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Montecon hará denuncia ante Comisión de Competencia por el acuerdo del gobierno con Katoen Natie, que según economistas frenteamplistas crea un “monopolio privado sin regulación” en el puerto
Desde que el gobierno anunció el acuerdo con la multinacional Katoen Natie para extender la concesión a la empresa que administra la terminal de contenedores (Terminal Cuenca del Plata, TCP) en el puerto de Montevideo, los argumentos a favor y en contra de parte de otros actores vinculados al comercio exterior y del sistema político han girado en torno al posicionamiento estratégico en la región y los efectos sobre la competitividad.
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En paralelo a ese debate Montecon, que opera contenedores en los muelles públicos, presentará “lo antes posible” una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, adelantaron a Búsqueda fuentes de la compañía. La empresa entiende que el acuerdo de extensión de la concesión y dos decretos vinculados aprobados en abril —que establecen un nuevo régimen de gestión de TCP y un reglamento de atraques de buques— son violatorias de la Ley 18.159 que protege la libre competencia. Montecon ya impugnó ambos decretos semanas atrás (Búsqueda Nº 2.122).
La extensión de la concesión por 50 años (lo que llevará el contrato hasta el 2081) y las nuevas disposiciones de operación en el puerto genera controversias entre economistas vinculados a la política.
Una consultoría de CPA/Ferrere contratada por Katoen Natie —accionista principal de TCP— señaló que la prórroga de la concesión “implica sacrificar la competencia” puertas adentro de la terminal en el corto y mediano plazo, pero a la larga podría mejorar la competitividad interportuaria a partir de las inversiones comprometidas por el concesionario (Búsqueda Nº 2.120). Además, señaló que el acuerdo facilita a TCP a aprovechar las economías de escala, aumentando el volumen de operaciones y reduciendo el costo unitario, por lo que podría llegar a bajar sus tarifas a los exportadores en entre 24% y 57%.
Ese análisis es objetado por los economistas Martín Vallcorba y Jorge Polgar, quienes ocuparon cargos en los gobiernos del Frente Amplio y actualmente asesoran al senador de ese partido Mario Bergara. El martes 25, en Radio Carve dijeron que el acuerdo con Katoen Natie es “una mala noticia” para el puerto porque supone “entregar la operativa (de contenedores) a un monopolio”.
En un documento elaborado por ambos —al que accedió Búsqueda— Vallcorba y Polgar profundizan en su argumentación. Señalan que con el acuerdo en favor del grupo belga se “crea un monopolio privado sin regulación” y se “sacrifica cualquier posibilidad de promover una mayor competencia durante los próximos 60 años”. Además, aducen, no mejorará la “eficiencia global” del puerto de Montevideo, que tendrá subutilizada la infraestructura pública y cuya autoridad —la ANP— tendrá limitadas sus potestades regulatorias. Agregan que la rebaja de las tarifas prevista en el acuerdo solamente para el sector exportador es “insuficiente y frágil”, puesto que no previene que pueda ser compensada con el incremento de otras.
Los economistas frenteamplistas aseguran que el acuerdo con TCP “afectará de manera radical el funcionamiento” portuario y entienden que no mejorará la eficiencia, que afectará “negativamente la competitividad de la economía uruguaya y, con ello, la rentabilidad de las empresas, el empleo y el bienestar económico de los hogares”.
Los principales puertos del mundo y la región “no están en manos” monopólicas, situación que en los hechos se dará a partir del acuerdo con Katoen Natie, según Vallcorba y Polgar. Discrepan de la visión planteada por CPA/Ferrere en cuanto a que se trata de un “monopolio natural operando actualmente en un equilibrio ineficiente” por el hecho de haber capacidad ociosa. En ese sentido, sostienen que “es la propia realidad la que se encarga de desmentir” eso, en la medida que “existen grandes inversiones y dos empresas” que operan contenedores obteniendo una “elevada rentabilidad”. Enfatizan: “No es un monopolio natural y, sobre todo, no puede razonarse como si lo fuera”.
Para los asesores de Bergara el acuerdo con TCP “no aumenta la utilización de la capacidad total” del puerto de Montevideo, sino solo la que hoy tiene la terminal de contenedores “a costa de una menor utilización de los muelles públicos, porque se pasa la actividad de un lado para el otro”. Por eso, añaden, “no se puede afirmar” que “haya una ganancia de eficiencia global”.
También cuestionan que TCP, individualmente, vaya a lograr una “mejora de su eficiencia”.
“¿Cuál es entonces el incentivo de Katoen Natie para firmar el acuerdo? TCP aumentará sus ganancias a pesar de que no disminuirán sus costos medios: la fuente de sus mayores ganancias no será, pues, resultado del aumento de su eficiencia, sino de las rentas monopólicas obtenidas como consecuencia del mayor poder de mercado” asegurado por el gobierno a través del convenio, indican.
Tarifas
En cuanto a las tarifas, los economistas señalan que son “equivocados” los criterios con los que, según el análisis realizado por CPA/Ferrere, las empresas fijan sus precios.
“Más allá de la magnitud de la rebaja de tarifas comprometidas” en el acuerdo con el gobierno, la reducción es “claramente insuficiente también por su alcance limitado y por la forma en que se estipula, con resultados efectivos difíciles de controlar”, opinan Vallcorba y Polgar. Y alegan que la disminución alcanza “solo a siete de los 27 precios que hoy se cobran a exportadores e importadores” y que TCP “puede perforar el acuerdo, compensando las rebajas con subas en otros rubros” sin tener la “necesidad de contar con autorización de la autoridad portuaria (como sucedía hasta el momento)”.
