La denuncia principal apunta a la compra de la empresa de logística Granosur a un precio presuntamente “inflado”.
El relato incluido en uno de los escritos judiciales indica que mientras Sartori dirigía y tenía acciones de UAG, tuvo la idea en 2012 de que la empresa agropecuaria uruguaya, por entonces una de las principales del rubro, tuviera una “integración vertical”; es decir, que se dedicara también a servicios logísticos y de comercio exterior de su producción y de la de terceros.
Mientras en los registros comerciales de Montevideo personas vinculadas a UAG eran designadas en los directorios de sociedades anónimas que trabajaban en el sector transporte y acopio de productos agropecuarios, en abril de 2013 fue constituida en BVI Granosur Holding Limited.
“Desde su nacimiento Granosur operó desde las oficinas de UAG en Montevideo, a un costo mínimo o sin costo para Granosur. Sartori luego ordenó al CFO (Chief Financial Officer) a reducir los negocios de UAG con Cargill y contratar a Granosur para el almacenamiento y la logística de los productos de UAG”, relata la demanda. “En 2013 y 2014, durante todas las actividades, Sartori fue, directa o indirectamente, un beneficiario final de Granosur. Más aún, en aquel momento Sartori también sirvió como director de Granosur”.
El escrito sostiene que Sartori “dio otro paso en su plan de desviar capital de UAG para su beneficio personal a través de la adquisición por partes de Granosur a un valor groseramente inflado”. La compañía agropecuaria adquirió el 18% de las acciones de Granosur a un costo de US$ 4,5 millones, lo que implicaba que la empresa logística valía en total unos US$ 25 millones. De acuerdo con un reporte a los accionistas, entre ellos el demandante, la compra requirió “muy poco capital” porque Granosur había recibido préstamos de UAG durante su nacimiento. Esto “confirma que Sartori había usado los bienes de UAG para financiar la formación de Granosur y las primeras compras de infraestructura”, agrega la demanda.
La compra de Granosur por etapas siguió poco después. En mayo de 2014 UAG adquirió otro 33% a cambio de acciones valuadas en US$ 17 millones. “Este costo implicaba una valuación de Granosur, a mayo de 2014, de más de US$ 51 millones —más de dos veces la ya inflada valuación que fue la base de la adquisición inicial cinco meses antes”, dice otro escrito donde se describe la operativa.
UAG, con el voto del directorio, decidió comprar las restantes acciones de Granosur poco después. “La transacción Granosur formó parte de un esquema creado e implementado por Sartori en acuerdo con otros para robar valor de UAG. Al hacerlo, conspiraron juntos para causar pérdidas al reclamante mediante medios ilegales” y “con la intención de dañar a los accionistas que no tenían intereses en Granosur”, concluye uno de los documentos presentados por los abogados de Vinciguerra.
La compra de Granosur y las dudas que generaron entre accionistas y empleados de UAG había sido descrita por Búsqueda en un artículo publicado en setiembre del 2018 (Nº 1.998). Varios accionistas consultados para esa nota criticaron la gestión de Sartori al frente de UAG, una compañía agropecuaria que había sido la más grande de Uruguay pero que hasta entonces solo había dado pérdidas.
“Es un experto en corrupción Sartori. Aunque no es tan experto, porque, si fuera un gran experto, no estaríamos teniendo esta conversación”, dijo entonces Charles Brown, CEO de Lake House Group, un fondo privado que administra inversiones por US$ 15.000 millones. Y agregó: “Es un fraude”.
Vaciar la compañía
Los abogados y el representante de Vinciguerre no solo cuestionaron la compra de Granosur. También denunciaron la compensación por “despido” que se le otorgó a Sartori cuando fue removido de la presidencia de AIG Corp. (antes UAG Corp.).
De acuerdo con el relato, cuando el empresario uruguayo decidió probar suerte en la política local, planificó “su salida” de AIG Corp. Así, agrega un documento presentado en la Justicia, Sartori ideó un esquema para usar su control sobre AIG Corp. para acordar su propio despido por parte de la compañía.
Para recibir la compensación de más de US$ 3 millones, debía ser removido del cargo “sin causa”.
En abril de 2018 una mayoría de accionistas votó a favor de reemplazar a Sartori, que presidía la empresa, y a “varios de sus asociados”. El equipo de Vinciguerra sospecha que buena parte de los votos fueron de sociedades anónimas offshore que poseían acciones de AIG Corp. pero que, en los hechos, respondían o eran propiedad de Sartori. Los nuevos directores designados fueron dos personas vinculadas al uruguayo: Francisco Ortiz von Bismark y Francisco Gutiérrez. Días después de esa reunión de accionistas, los directores resolvieron que la compañía acordara con Sartori el pago de una compensación millonaria por su salida.
“Sartori, sus entidades asociadas y los directores nominados en 2018 actuaron en concierto como parte de un esquema mayor para quitar valor a UAG y permitir el pago a Sartori del cual no tenía derecho”, dice uno de los escritos. “Al hacerlo, juntos conspiraron para causarle una pérdida a la compañía equivalente al valor del pago”.
El francés también pidió a la Justicia de BVI que ordene a UAG Corp. o a las entidades asociadas a Sartori que le compren las acciones de la empresa agropecuaria a un valor que no tenga en cuenta la transacción de Granosur y el despido pagado al uruguayo. Además, reclama “daños por conspiración” a Sartori y sus “asociados” que habrían participado en los esquemas.
La empresa de Vinciguerra solicitó en junio además que un juez impida que el directorio de la compañía lleve adelante resoluciones adoptadas en una asamblea desarrollada en abril de 2021, en la cual se decidió, entre otras cosas, separar los negocios productivos de los logísticos. “Se está vaciando la compañía”, denunció.
“Sin la intervención de la corte, es muy probable que los asuntos de UAG continuarán siendo conducidos en una manera opresiva, injustamente perjudicial o discriminatoria”, dice uno de los documentos presentados.
Hervé Vinciguerra
“Reclamos frívolos”
El enfrentamiento llegó a la Justicia de Estados Unidos. A comienzos del 2021 y a través de su representante en el directorio de AIG Corp.(antes UAG Corp.), la empresa de Vinciguerra solicitó información sobre las transacciones cuestionadas, pero no la recibió, según su denuncia.
El 16 de agosto presentó un pedido en un tribunal de Florida para que le ordene a una institución financiera entregar información sobre empresas vinculadas a la compraventa de Granosur. Esos datos, de ser obtenidos, serán presentados en el caso de BVI.
El demandante busca obtener documentos de EFG, una institución bancaria internacional privada que opera con al menos 40 sucursales, incluyendo un hub en Miami. EFG recibió las acciones que dio UAG Corp. a cambio de la participación en Granosur, las que quedaron bajo custodia en la cuenta de TMX Group, una compañía de intercambio de valores canadiense. Los documentos “arrojarán más luz sobre los beneficiarios finales de entidades que vendieron las acciones de Granosur a una valuación inflada a la compañía”, dice la solicitud presentada en Estados Unidos. “En conexión con su acuerdo para actuar como sus custodios, EFG debería tener documentado quiénes son los beneficiarios finales” de las offshore que recibieron las acciones.
Los accionistas originales de Granosur eran varias offshore: Iron Capital, Saville Management Corp., Wealdstone Inc., Joyce Assets and Honeywell Corporation. Vinciguerra quiere obtener información en poder de EFG sobre esas y otras compañías. También busca que la justicia obligue a la institución financiera a entregar “todos los correos electrónicos y otra correspondencia enviada o recibida por Sartori u otro de los acusados concernientes a UAG, Granosur, Taskmasters, Union Group, Chameli, o cualquier otra compañía mencionada, incluyendo Joyce”.
AIG Corp. (antes UAG Corp.) se presentó en agosto ante la Justicia norteamericana para tener acceso e intentar incidir en el expediente. La compañía sostuvo en un escrito que “tiene una creencia bien fundada de que el denunciante no tiene un deseo honesto de litigar en BVI y que el caso en BVI sirve solo como una manera de justificar esta solicitud y desarrollar una expedición secreta para recolectar evidencia”.
Los representantes cuestionaron que Alix AM “ha intentado repetidamente incrementar sus acciones en AIG, pese a criticar a la compañía y realizar reclamos frívolos y sin fundamento” durante una asamblea de accionistas. “Estamos dolidos por la total falta de información, transparencia y honestidad por parte de Alix, la cual consideramos una ruptura de sus deberes fiduciarios como miembro de nuestro directorio”, dice un escrito presentado en setiembre. “Parece ser un intento de crear una suerte de presión legal sobre la compañía para incrementar su propia participación accionaria, cuando de hecho lo que está haciendo es multiplicar innecesariamente los gastos legales y erosionar los ingresos de la compañía para detrimento de sus accionistas”.
Un encuentro frustrado en París