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Irregularidades en la Policía: más de 300 oficiales fueron procesados y 10 jerarcas abandonaron su cargo desde marzo de 2020
Homicidio, hurto, contrabando y violación son algunos de los 55 delitos cometidos por policías
Carlos Taroco, exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, conducido desde la Fiscalía General de la Nación hasta el juzgado de Juan Carlos Gómez . Foto: Mauri
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Heber y la comitiva de Interior se presentarán en el Poder Legislativo con un discurso establecido: la Policía Nacional es una institución profesional y disciplinada que se ve afectada por conductas aisladas entre sus 33.000 integrantes. “Que quede claro: no hay dos Policías. La Policía es la que actúa bien y descubre a los funcionarios que actúan mal. La Policía está actuando tan bien que descubre a los policías que están actuando mal. Somos nosotros mismos los que depuramos”, afirmó Heber el miércoles 11 en conferencia de prensa.
Desde marzo de 2020 a diciembre de 2022 hubo 346 policías procesados por la Justicia, según una solicitud de acceso a la información pública realizada por Búsqueda ante el Ministerio del Interior. Los datos no incluyen los procesamientos de 2023.
Con 154 agentes y 92 cabos, la gran mayoría de los procesados son efectivos de los escalafones más bajos del personal subalterno de la Policía. Pero también hay personal superior: 16 oficiales ayudantes, 15 suboficiales mayores, cuatro comisarios mayores y tres comisarios. El resto son miembros de la Guardia Republicana, oficiales principales, sargentos, alféreces, bomberos y operadores penitenciarios.
Fueron imputados por un total de 55 delitos, entre los que se encuentran abigeato, abuso sexual, amenazas, contrabando, encubrimiento, extorsión, homicidio, hurto, lesiones gravísimas, violación y violencia doméstica. Otro de los delitos es la utilización indebida de información privilegiada, por el cual son investigados los policías que accedieron al SGSP para obtener información sobre las víctimas que denunciaron a Penadés. Esta situación produjo la imputación de Carlos Taroco, quien la semana pasada fue removido en su puesto de director de la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez.
Además, el viernes 13 la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional instruyó un sumario administrativo a un subcomisario y a un oficial principal por una conducta similar: ingresar de manera irregular al Guardián, la plataforma de interceptaciones telefónicas. Según informó la Radio M24, ambos buscaron contenido relacionado al asesinato en 1978 de Cecilia Fontana, la madre del ministro Heber, un hecho retomado en los últimos días por la Justicia.
Según señalaron fuentes del oficialismo, en el Parlamento Heber defenderá el “comportamiento policial” y el “buen funcionamiento”, las actualizaciones tecnológicas y las auditorías, tanto del SGSP como del Guardián, en una postura parecida a la que tuvo en noviembre del año pasado cuando acudió a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores. En aquel momento ambas herramientas quedaron bajo sospecha por el posible uso que le dieron policías vinculados al custodio presidencial Alejandro Astesiano.
Más allá de los 346 policías procesados entre 2020 y 2022, hay un grupo de jerarcas que durante el actual período de gobierno dejaron sus cargos en medio de polémicas o investigaciones respecto a su actuación. Entre ellos está el imputado Taroco, quien se puso al frente de la cárcel de Santiago Vázquez el año pasado para reemplazar a Anthony Vallejo, cesado por construir un parrillero para su casa en el polo industrial de la prisión, según informó Radio Sarandí.
Las salidas también se dieron en las jefaturas departamentales. En mayo renunció Jorge García Montejo como jefe de Policía de Rocha. Lo hizo por “motivos personales”, aunque fue otro de los jerarcas que mantuvo conversaciones y envió información policial a Astesiano. El año pasado fue destituido el jefe de Treinta y Tres Gustavo Silveira, investigado por omisión ante una denuncia. Además, fue condenado por abuso de funciones y revelación de secreto José Adán Olivera, quien había renunciado meses antes como jefe de Cerro Largo.
En 2021 quien decidió voluntariamente abandonar el puesto fue Martín Botto, investigado como jefe de Río Negro por incumplir el protocolo correspondiente tras una denuncia de abuso sexual. Por su parte, Fernando Pereira fue condenado a prisión por abuso de funciones mientras era coordinador de la Jefatura de Maldonado. En 2020 el primer jerarca en renunciar fue el jefe de Flores Juan Ángel Fontes, indagado por abuso de funciones en la investigación de un homicidio.
