Un ejemplo: si bien el caballo sigue siendo un medio de transporte muy valorado en el medio rural, el abaratamiento de las motos hizo que muchos trabajadores las prefieran para uso personal. El costo de mantenimiento es menor y, además, en muchos casos le permite ir a diario a sus casas en lugar de quedarse a dormir en los establecimientos, como ha sido tradicional.
Esta movilidad, si bien mejora la calidad de vida del trabajador rural, aún enfrenta dificultades, por ejemplo, cuando se producen lluvias y los caminos no dan paso.
Cambios para bien
Las cosas, dicen en el gobierno, han cambiado para bien. El subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, considera que desde 2005 hubo tres modificaciones significativas: la primera es la inclusión del sector rural en los Consejos de Salarios (hasta entonces por fuera, igual que el servicio doméstico), “algo que da a los trabajadores la posibilidad de una negociación colectiva, un carácter de ciudadanía y la posibilidad de libertades sindicales”; en segundo término, la limitación de la jornada laboral, que ya existía en algunos sectores como quintas, viñedos y arroceras, pero no en estancias ni en agricultura de secano (sin riego artificial); y por último, la explosión de los precios de los commodities, porque si al empresario le va mejor “necesita mejores puestos de trabajo”.
No obstante, Loustaunau dijo que hay algunas resistencias empresariales a cambios de esta naturaleza, en especial al norte del río Negro.
El abogado especializado en derecho agrario y productor ganadero Horacio de Brum recordó que en Uruguay hay cinco leyes especiales para los diferentes sectores del agro (montes, bosques y turberas; esquila; tambo; arroceras y quintas, y granjas y viñedos), además de las normas laborales generales que incluyen aguinaldo, licencia, salario vacacional y protección sobre acoso laboral y sexual.
Respecto a la limitación de la jornada laboral, De Brum, quien también es director de la Intendencia de Salto, dijo que se deben considerar las peculiaridades de cada sector como, por ejemplo, los factores estacionales y de la naturaleza o situaciones como la necesidad de sembrar en horas de la noche.
Estimó, como el ex catedrático Adolfo Gelsi Bidart, que el derecho agrario debe considerar al trabajador y a la familia, contemplando los derechos a la educación, la salud y la justicia, de más difícil acceso que en áreas urbanas.
Sobre las normas en materia forestal, De Brum dijo que la ley uruguaya es “muy buena” y, además, las grandes empresas extranjeras tienen protocolos más exigentes.
También opinó que “debe haber una limitación al derecho al ejercicio de la propiedad rural” porque “la tierra tiene un fin económico, ambiental y social”.
Una investigación realizada por el técnico Martín Buxedas, junto a Marcelo Perera y Marcela Barrios, recoge el dato de que en Uruguay se ha producido “una fuerte variación de la incidencia de la pobreza en un período corto” y, en especial, en zonas rurales, si se tiene en cuenta que entre 2006 y 2010 la pobreza general pasó de 34% a 19% (15 puntos porcentuales menos), mientras que en las zonas rurales se redujo 38 puntos porcentuales.
Cerro Largo, Paysandú, Tacuarembó y Artigas son los departamentos con un porcentaje mayor de personas pobres rurales (más de 30%), en contraposición a Colonia, San José, Flores, Soriano, Maldonado y Treinta y Tres, en los cuales es menor a 10%.
El domingo 15, al clausurar la Expo Prado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, reafirmó que “donde más ha disminuido la pobreza ha sido en las zonas rurales”.
“Hay que recorrer el Uruguay para darse cuenta de cómo cambió este país. Hay que recorrer los pueblos, las ciudades, las tornerías, los talleres, los fleteros. (...) ¿Qué fletean los 30.000 camiones que hay en este país?”, preguntó.
No obstante, Buxedas señala que, pese a los avances, aún existe un “notable atraso respecto a las zonas urbanas” que se está superando por vía de la legislación, el control del gobierno y el aumento de los salarios.
Personal se busca
Para el productor ganadero Ángel Urraburu, uno de los principales problemas actuales es la falta de personal. “Hay un cambio cultural que lleva a que el muchacho de un pueblo chico no esté orientado al campo sino a la ciudad”, explicó.
En el campo hay pleno empleo y aunque los salarios han aumentado y las condiciones de trabajo son mejores que antes de la crisis económico-financiera de 2002, “muchos jóvenes ya no quieren seguir el derrotero de sus antepasados y la oferta está debilitada ante una demanda creciente”, sostuvo este productor de San Gabriel (Florida) con 11 años de experiencia ganadera y décadas en el mercado de valores como corredor.
La demanda creciente de los productos agropecuarios y el ingreso de fondos internacionales, explicó Urraburu, ha determinado un aumento de la exigencia que deriva en tecnificación y su consiguiente capacitación. El empresario se lamentó de que a menudo no consigue ese tipo de mano de obra y debe conformarse con personas que “no tienen la capacidad aunque sí pretensiones importantes”.
Esta percepción sobre el mercado de trabajo rural es compartida por la abogada Fernanda Maldonado, delegada de la Federación Rural (FRU) en los Consejos de Salarios y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, quien destacó la falta de mano de obra capacitada.
Maldonado resaltó la existencia de cambios como la limitación de la jornada (discutido durante varios años y aprobado en 2008) así como el decreto 321 de 2009 sobre seguridad y salud, en el cual se llegó a un acuerdo.
Sin embargo, la asesora legal de la FRU resaltó como un dato negativo el hecho de que durante los últimos años la relación con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, se haya debilitado a tal punto que este se ha negado a recibirlos.
“No entendemos muy bien por qué no nos recibe” dijo Maldonado. Añadió que ese “ninguneo” coincide con “modificaciones en forma inconsulta”, como las que se realizaron respecto al trabajo de menores, despidos y desalojos rurales, así como el tono de una campaña oficial que dice: “Sus derechos laborales no son un paye, son ley”. Todo eso ha tensado las relaciones.
La representante de la gremial de productores sostuvo que estos han hecho esfuerzos para adaptarse a las nuevas realidades, que incluyen libertades y licencias sindicales. El relacionamiento entre empleadores rurales y trabajadores “es menos malo de lo que se cree”, advirtió.
Uno de los problemas nuevos que surgieron como consecuencia de las nuevas reglas de juego es qué hacer cuando termina una relación laboral en el campo. En la ciudad, cuando una empresa despide a un empleado por la razón que sea, la situación termina con una indemnización —si corresponde— o, en algunos casos, en un juicio laboral. Pero si un empleado rural es despedido y ocurre que vive en el lugar donde trabaja, a veces es necesario iniciar un procedimiento de desalojo que, en ocasiones, puede incluir al funcionario y a toda su familia.
Horas, sueldos e informalidad
Casi 9% de la población ocupada en el país trabaja en actividades primarias, una categoría dada por las estadísticas, donde el agro es la que sobresale.
La investigación “Panorama del trabajo decente”, presentado recientemente por el Ministerio del ramo, muestra que cerca de un tercio de los trabajadores de dichas actividades no tienen, cobertura de la seguridad social (empleo “en negro”).
Los asalariados del agro son los que más horas trabajan: el 31% tiene una dedicación superior a las 48 horas semanales y otro 11% excede las 60.
El ingreso medio mensual en los sectores primarios era de $ 14.913 en 2012, de acuerdo con dicho estudio (según datos del Banco de Previsión Social, los dependientes rurales formales ganaban unos $ 11.200). Eso es cerca del doble de la remuneración del servicio doméstico, pero está lejos de lo que cobran los trabajadores del área financiera, de los profesionales, y los que realizaban tareas de suministro de agua y saneamiento, por ejemplo (en todos los casos superan los $ 24.000).
Entre “campañas” oficiales y “listas negras” de sindicalistas
Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (Unatra) no tiene una visión muy optimista respecto a la actividad sindical en el campo. Por el contrario, este trabajador arrocero de Río Branco (Cerro Largo) dijo a Búsqueda que solo unos 5.000 de los alrededor de 150.000 empleados rurales están afiliados a una docena de sindicatos que integran la unión (que no incluye forestales). Agregó que en la mayoría de los establecimientos existen “listas negras” y “la persecución se enfoca en los delegados sindicales, buscando que migren del lugar”.
Un informe del MGAP difundido en 2004 indicaba que la mayor concentración de trabajadores corresponde al sector granjero, que ocupaba a 44.754 personas en forma permanente y a 5.242 zafrales, sobre todo en Montevideo y Canelones (64% del total).
Amaya dijo que “las gremiales negocian a nivel de los consejos”, pero luego “existe persecución” a pesar de que “el Ministerio de Trabajo ha tratado de dar todas las garantías. Pero eso no se puede lograr cuando no existen delegados a quienes recurrir en las empresas”.
El dirigente sindical señaló que en algunos sectores como los que involucran a productores de arroz, caña de azúcar y cítricos, en general los derechos de los trabajadores son más respetados.
“Todos los sectores son críticos y en todos hay listas negras. Eso crea dificultades, porque ‘el perro al que lo muerde una víbora, cuando ve un salame se asusta’”, precisó.
Sin embargo, Héctor Álvarez, integrante de la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), dijo que la ley de reducción de la jornada “se está aplicando, con todas las dificultades que ello puede traer, según la época del año”.
En cuanto a la negociación colectiva, Álvarez —un productor pecuario de Florida— opinó que se trata de algo “positivo”, aunque precisó que la posición de la gremial es insistir en que durante la negociación se acuerdan mínimos y que luego se pueden acordar mejores remuneraciones según la productividad.
Ese dirigente ruralista negó la existencia de “listas negras”, como afirmó Amaya. “No me consta y no he tenido ninguna noticia de nada en ese sentido”, dijo.
Agregó que la característica dispersión geográfica influye tanto en la negociación colectiva como en otros aspectos de las relaciones laborales en el sector.
Durante la Expo Prado que culminó el domingo 15, un pequeño grupo de militantes de la Unatra intentó ingresar al predio de la muestra rural para hacer campaña sobre lo que ellos consideran son malas condiciones laborales. Los organizadores de la Expo Prado se lo impidieron invocando su derecho de admisión.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió el martes 17 una declaración en la que criticó que se aplicara tal derecho de admisión por parte de ARU, y sostuvo que esa decisión supone “el reflejo más duro y puro de un proyecto de país que, contra los intereses de las grandes mayorías, pretende volver a fines de los 70”.
Pero Ruben Echeverría, presidente de la ARU, dijo durante el acto de clausura de la Expo Prado, que “las relaciones laborales en el campo son correctas y cordiales”. Y criticó las “campañas y comentarios oficiales que predisponen a la confrontación”.
El dirigente ruralista aseguró que su gremial “ayuda” al trabajador rural y a su familia “en su diario vivir, en sus derechos, en su formación y la de sus hijos, en su desarrollo económico y personal”.
“Conste que ‘esto no es paye’”, dijo en alusión a una reciente campaña publicitaria de organismos gubernamentales donde se señalaba que los derchos de los trabajadores rurales no son “un paye”.
Agro
2013-09-26T00:00:00
2013-09-26T00:00:00
