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El Ministerio del Interior se encuentra “revisando los procedimientos y evaluando los mecanismos de acceso” al sistema Guardián, dijeron fuentes policiales a Búsqueda. Se trata de controles que ya se han hecho en el pasado y están programados para hacerse también en el futuro, añadieron los informantes, e implican entre otros elementos analizar “la utilización de las claves” que manejan los policías autorizados a ingresar a la plataforma.
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El lunes 23 el ministro Luis Alberto Heber relevó a la directora de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, Mariana Moura. En su lugar asumió transitoriamente como encargado Álvaro Trinidad. La salida de Moura se produce luego de que un subcomisario y un oficial principal, dependientes de la Dirección General de Información e Inteligencia de la Policía, accedieran irregularmente al Guardián con la intención de obtener datos referentes a la Operación Navarino, que investiga el asesinato de la madre de Heber en 1978. Moura había dispuesto la instrucción de un sumario administrativo a ambos.
Heber concurrió esta semana al Parlamento tras solicitar ser recibido para dar explicaciones sobre otra actuación ilegal de policías en sistemas informáticos, en este caso relacionada al exsenador Gustavo Penadés. El exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, Carlos Taroco, fue imputado por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelaciones secretas tras ordenar a subalternos que ingresen al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para obtener los nombres y otros datos personales de los denunciantes de Penadés. La situación provocó el pedido de renuncia de Heber por parte del Frente Amplio.
“¿Soy responsable de los delitos? Yo no puedo ser responsable de lo que no conozco, yo no puedo prever que los policías cometan delitos. Pero sí puedo actuar. Y actuamos. Por acción de la propia Policía, de la Dirección de Asuntos Internos, hemos tenido desde marzo hasta ahora lamentablemente un récord: 1205 cesantías en el Ministerio del Interior; por distintos temas que no son delitos, pero fueron cesados. Y hemos tenido 422 denuncias penales contra policías. ¡422! De los cuales 36 son oficiales de rango superior que fueron destituidos y denunciados en la órbita penal porque cometieron un delito”.
Heber destacó la tarea del abogado Héctor Martínez Amestoy, nombrado en noviembre de 2020 por Jorge Larrañaga como director de Asuntos Internos. Afirmó que, previo a la llegada de Martínez Amestoy, una auditoria de marzo de 2020 arrojó que había en Asuntos Internos 20.000 expedientes sin investigarse. “Eso sí me parece omisión. Hoy se resolvieron 18.000, no hay ningún expediente paralizado”, dijo.
Garantía.
El Guardián, una plataforma de la empresa brasileña Dígitro, es empleado por la Policía en su versión más amplia y original para interceptar llamadas telefónicas. La plataforma y su protocolo son auditados de forma trimestral. Básicamente, la unidad policial encargada de una investigación solicita al fiscal del caso la interceptación de una o más líneas. El fiscal evalúa el pedido y si determina que existe mérito lo eleva a un juez. El juez es quien toma la decisión final antes de ordenar al área legal de la operadora telefónica correspondiente que se intercepte la línea.
El año pasado el uso del sistema quedó en cuestionamiento durante la investigación al custodio presidencial Alejandro Astesiano. En abril de este año, Subrayado informó que el excoordinador de la Jefatura de Policía de Artigas fue imputado por abuso de funciones en un caso de homicidio de 2019 en el que accedió al sistema de escuchas. La investigación fiscal giró en torno a la utilización que hizo del Guardián. En rueda de prensa, Heber defendió entonces al sistema. “La información que se obtiene del Guardián es de estricta reserva. Este policía subió a un grupo de WhatsApp información reservada. Entonces, el Guardián actuó bien. No se puede cuestionar al Guardián, actúa en función de una orden judicial. Después, cómo se maneja esa información es lo incorrecto”, explicó.