito de contrabando en el marco de un operativo denominado Aquiles II.
